POR: DRA. FANNY REAÑO BAYONA *
La reciente y macabra noticia sobre la presunta agresión sexual grupal perpetrada por adolescentes contra un menor de 16 años —gestada en el seno de familias con poder, recursos y hasta galones castrenses— nos sacude con una verdad innegable: la miseria moral no tiene clase social, pero el privilegio compra silencios y blindajes vergonzosos.
“La miseria moral no tiene clase social, pero el privilegio compra silencios y blindajes vergonzosos”.
Y lo más aterrador, según revelan reportes periodísticos sobre dicho colegio, es que no sería la primera vez que se denuncian graves episodios de esta naturaleza. Han intentado tapar y guardar bajo la alfombra sistemáticamente los abusos, silenciando a las familias por temor a las represalias de los círculos de poder. Si este escándalo grotesco brota y se disimula entre lujos, ¿qué catástrofe invisible estará arrasando en colegios de sectores vulnerables? Las autoridades duermen mientras el tejido social se desmorona.
EL BULLYING SILENCIADO, EL DOLOR DE LA VÍCTIMA
El trasfondo de este horror expone una cruda realidad: el bullying implacable y el hostigamiento sistemático que muchas veces sufren los menores en silencio. Por temor, por coacción o por la abrumadora sensación de que el agresor intocable tiene más poder, las víctimas callan.
Es imperativo aplaudir la valentía de los padres que decidieron romper el silencio. Sin embargo, surge una pregunta desgarradora: ¿cómo sanará y volverá a enfrentar la vida este menor tras soportar el abuso físico, el vejamen y la devastación psicológica ejecutada por sus propios pares? La sociedad le ha fallado en su protección elemental.
LA BOFETADA A LA AUTORIDAD Y LA COMPLICIDAD EN CASA
No busquemos monstruos en la nada cuando los estamos criando en el hogar. Cuando un padre de familia —a quien reportes periodísticos atribuyeron una supuesta vinculación con la Marina— agrede y escupe a un periodista en plena vía pública por fiscalizar un delito, la máscara cae por completo.
“¿Qué clase de hijos vamos a cosechar si el ejemplo cotidiano es la prepotencia y la falsa sensación de que la ley no aplica para los poderosos?”
¿Creen los padres que darlo todo materialmente justifica la ausencia de límites? La chequera jamás comprará conciencia ética ni reemplazará los principios.
NORMALIZACIÓN DEL HORROR DIGITAL
No podemos seguir ignorando el veneno al que se expone a la infancia y adolescencia frente a pantallas sin supervisión, consumiendo violencia extrema y contenidos de descuartizamientos que hoy asumen con total naturalidad.
Mientras diversos países han avanzado prohibiendo o restringiendo severamente el acceso de menores a las redes sociales como política pública de salvataje mental, en el Perú el Estado sigue de brazos cruzados. ¿Qué esperan la Presidencia y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para poner regulaciones drásticas ante esta intoxicación digital masiva?
LETRA MUERTA Y SALUD MENTAL ABANDONADA
Cada 10 de octubre conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha convertida en triste retórica institucional. Las normas en el papel abundan para ordenar el país, pero son pura letra muerta cuando el Estado actúa con cobardía y tibieza.
Si ignoramos el vacío emocional de la juventud bajo la excusa de la modernidad tecnológica, los empujamos al abismo de la sociopatía.
¿Qué hacen los congresistas y ministros? Los jóvenes no son el “futuro del país”, son el presente absoluto. Si a los 14 o 16 años demuestran esta catadura moral, ¿qué monstruos nos gobernarán cuando tengan 18 años y total impunidad? Exigimos una intervención radical del Ministerio de Educación y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
EL ENFOQUE JURÍDICO:
El código de responsabilidad penal de adolescentes frente al poder y la impunidad.
Desde el análisis jurídico, la respuesta no puede ser el linchamiento irracional, pero tampoco la impunidad solapada por influencias de rango.
Se exige una fiscalía y un Poder Judicial firmes: el Ministerio Público y los jueces deben hacer su trabajo con absoluta independencia, sin dejarse aplacar ni condicionar por los galones, el poderío o los apellidos de los padres de los presuntos implicados.
Las normas del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes establecen que los adolescentes entre los 14 y menos de 18 años responden por la comisión de una infracción bajo un régimen de responsabilidad penal especial, considerando su edad y características personales.
Sin embargo, el sistema legal exige aplicar medidas socioeducativas cuyo fin supremo sea la reinserción social. Renunciar a rehabilitar a un adolescente infractor es fabricar, con complicidad estatal, al criminal cínico del mañana.
“La reinserción social no es un premio para el infractor, sino la última línea de defensa de una sociedad que se niega a producir más criminales”.
REFLEXIÓN FINAL
¿Hasta cuándo toleraremos que el dinero, la pantalla y el poder oculten la podredumbre moral? La violencia juvenil es el fruto amargo de la negligencia en el hogar, el vacío digital y el silencio cómplice.
Padres, gobernantes y educadores: hagamos un alto definitivo. La patria se nos desmorona en las manos y la hora de exigir cuentas, prohibir excesos y rescatar la humanidad de nuestros hijos es hoy.
* Dra. en Derecho y Ciencia Política (UNMSM), Dra. en Salud Pública, Mg. en Administración de Servicios de Salud, abogada y obstetra
