Un vecino del distrito de Pacocha, en su condición de administrado, responsabiliza a funcionarios municipales de realizar y avalar notificaciones fraudulentas, incurrir en desacato al Tribunal Constitucional y cometer irregularidades en procedimientos administrativos, como en el caso de un embargo que generó el cierre de su negocio.
Ante estos hechos, que para él no son una novedad y serían acciones reiterativas, ha presentado una queja formal ante el Tribunal Fiscal, denunciando presuntas graves irregularidades en el procedimiento de cobranza coactiva ejecutado por la Municipalidad Distrital de Pacocha. Entre ellas, incluye notificaciones presuntamente ilegales, cobros inconstitucionales y medidas de embargo que vulnerarían sus derechos constitucionales. Asimismo, el ciudadano quejoso señala que, ante las solicitudes y recursos impugnatorios presentados ante el municipio, la respuesta ha sido siempre declararlos improcedentes o infundados.
NOTIFICACIÓN CUESTIONADA: “NO FUE ACTO LEGAL, SINO ABANDONO DE DOCUMENTOS”
El denunciante, Felipe Villanueva Requejo, sostiene que el procedimiento coactivo se inició sobre la base de una notificación irregular realizada el 17 de abril de 2026, la cual —según afirma— no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General.
De acuerdo con su versión, el notificador habría dejado documentos expuestos en una reja exterior, sin cumplir con el procedimiento de notificación bajo puerta ni dejar constancia de aviso de visita, lo que podría configurar una vulneración al artículo 21 de la Ley N.° 27444.
Este tipo de actuación, según precedentes administrativos, puede generar la nulidad de todo el procedimiento, al afectar el derecho de defensa del administrado.
ACUSAN DESACATO A SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Otro de los puntos más graves de su denuncia es que la Municipalidad Distrital de Pacocha estaría cobrando arbitrios municipales utilizando como criterio el tamaño del predio (metros cuadrados), pese a que dicho método fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en sentencias vinculantes.
Según el ciudadano, la persistencia de este tipo de cobro podría constituir un desacato a la jurisprudencia constitucional, lo que pondría en cuestión la legalidad de las deudas generadas.
EMBARGO HABRÍA PROVOCADO CIERRE DE NEGOCIO
El caso adquiere mayor gravedad por sus consecuencias. El denunciante afirma que el embargo de su cuenta bancaria en el sistema financiero habría generado el cierre de su restaurante “RIOMAR”, la pérdida de su principal fuente de ingresos y dificultades para cubrir gastos médicos familiares, entre otros.
Estos hechos han sido presentados como prueba ante el Tribunal Fiscal, junto con documentación que acreditaría el impacto económico y personal de la medida.
ANTECEDENTES: DENUNCIA YA HABÍA SIDO ADMITIDA POR CONTRALORÍA
Este no sería un caso aislado. Según documentos previos, la Contraloría General de la República ya había admitido en el año 2022 una denuncia del mismo ciudadano, relacionada con presuntas irregularidades en la determinación de arbitrios en la Municipalidad Distrital de Pacocha.
En dicho pronunciamiento se advirtió la posible inobservancia de la normativa aplicable en el cálculo de tributos municipales, lo que ahora vuelve a ser cuestionado en sede tributaria.
POSIBLE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
De confirmarse los hechos, el caso podría implicar responsabilidades administrativas y eventualmente legales para los funcionarios involucrados por iniciar procedimientos sin notificación válida, ejecutar cobros sin sustento constitucional y aplicar medidas coactivas con afectación desproporcionada.
CASO EN MANOS DEL TRIBUNAL FISCAL
El denunciante, en el mes de abril y vía correo electrónico, ha solicitado al Tribunal Fiscal que declare fundada la queja, ordene la suspensión del procedimiento coactivo y disponga el levantamiento de embargos.
El caso se encuentra actualmente en evaluación y vuelve a poner bajo la lupa la actuación de la Municipalidad Distrital de Pacocha en materia de cobranza tributaria, planteando interrogantes sobre el respeto al debido procedimiento y la legalidad de los cobros efectuados. Cuando las controversias llegan a instancias como el Tribunal Fiscal y, previamente, a la Contraloría, el problema deja de ser individual y pasa a ser de interés público.
