POR: JULIO FARFÁN VALVERDE (UDI – UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
Un caso que remeció la opinión pública y puso en cuestión el accionar del sistema de justicia en Moquegua ha generado finalmente una reacción institucional. Luego de varios días de difundidos los hechos, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público decidió intervenir en el caso del fiscal Dennys Rommell Tumba Barrera, tras la publicación realizada por la Unidad de Investigación del Diario Prensa Regional.
El escándalo se originó a partir de la intervención policial del mencionado fiscal provincial provisional de la Fiscalía Provincial Especializada en Delito de Lesiones y Agresiones contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Mariscal Nieto, quien habría sido sorprendido conduciendo un vehículo en presunto estado de ebriedad, protagonizando además un incidente de presunta resistencia a la autoridad en plena vía pública, en circunstancias que incluso habrían generado afectación a vehículos estacionados.
Como informó la UDI, el hecho se registró el lunes 20 de abril de 2026, en horas de la noche, en inmediaciones del colegio Ángela Barrios, ubicado en la céntrica calle Áncash del cercado de Moquegua, donde agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron al referido magistrado.
INTERVIENE LA ANC CON APOYO DE DIRCOCOR
Este viernes, el fiscal Carlos Puma Corizaza, fiscal adjunto superior de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, acudió a la zona de intervención acompañado por personal de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional del Perú.
La diligencia se realizó en las inmediaciones de la calle Áncash, lugar donde ocurrió la intervención policial del fiscal Tumba Barrera, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad al momento de conducir una unidad vehicular.
Durante su presencia en el lugar, Puma Corizaza evitó brindar mayores detalles, señalando que la investigación es de carácter reservado. Sin embargo, confirmó que su despacho viene verificando la información difundida por los medios de comunicación, destacando de manera expresa la publicación realizada por Prensa Regional.
INDAGACIÓN SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES
De acuerdo con las primeras indagaciones, uno de los aspectos bajo revisión es la actuación del fiscal de turno el día de los hechos, quien no habría dispuesto la realización del dosaje etílico al intervenido, pese a tratarse de un presunto caso en flagrancia.
“Estamos verificando la información que nos fue puesta en conocimiento. Somos un órgano de control que cuenta con tres dependencias: una unidad de investigación preliminar, que está a mi cargo; una unidad de procedimientos disciplinarios; y una unidad de sanción. Estamos iniciando la indagación de la noticia que ha sido difundida”, precisó el fiscal Carlos Puma.
Estas declaraciones confirman que la intervención de la ANC se origina directamente a partir de la difusión del caso en medios de comunicación, lo que refuerza el rol de fiscalización ejercido por la prensa frente a posibles irregularidades dentro del sistema de justicia.
VERIFICACIÓN EN CAMPO Y REVISIÓN DE EVIDENCIA
Como parte de las diligencias, el fiscal Puma Corizaza recorrió los establecimientos ubicados en la calle Áncash, donde ocurrieron los hechos, con el objetivo de recabar información adicional.
Según reportes, durante la intervención se habrían revisado cámaras de seguridad de la zona, a fin de corroborar si el magistrado intervenido estuvo involucrado en algún accidente vehicular o incidente previo a la intervención policial.
Cabe señalar que, uno de los aspectos más sensibles es que el fiscal intervenido cumplía un rol activo dentro de un proceso de selección de personal del propio Ministerio Público. En dicha convocatoria, integraba la comisión evaluadora en representación de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, participando en la entrevista personal, fase determinante en la asignación de puntajes y definición de resultados.
También cobra especial relevancia la actuación del fiscal Erick Chambilla Gonzales, quien habría estado de turno el día de los hechos y habría dispuesto la liberación del fiscal intervenido, su colega Dennys Rommell Tumba Barrera. De acuerdo con la información recabada, dicha decisión se habría adoptado sin la realización de diligencias esenciales como el dosaje etílico, pese a tratarse de un presunto contexto de flagrancia, lo que hoy forma parte de las verificaciones iniciadas por la Autoridad Nacional de Control.
La intervención de la ANC, con apoyo de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional, no solo busca esclarecer la conducta del fiscal intervenido, sino también determinar si existieron omisiones, decisiones irregulares o tratamientos diferenciados en el procedimiento adoptado tras su intervención policial.
En ese marco, surgen interrogantes que resultan inevitables y que deberán ser absueltas en el curso de la investigación: si se dispuso o no la práctica del dosaje etílico conforme a ley; cuáles fueron los fundamentos para ordenar la liberación del intervenido; si se cumplieron los protocolos establecidos para casos de presunta conducción en estado de ebriedad; y si el hecho fue comunicado oportunamente a los órganos de control del Ministerio Público.
Asimismo, corresponde establecer si la actuación del fiscal de turno se ajustó a los estándares exigidos para este tipo de intervenciones o si, por el contrario, se incurrió en omisiones que podrían comprometer la objetividad del procedimiento y la correcta administración de justicia.
Se debe tomar en cuenta que el fiscal intervenido habría estado acompañado de abogados litigantes al momento de los hechos, circunstancia que será materia de verificación por parte de las autoridades competentes, a fin de determinar la naturaleza de dicha presencia y su eventual vinculación con el contexto en que se produjo la intervención policial.
Estas interrogantes, que ya habían sido advertidas en los informes previos difundidos por la Unidad de Investigación del Diario Prensa Regional, constituyen hoy el núcleo de las diligencias que viene desarrollando la Autoridad Nacional de Control, en un caso que ha escalado del ámbito policial a un cuestionamiento directo sobre el funcionamiento interno del Ministerio Público en la región Moquegua.
