El presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú, Carlos Ravines Oblitas, anunció que acatarán el martes 29 de diciembre un paro agrario nacional.
“Actualmente la agricultura familiar y el sector hídrico se encuentran abandonados y el desinterés del Gobierno se hace notar cada día más. Mediante asamblea acordamos realizar un paro agrario preventivo por 24 horas el próximo martes 29. Hemos pedido a nuestras bases que acaten el paro de manera pacífica y guardando el distanciamiento social requerido”, precisó Ravines.
Recalcó que, en el Perú, la agricultura familiar aporta el 70% de los alimentos que se comercializa en el mercado interno y genera el 83% del empleo del sector agropecuario, empleando a más de dos millones de personas. Asimismo, aporta aproximadamente el 11% del PBI nacional.
El gerente de la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú, Cesar Guarniz Vigo, manifestó que “el desinterés estatal hacia el sector agrícola” se evidencia en la poca partida presupuestaria anual que destina el Gobierno al sector.
En ese sentido, indicó que los hombres del campo demandan que se destine anualmente no menos de 5% del total del presupuesto nacional.
La Junta de Usuarios recordó que, desde el año pasado, cuando se realizó el primer paro nacional agrario, el Gobierno se comprometió a modificar la Ley N° 30157, Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua, a la fecha existe un proyecto de ley N° 6444-2020-CR. Sin embargo, no se le da la prioridad que merece y la demanda sigue pendiente.
“Hemos pedido una reunión con el presidente, pero no hemos recibido respuesta. Brevemente nos reunimos con el ministro del sector quien nos dejó con el viceministro, pero no vemos un compromiso serio por parte de las autoridades. Pasaron 15 días de aquella reunión y no hay interés en atendernos”, comentó Guarniz.
Asimismo, demandan la reestructuración total de la Autoridad Nacional del Agua y que se realice la declaratoria de emergencia nacional por estrés hídrico, heladas y granizadas.
“La sequía constituye uno de los mayores desastres naturales de nuestro país, principalmente en el sector agrícola, pero sus consecuencias tienen repercusiones sociales, ocasiona pérdidas económicas en la población campesina, genera migración y pobreza”, indicó Guarniz.
Al respecto, Ravines Oblitas, añadió que el “calentamiento por gases de efecto invernadero (CO2) que provoca el cambio climático, constituye un fenómeno con el que debemos convivir y se debe introducir tecnologías que posibiliten la adaptación a esta situación que no sólo es recurrente, sino que cada vez se agrava más y sus consecuencias son funestas para las familias campesinas con menores recursos económicos”.
Ante dicho problema, la Junta Nacional de Usuarios pide el mejoramiento de condiciones en el Seguro Agrario Catastrófico y un presupuesto suficiente para un Plan de Contingencia Permanente.
Piden también se implemente un programa de formalización de los derechos de uso de agua a favor de los pequeños productores agropecuarios; y conformación de un consejo nacional para la revisión de los derechos de uso de agua otorgados a mineras y agroexportadoras, además la solución a la contaminación ambiental.
Guarniz advirtió que los Tratados de Libre Comercio (TLC) viene perjudicando a los pequeños agricultores por la ausencia de criterio en la implementación de aranceles y franjas de precio que protejan la producción agropecuaria nacional, solo en el Perú se retiraron de modo unilateral estas medidas permitidas en la OMC.
“Se rebajaron aranceles de muchos de los productos que se importan, algunos incluso con cero aranceles y con una casi nula franja de precios. No olvidemos que el Perú posee la más baja tasa promedio de aranceles, 2.2%”, complementó Ravines Oblitas.
En tanto, los dirigentes agrarios demandan se restablezca los niveles arancelarios y medidas de protección a la producción agropecuaria nacional (arroz, maíz amarillo duro, leche, algodón, papa, pequeños sembradores de caña de azúcar). [Fuente: RPP]