Autoridades de General Sánchez Cerro exigen garantías de agua y territorio ante proyectos hídricos 

Alcaldes y dirigentes comunales advierten que estas iniciativas no aseguran reservas de agua para la provincia.

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En el distrito de Yunga, autoridades locales, alcaldes distritales y representantes de comunidades campesinas se reunieron para analizar la situación de los proyectos hídricos Yanapuquio, Cuture, Tambillo y Coralaque, y acordaron exigir garantías sobre el uso del agua y la protección del territorio en la provincia General Sánchez Cerro.

En la jornada participaron los alcaldes de Yunga, Ubinas e Ichuña, así como representantes de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro y dirigentes comunales, quienes evaluaron los posibles impactos técnicos y legales de estas iniciativas, especialmente de la represa Yanapuquio y sus componentes de compensación.

Uno de los principales cuestionamientos fue que los expedientes en evaluación priorizarían el riego para regiones y provincias vecinas, sin asegurar una reserva hídrica suficiente para el desarrollo agrícola local, lo que generó preocupación y rechazo entre los asistentes.

Entre los acuerdos adoptados, se planteó modificar la denominación del proyecto a Represa Arapa – Cotta – Sinfincani. Además, se estableció que la licencia social y la disponibilidad de terrenos estarán condicionadas a la firma de un Convenio Marco de Compensación Integral con las comunidades campesinas involucradas.

Asimismo, se solicitará la presencia de entidades del Ejecutivo como el PSI, la PCM, la ANA y el MINAM en una próxima reunión en Yunga, con el fin de informar sobre los avances del expediente técnico y el proceso de socialización del proyecto.

Otro de los acuerdos fue autorizar a la alcaldesa provincial y al procurador público a iniciar acciones legales y medidas cautelares en caso se vulneren los derechos de la provincia. También se pedirá copia del expediente técnico para su evaluación por parte de distritos y comunidades.

Finalmente, se acordó solicitar la postergación de la audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental hasta que se garantice una adecuada socialización del proyecto y se atiendan las demandas de la población.

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