POR: MAG. JAIME CARPIO BANDA
El análisis de la ejecución presupuestal para obras en las provincias de Arequipa, a junio de 2026, revela diferencias en la capacidad de gestión de los gobiernos locales y entidades ejecutoras. Mientras algunas provincias muestran un desempeño acorde con la mitad del ejercicio fiscal, otras presentan niveles de ejecución preocupantemente bajos que comprometen la culminación oportuna de la inversión pública y la provisión de infraestructura para la población.
PROVINCIAS CON MEJOR AVANCE
Las provincias de Camaná, Condesuyos y Castilla lideran el ranking regional con avances de 48,0%, 47,5% y 47,3%, respectivamente. En un segundo grupo se ubican Arequipa, con 38,9%; Caylloma, con 38,5%; y Caravelí, con 37,9%, cuyo desempeño puede calificarse como regular, aunque requieren acelerar la ejecución durante el segundo semestre para evitar rezagos y posibles reversiones presupuestales.
ISLAY Y LA UNIÓN EN LOS ÚLTIMOS LUGARES
Sin embargo, la situación más crítica se concentra en La Unión e Islay, provincias que ocupan los últimos lugares del ranking. La Unión registra un avance de apenas 27,1%, con un PIM de S/ 16,5 millones, habiendo devengado solo S/ 4,47 millones. Más preocupante aún es el caso de Islay, que pese a administrar un importante presupuesto de S/ 97,23 millones, únicamente ha ejecutado S/ 19,71 millones, equivalente al 20,3% del PIM.
Esto significa que casi ocho de cada diez soles destinados a obras permanecen sin ejecutar a junio de 2026, reflejando serias deficiencias en la gestión de inversiones.
RIESGO EN LA INVERSIÓN PÚBLICA
La ejecución presupuestal del PIM de obras en Arequipa muestra un comportamiento heterogéneo entre provincias. Mientras Camaná, Condesuyos y Castilla presentan niveles satisfactorios de ejecución, Islay y La Unión evidencian un desempeño significativamente rezagado, constituyéndose en las provincias con mayor riesgo de incumplir sus metas de inversión pública durante 2026.
Particularmente, Islay representa el caso más crítico debido a la combinación de un elevado presupuesto y un bajo nivel de ejecución, con apenas 20,3%, situación que exige medidas correctivas inmediatas para evitar la paralización de proyectos, la pérdida de oportunidades de desarrollo territorial y una menor eficiencia en el uso de los recursos públicos.
