POR: SANTOS COHAILA FLORES
Se nota la escasa responsabilidad social de las universidades públicas, razón por la cual se privatiza la matrícula universitaria en el Perú. La tabla expresa la transformación estructural del sistema universitario peruano.
Entre 2007 y 2024, la cantidad de jóvenes matriculados aumentó de 649,499 a 1,602,120 estudiantes en el Perú, lo que representa un crecimiento de 146.7 %. Sin embargo, este crecimiento fue absorbido casi íntegramente por las universidades privadas.
La matrícula en las universidades nacionales creció solamente de 285,978 a 335,375 estudiantes, un 17.3 %, mientras que la matrícula privada pasó de 363,521 a 1,266,745 estudiantes, acumulando un incremento de 248.5 %.
LAS PRIVADAS ABSORBIERON EL CRECIMIENTO
En ese periodo, el sistema incorporó 952,621 estudiantes adicionales; de ellos, 903,224 ingresaron al sector privado. Por tanto, las universidades privadas absorbieron aproximadamente el 94.8 % del crecimiento neto de la matrícula.
Su participación aumentó del 56 % en 2007 al 79.1 % en 2024. Actualmente, existen casi cuatro estudiantes en universidades privadas por cada estudiante matriculado en una universidad pública.
Estos resultados evidencian que la privatización no se explica únicamente por una supuesta preferencia natural de las familias. También constituye una respuesta a la insuficiente expansión de vacantes, carreras, sedes y modalidades educativas estatales.
Licandro y Yepes Chisco (2018) explican que las dificultades financieras y organizativas de las universidades públicas para responder a nuevas profesiones dejan espacios que son rápidamente ocupados por proveedores privados. Advierten, además, que la privatización puede restringir el acceso universal y afectar la igualdad de oportunidades.
RESPONSABILIDAD JURÍDICA DEL ESTADO
Desde una perspectiva jurídica, el Estado —a través de las universidades públicas— no cumple plenamente su responsabilidad al limitarse a autorizar, licenciar o supervisar universidades privadas.
Los artículos 16 y 17 de la Constitución le imponen obligaciones relacionadas con la dirección de la política educativa, la garantía de acceso y el sostenimiento de la educación pública. Cuando el crecimiento de la oferta estatal resulta considerablemente inferior a la demanda juvenil, el costo de hacer efectivo el derecho a la educación superior se traslada a las familias.
Molinero Nano (2009) cuestiona precisamente esta retirada material del Estado: aunque el derecho esté reconocido normativamente, su efectividad depende del financiamiento, de las instituciones y de una capacidad pública suficiente. De lo contrario, la educación se convierte en un servicio condicionado por el poder adquisitivo.
SEGMENTACIÓN Y DESIGUALDAD
La evidencia empírica de Thapa et al. (2023) confirma que la mercantilización universitaria peruana produce segmentación: los jóvenes de hogares con mayores recursos presentan una mayor probabilidad de acceder a instituciones privadas, mientras que los de menores ingresos dependen más de la oferta pública.
Los autores reconocen que la expansión privada puede ofrecer tecnología, innovación y mayores oportunidades, pero también advierten sobre los riesgos asociados con la subordinación de la calidad a la rentabilidad.
Las universidades privadas han ocupado el espacio que las universidades nacionales, por sus propios intereses y por el “desconocimiento” de su responsabilidad social, no han logrado cubrir.
