POR: JULIO CÉSAR FARFÁN VALVERDE
La administración de los recursos públicos en la Municipalidad Distrital de Torata vuelve a quedar bajo un severo cuestionamiento. Mientras la Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas diversas investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción denunciados anteriormente, la Unidad de Investigación (UDI) de Prensa Regional accedió a información, audios y documentos oficiales relacionados con una nueva denuncia anónima que revelaría un presunto desvío de recursos del canon y las regalías mineras para financiar festivales, fiestas y otras actividades con trasfondo e intereses políticos.
La denuncia fue puesta en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Mariscal Nieto–Moquegua, a cargo del fiscal Manuel Armando Bernedo Díaz, quien, con fecha 24 de junio de 2026, remitió el Oficio N.° 335-2026-MP-FN-FISPREV-MNIETO al fiscal provincial coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua.
Esta actuación habría motivado la apertura de diligencias preliminares para esclarecer hechos que podrían comprometer nuevamente el manejo de recursos provenientes del canon y las regalías mineras durante la gestión del alcalde Elvis Córdova Nina, e involucrar también a funcionarios de su confianza.
El escrito precisa que los hechos se habrían producido desde que el ingeniero Josué Alfredo Nina Flores asumió la Gerencia de Desarrollo Económico Social y Servicios Públicos, dependencia que administra una de las mayores partidas presupuestales de la Municipalidad Distrital de Torata.
De acuerdo con la denuncia, dicha gerencia tiene bajo su responsabilidad más de once proyectos de inversión pública, tres fichas de mantenimiento y el programa Procompite, además de actuar como unidad ejecutora de importantes inversiones financiadas con recursos provenientes del canon y las regalías mineras.
Precisamente, por la magnitud de los recursos administrados, los denunciantes sostienen que decidieron poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público, al considerar que determinadas decisiones adoptadas al interior de esa gerencia podrían haber afectado la correcta utilización de fondos públicos destinados al desarrollo del distrito.
LAS REUNIONES QUE NADIE PODÍA GRABAR
Dentro de la denuncia se detalla el funcionamiento interno del despacho de la Gerencia de Desarrollo Económico Social y Servicios Públicos. Según el documento, antes del inicio de determinadas reuniones convocadas por el gerente, todos los asistentes debían entregar obligatoriamente sus teléfonos celulares a la secretaria Yudhit Sarmiento Huallpayunca, quien los colocaba en una caja ubicada fuera del despacho.
Nadie podía ingresar portando un teléfono celular, situación que —según sostienen los denunciantes— impedía registrar el contenido de las reuniones.
Es precisamente en esas reuniones donde, de acuerdo con la denuncia, se impartían instrucciones relacionadas con la forma en que debían tramitarse determinados requerimientos administrativos destinados, presuntamente, a financiar actividades que no formarían parte de los objetivos de los proyectos de inversión pública.
EL PRESUNTO MECANISMO: “DAR FORMA” A LOS REQUERIMIENTOS
Uno de los aspectos más delicados contenidos en la denuncia anónima está referido al presunto mecanismo que, según el escrito, se habría implementado al interior de la Gerencia de Desarrollo Económico Social y Servicios Públicos para obtener recursos destinados al financiamiento de diversas actividades festivas organizadas por la Municipalidad Distrital de Torata.
De acuerdo con el documento presentado al Ministerio Público, durante las reuniones internas convocadas por el gerente Josué Alfredo Nina Flores se impartían instrucciones para que residentes de proyectos de inversión pública y responsables de fichas de mantenimiento “dieran forma” a determinados requerimientos administrativos.
Ello habría ocurrido aun cuando, según sostienen los denunciantes, los expedientes técnicos no contemplaban partidas presupuestales destinadas al pago de artistas, premios, rifas u otras actividades propias de festivales populares.
La denuncia señala que dichas indicaciones colocaban a los profesionales responsables de la ejecución de los proyectos en una situación de permanente presión, pues debían encontrar la manera de justificar administrativamente gastos que, según afirman, no guardaban relación con los objetivos de las inversiones financiadas con recursos públicos.
Los denunciantes afirman que, durante esas reuniones, el propio gerente habría manifestado que la parte administrativa ya se encontraba coordinada con el área de Logística y que, para determinados pagos, “ya habrían previsto trabajadores fantasmas y servicios”. La veracidad de esta expresión deberá ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Precisamente, esta afirmación constituye uno de los extremos más graves del escrito, pues, de corroborarse durante las diligencias fiscales, podría tener relevancia penal al involucrar presuntamente la utilización de mecanismos irregulares para justificar desembolsos de recursos públicos.
CUATRO ACTIVIDADES BAJO LA LUPA
La denuncia identifica cuatro eventos organizados durante el presente año que habrían requerido importantes recursos económicos y que, según los denunciantes, habrían sido financiados mediante mecanismos que ahora son materia de investigación.
FESTIVAL DE LA RACACHA
El primer caso corresponde al Festival de la Racacha 2026, desarrollado en el centro poblado de Yacango.
Según el escrito, para financiar la contratación de artistas y la adquisición de premios —entre ellos cocinas, refrigeradoras, hornos y otros bienes entregados durante la actividad— se habría solicitado a los residentes de proyectos y responsables de actividades aportar sumas que oscilarían entre S/ 10,000 y S/ 40,000, las cuales posteriormente debían ser justificadas mediante requerimientos administrativos.
Los denunciantes sostienen que, además de dichas exigencias, varios profesionales habrían tenido que utilizar recursos propios para adquirir los premios que finalmente fueron sorteados durante el festival, con el compromiso de recuperar posteriormente ese dinero mediante la ejecución de servicios cuya legalidad corresponde verificar al Ministerio Público.
FESTIVAL DEL PAN TORATEÑO
El segundo hecho está referido al Décimo Festival del Pan Torateño 2026, realizado el 31 de mayo.
De acuerdo con la denuncia, semanas antes del evento, cada residente de proyecto de inversión pública y responsable de ficha de mantenimiento habría recibido entre 750 y 800 rifas, cuya venta debía contribuir al financiamiento de artistas y premios.
ANIVERSARIO DEL DISTRITO
El mismo procedimiento, según el escrito, se habría repetido durante las actividades organizadas por el aniversario del distrito de Torata 2026, oportunidad en la que nuevamente se habría distribuido una cantidad similar de rifas entre los responsables de proyectos y actividades municipales.
IV EXPO AGRO 2026
Finalmente, la denuncia incluye la organización de la IV Expo Agro 2026 por el Día del Campesino, realizada el 23 de junio.
Según los denunciantes, durante esta actividad volvió a aplicarse el mismo mecanismo de distribución de rifas, adquisición de premios y utilización de requerimientos administrativos para justificar recursos económicos destinados a financiar el evento.
RECURSOS DEL CANON Y REGALÍAS BAJO CUESTIONAMIENTO
Uno de los aspectos que mayor preocupación genera en la denuncia es el origen de los recursos que presuntamente habrían servido para solventar parte de estas actividades.
El documento sostiene que la Gerencia de Desarrollo Económico Social y Servicios Públicos administra proyectos de inversión financiados con recursos provenientes del canon y las regalías mineras, fondos cuya utilización se encuentra regulada por la legislación vigente y que deben destinarse al cierre de brechas, la ejecución de obras y proyectos de inversión pública.
Por ello, los denunciantes consideran que corresponderá al Ministerio Público determinar si los requerimientos administrativos utilizados para sustentar determinados gastos guardaban realmente relación con los objetivos de los proyectos ejecutados o si, por el contrario, habrían sido empleados para financiar actividades distintas a las previstas en los expedientes técnicos.
LA ESTRUCTURA QUE DESCRIBE LA DENUNCIA
La denuncia anónima no solo atribuye presuntas decisiones al gerente de Desarrollo Económico Social y Servicios Públicos, sino que también identifica a otros funcionarios y trabajadores que, según los denunciantes, cumplirían distintos roles dentro del esquema que ahora deberá ser investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
De acuerdo con el escrito presentado al Ministerio Público, cada uno de ellos habría desarrollado funciones específicas durante la organización de las actividades festivas y en la presunta recaudación de recursos provenientes de los distintos proyectos de inversión pública que administra dicha gerencia.
EL PAPEL ATRIBUIDO A LUIS ÁNGEL CASTILLO ORTIZ
La denuncia señala al abogado Luis Ángel Castillo Ortiz, quien prestaría servicios para la Unidad Formuladora de la Gerencia de Desarrollo Económico Social y Servicios Públicos, como una de las personas de mayor confianza del gerente Josué Alfredo Nina Flores.
Según el documento, Castillo Ortiz sería quien coordinaría directamente la contratación de artistas musicales, agrupaciones y promotoras para los distintos festivales organizados por la municipalidad, manteniendo comunicación permanente con el gerente respecto de dichas actividades.
Los denunciantes también afirman que dicho profesional no tendría un horario fijo de ingreso o permanencia en la municipalidad, circunstancia que, según sostienen, debería ser verificada durante las diligencias fiscales.
MARYELA AYCAYA RAMOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS
Otro de los nombres consignados en la denuncia corresponde a Maryela Aycaya Ramos, responsable de las fichas de mantenimiento y limpieza. Según el escrito, habría tenido a su cargo la distribución de los premios que eran adquiridos por los propios residentes de proyectos y responsables de actividades.
La denuncia sostiene, asimismo, que Maryela Aycaya Ramos organizaba el sorteo para determinar qué premios debía comprar cada residente y que posteriormente recibía dichos bienes para su entrega durante las actividades festivas.
Los denunciantes agregan que, respecto de varios de esos bienes, no existirían comprobantes de pago, facturas, recibos ni actas de donación que acrediten formalmente su adquisición o entrega, aspecto que también corresponderá esclarecer mediante la investigación fiscal.
LA ARQUITECTA DAYANA MONZÓN
La denuncia también hace referencia a la arquitecta Dayana Monzón, a quien identifica como una de las colaboradoras más cercanas al gerente. Según el documento, sería la única persona autorizada para recibir currículums y documentación presentada por proveedores interesados en brindar servicios a la gerencia.
Asimismo, los denunciantes sostienen que mantendría coordinación permanente con el área de Logística respecto de diversos requerimientos administrativos.
Uno de los extremos más delicados del escrito señala que, presuntamente, recordaría a determinados proveedores la entrega de porcentajes económicos al gerente, afirmación cuya veracidad deberá ser plenamente acreditada o descartada por el Ministerio Público durante las diligencias correspondientes.
EL ROL ATRIBUIDO AL INGENIERO YURI CUAYLA COLANA
La denuncia también involucra al ingeniero Yuri Cuayla Colana, responsable de la Oficina de Desarrollo Económico.
Según el documento presentado a la Fiscalía, tendría a su cargo la recaudación del dinero que presuntamente era solicitado a residentes de proyectos y responsables de actividades.
El escrito sostiene que incluso condicionaría la tramitación de determinadas planillas mientras no se cumplieran los compromisos económicos previamente establecidos.
Como ejemplo, menciona el caso del responsable de un proyecto vinculado al cultivo de tuna, quien —según los denunciantes— habría sido retirado del cargo después de negarse a suscribir determinados requerimientos administrativos.
Todos estos extremos deberán ser objeto de verificación durante la investigación preliminar.
YESENIA Y EL REPARTO DE RIFAS
La denuncia también identifica a una trabajadora llamada Yesenia, quien prestaría servicios para la Unidad Formuladora. Según el escrito, tendría libre acceso a la oficina del gerente y sería una de las personas encargadas de distribuir las rifas entre los responsables de proyectos y fichas de mantenimiento.
También se afirma que dicha trabajadora ejercería presión sobre algunos responsables para cumplir con las metas económicas fijadas para cada actividad festiva. Corresponderá al Ministerio Público establecer si estas afirmaciones encuentran respaldo en otros elementos probatorios.
EL CONTROL DEL DESPACHO
Otro aspecto que llama la atención en la denuncia está relacionado con el funcionamiento interno de la Gerencia de Desarrollo Económico Social y Servicios Públicos. El documento afirma que el despacho permanecería habitualmente cerrado mediante un sistema de acceso con cerradura electrónica y que ninguna persona podría ingresar portando teléfonos celulares, los cuales serían dejados previamente bajo custodia de la secretaria.
Asimismo, sostiene que en el primer y segundo piso existirían cámaras de videovigilancia orientadas hacia trabajadores y ciudadanos que acuden diariamente a realizar trámites administrativos.
También indica que el gerente Josué Alfredo Nina Flores no permanecería regularmente en la municipalidad durante la jornada laboral, sino que se presentaría generalmente después de las dos de la tarde y delegaría la atención cotidiana en su secretaria Yudhit Sarmiento Huallpayunca.
Según la denuncia, ella administraría el acceso al despacho y recibiría diversa documentación administrativa.
Todos estos hechos forman parte del contenido de la denuncia presentada ante el Ministerio Público y deberán ser corroborados mediante las diligencias que disponga la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, respetando el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.
TESTIGOS TEMEN REPRESALIAS
Uno de los aspectos que mayor preocupación genera es que la denuncia fue presentada de manera anónima.
Lejos de constituir un hecho aislado, esta circunstancia reflejaría el clima de temor que, según el propio documento, existiría entre algunos trabajadores y exservidores municipales, quienes manifiestan que prefieren mantener en reserva su identidad por miedo a eventuales represalias laborales o personales.
Precisamente por ello, el escrito solicita que las diligencias fiscales permitan corroborar objetivamente los hechos denunciados mediante documentación oficial, registros administrativos, expedientes de contratación, órdenes de servicio, cámaras de videovigilancia, informes técnicos y declaraciones de quienes intervinieron en la organización de los eventos públicos cuestionados.
