POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
Un grave cuadro de cuestionamientos vuelve a poner en el centro del debate público la transparencia de los procesos de selección y contratación de personal en el Ministerio Público de Moquegua, donde recientes hechos —sumados a antecedentes documentados— evidenciarían un posible patrón de favorecimientos, decisiones discrecionales y ausencia de meritocracia en perjuicio de jóvenes profesionales.
La controversia se agudiza tras la intervención policial del fiscal Dennys Rommell Tumba Barrera, ocurrida la noche del 20 de abril de 2026, quien habría sido sorprendido conduciendo en presunto estado de ebriedad, acompañado de abogados litigantes y protagonizando un incidente en plena vía pública. Lo verdaderamente delicado no es solo el hecho en sí, sino el contexto en el que se produce.
20, DÍA DE ENTREVISTA PERSONAL E INTERVENCIÓN POLICIAL
Ese mismo 20 de abril, de acuerdo con registros oficiales del propio Ministerio Público, se desarrollaba una de las etapas más sensibles de un proceso de convocatoria de personal: la publicación de resultados de entrevistas personales, fase determinante para definir a los postulantes que accederían a una plaza laboral.
En dicho proceso, el fiscal intervenido no era un actor ajeno, sino integrante de la comisión evaluadora en representación del fiscal superior Juan José Machicao Tejada, quien actualmente ostenta el cargo de Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Moquegua, el mismo que se habría abstenido de participar directamente por tener investigaciones en la Fiscalía Suprema de Lima y otras investigaciones por presunto favorecimiento de postulantes a ocupar plazas también en el Ministerio Público bajo su responsabilidad. Esta vez designó como su representante a un fiscal de su estrecha confianza que no respeta la ley. Y se siente blindado y protegido.
La coincidencia temporal resulta, por lo menos, inquietante. ¿Qué se celebraba la noche de ese mismo día que había evaluado a los postulantes? ¿Quiénes acompañaban realmente al fiscal en ese contexto? ¿Se trataba de una reunión casual o de un encuentro vinculado a los resultados de un proceso que él mismo ayudó a definir? ¿Celebraban el triunfo adelantado de algún postulante al concurso?
Estas interrogantes adquieren mayor relevancia considerando que la entrevista personal es, históricamente, la etapa más susceptible de discrecionalidad dentro de este tipo de concursos.
FISCAL IMPLICADO EN PRESUNTA PROTECCIÓN A COLEGA
A ello se suma un elemento aún más grave: la intervención del fiscal de turno en el escandaloso hecho con participación policial, donde el fiscal Dennys Tumba, en presunto estado de ebriedad, se resistía a la intervención.
El fiscal Erick Chambilla Gonzales habría dispuesto la liberación casi inmediata de su colega sin que se practiquen diligencias esenciales como el dosaje etílico, pese a tratarse de un presunto caso en flagrancia. De confirmarse, no solo se estaría ante una actuación irregular, sino ante un posible tratamiento diferenciado dentro de la propia institución, evidenciando un blindaje y protección legal a su colega.
Diversas fuentes internas coinciden en señalar la existencia de un grupo reducido de fiscales que, desde cargos estratégicos, tendrían influencia en decisiones relevantes como la conformación de comisiones evaluadoras, la calificación de postulantes y la promoción interna en cargos y puestos clave. Este escenario ha sido descrito por algunos operadores como una suerte de “cúpula” que concentraría poder y que actuaría de manera coordinada.
En este contexto, la principal víctima sería la meritocracia. Decenas de jóvenes profesionales —con formación académica sólida y vocación de servicio— postulan año tras año a plazas en el Ministerio Público, esperando competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, la reiteración de cuestionamientos sobre procesos poco transparentes genera una percepción cada vez más extendida: que el acceso no dependería únicamente del mérito, sino de factores ajenos a la evaluación objetiva.
FISCALES INVESTIGAN DELITOS, PERO NO DE COLEGAS
El impacto de esta situación trasciende lo laboral. Cuando quienes tienen la responsabilidad de investigar el delito y defender la legalidad son cuestionados por su propia conducta o por la forma en que accedieron a sus cargos, la consecuencia directa es el debilitamiento de la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
A ello se suma un elemento particularmente delicado: la coincidencia entre estas denuncias y la reactivación de investigaciones contra el propio medio que las ha difundido, como es Prensa Regional. Para diversos sectores, ello podría interpretarse como un posible uso del aparato fiscal para generar presión o intimidación, lo que, de ser cierto, configuraría un escenario aún más preocupante para la libertad de prensa y el control ciudadano.
Frente a estos hechos, resulta indispensable que instancias como la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia intervengan de manera inmediata, no solo para esclarecer lo ocurrido el 20 de abril, sino para evaluar integralmente los procesos de selección de personal para ocupar una plaza laboral en el Ministerio Público de la región Moquegua.
Porque cuando los concursos públicos pierden credibilidad, cuando las decisiones no se perciben como imparciales y cuando los hechos sugieren posibles redes de favorecimiento, el problema deja de ser individual y se convierte en estructural.
Y en ese escenario, la gran perjudicada no es solo la institucionalidad, sino toda una generación de profesionales que sigue esperando que la meritocracia deje de ser un discurso y se convierta en una realidad.
ANTECEDENTES QUE REFUERZAN LOS CUESTIONAMIENTOS
Este episodio no puede analizarse de manera aislada. Existen antecedentes que incrementan las dudas sobre la actuación de determinados fiscales en la región Moquegua y que refuerzan la hipótesis de un posible patrón de decisiones funcionales cuestionadas.
Uno de los casos más sensibles involucra la actuación del fiscal Erick Chambilla Gonzales, quien tuvo a su cargo una investigación vinculada a presuntos favorecimientos en la contratación de personal dentro del Ministerio Público.
De acuerdo con la información recabada, en dicha investigación no se habría incluido ni derivado a instancia superior la evaluación de la conducta del entonces presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Juan José Machicao Tejada, pese a que existían elementos que —según fuentes internas— ameritaban al menos una valoración respecto a su posible participación o conocimiento en el proceso de contratación de una persona vinculada a su entorno personal.
Cabe precisar que, por la investidura del cargo de fiscal superior, cualquier eventual responsabilidad funcional debió ser conocida por instancias competentes de mayor jerarquía, lo que no habría ocurrido en este caso.
Asimismo, el proceso concluyó mediante una salida alternativa, como una confesión sincera, tras el pago de una suma de dinero por parte de la persona favorecida, quien —según se ha informado— no habría concurrido a rendir declaración presencial durante la investigación. Este desenlace ha sido objeto de cuestionamientos, en la medida que habría limitado el esclarecimiento integral de los hechos y la eventual identificación de otros responsables, como sería el caso de Machicao Tejada.
Estos elementos resultan especialmente relevantes si se considera que el mismo fiscal Chambilla Gonzales es quien intervino como fiscal de turno en el reciente incidente protagonizado por Dennis Rommell Tumba Barrera, quien habría dispuesto su liberación inmediata sin la realización de diligencias esenciales como el dosaje etílico.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, este episodio se conecta con antecedentes que vienen siendo denunciados desde hace años por Prensa Regional. Entre ellos, el cuestionado accionar del fiscal Yukio Tadahiko Merma Ramos, vinculado al archivamiento de investigaciones sensibles relacionadas con presuntos favorecimientos dentro del propio Ministerio Público, así como su posterior ascenso en circunstancias que generaron dudas sobre los criterios aplicados.
La coincidencia de actuaciones en varios escenarios —uno vinculado a una investigación archivada en circunstancias cuestionadas y otro relacionado con la intervención de un colega en presunto estado de ebriedad— refuerza la necesidad de un análisis integral por parte de los órganos de control, a fin de determinar si existieron criterios objetivos en el ejercicio de la función fiscal o si, por el contrario, se habrían producido decisiones que requieren ser esclarecidas.
