La exrepresentante de la sociedad civil de Mariscal Nieto ante el Comité de Monitoreo de Quellaveco, Katherine Maldonado, cuestionó la intención del Ministerio de Energía y Minas de ejecutar el cierre de la mina Aruntani mediante el mecanismo de inversión pública (Invierte.pe), pese a ser una emergencia ambiental.
Según explicó, incorporar el proyecto a este sistema implicaría extender los plazos de ejecución y aumentar significativamente los costos, lo que resultaría contraproducente frente a una problemática que requiere atención inmediata.
“Pretender ingresar este tema al sistema Invierte.pe significaría duplicar o triplicar los costos y aplazar la solución entre cuatro y cinco años. Estamos frente a una emergencia que afecta un derecho humano fundamental como es el acceso al agua potable”, manifestó.
Maldonado sostuvo que el cierre de la mina debe abordarse mediante mecanismos excepcionales debido a la contaminación existente en la cuenca, la cual impacta directamente en la calidad del agua en la región. En esa línea, recordó que desde la sociedad civil se propuso la emisión de una norma especial que permita una intervención más rápida y eficaz.
Asimismo, advirtió que el Ministerio de Energía y Minas no cuenta con experiencia como unidad ejecutora en procesos de cierre de minas, por lo que insistió en evaluar alternativas como obras por impuestos o la participación directa de empresas del sector con experiencia en remediación ambiental.
