POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Como estaba previsto y dado el fraccionamiento del voto ante las masivas candidaturas, era inalcanzable el objetivo de que alguna candidatura obtenga la mitad de los votos válidos para ganar en primera vuelta la Presidencia de la República, como ordena el artículo 111 de nuestra Constitución. El hecho concreto es que, desde que se implantó en nuestro país, emulando el “ballotage” francés en 1979, no hemos tenido un ganador en primera vuelta.
Hagamos una revisión histórica. Pese a que estaba regulado en la novísima Constitución, se establecía una excepción para las primeras elecciones que le sobrevenían a su vigencia: sería declarado presidente el que alcance “la votación más alta, siempre que esta no sea inferior al treinta y seis por ciento del total de votos válidos”; caso contrario, lo definiría el Congreso entre las dos más altas mayorías. Fue así como Fernando Belaúnde, en 1980, fue elegido con un 44% de los votos válidos, superando a su inmediato perseguidor, Armando Villanueva.
En la siguiente elección, donde de manera efectiva debería aplicarse, se presentó una circunstancia política excepcional: el Congreso había determinado que deberían considerarse como votos válidos los votos nulos y en blanco, lo que elevaba la valla. A sabiendas de la arremetida aprista, encabezada por Alan García, fue tal el caudal de votos obtenidos por García que el segundo de las preferencias electorales, Alfonso Barrantes, desistió de continuar, lo que evitó ingresar a la segunda ronda electoral.
Para las elecciones de 1990, en que por primera vez se operativizó la segunda vuelta electoral, Alberto Fujimori revirtió el resultado de la primera vuelta, derrotando a Mario Vargas Llosa. De las elecciones generales bajo el gobierno de Fujimori, no vale la pena comentar. De retorno a la vida democrática, en todas las elecciones generales sucesivas del 2001, 2006, 2011, 2016 y 2021, hubo la necesidad de apelar a la segunda vuelta para definir a nuestro gobernante.
En los tres últimos procesos, Keiko Fujimori logró ingresar a la segunda vuelta, y en los tres el resultado le fue adverso. En cuanto a la representación parlamentaria, la agrupación política de dicha candidata tuvo un rol determinante en la escena política por las alianzas construidas; un caso sui generis fueron las elecciones del 2016, cuando obtuvo una mayoría descollante de 73 congresistas, con un comportamiento político desestabilizador.
Una circunstancia digna de análisis desde la ciencia política es el futuro de los partidos políticos luego de ser gobierno. Si participan en las elecciones siguientes a su mandato, el caudal electoral obtenido es intrascendente: algunos ya no existen, otros se mantienen en los mínimos electorales, lo que evidencia la carencia de organizaciones políticas potentes. Más aún, estamos sostenidos en organizaciones circunstanciales, lo que afecta la construcción de estabilidad institucional y democrática.
La segunda vuelta electoral se establece en nuestro sistema electoral no tanto para librarnos de la decisión congresal, como recogía nuestra tradición electoral, sino más bien para dar a quien salga elegido con la más alta votación en primera oportunidad, aunque sin mayoría suficiente, un espaldarazo de legitimidad.
Por ello, la exigencia de obtener la mitad de los votos válidos implica un reforzamiento de su caudal electoral, un alineamiento político de los electores y la motivación para generar acuerdos y entendimientos con otras fuerzas políticas, haciendo que el ejercicio de gobierno cuente con la necesaria confianza ciudadana.
Si nos colocamos en el espacio electoral de las elecciones del 2021, Pedro Castillo obtuvo el 18.92% y Keiko Fujimori el 13.40% de los votos válidos, respectivamente. Podría leerse que, de cada 100 votos, Castillo obtuvo 18, lo que manifiesta una limitadísima representación y carencia de legitimidad, pese a ser elecciones democráticas. Sin embargo, la segunda vuelta corrigió y reforzó esa representación: Castillo obtuvo el 50.12% y Fujimori el 49.88% de los votos válidos.
La circunstancia de ingresar a una segunda vuelta entre las dos más altas votaciones no conlleva la lógica de que el primero de ellas también ganará en la segunda vuelta. Revisemos el caso de Vargas Llosa. Se trata de una nueva elección, con sus propias particularidades, nuevas estrategias políticas y de campaña.
Los forzados consensos con otros partidos implican adecuaciones a sus programas políticos; tenemos el caso de Ollanta Humala, que en las elecciones del 2011 tuvo que realizar ajustes a su denominado plan de la “Gran Transformación”.
No se trata de una convocatoria política abierta e indistinta: tienen que existir mínimos de entendimiento ideológico y programático, que incluso pueden llevar a acuerdos para la cogestión del gobierno. Vale aquel adagio: en política hay sumas que restan, lo que debe conducir a reforzar la toma de decisiones y, sobre todo, a recoger la confianza de quienes no votaron por ellos.
Las alianzas preelectorales y previas a la segunda vuelta se han sostenido hasta donde los mutuos intereses lo han permitido. Lo cierto es que muy pronto se desvanecieron, porque el ejercicio de gobierno empodera, pero a su vez debilita: los socios políticos exigen el protagonismo comprometido que no es respondido. Pronto se decantan por asumir una labor de oposición, esta vez cargada de rencor y revanchismo político.
La segunda vuelta electoral no va acompañada de elecciones parlamentarias; estas últimas quedaron definidas en la primera ronda, lo que nos lleva a una ingrata experiencia: desde nuestro propio marco normativo facilitamos la construcción de mayorías parlamentarias opositoras al Poder Ejecutivo y, como ha sido en los pasados lustros, desestabilizadoras y escasamente comprometidas con la gobernabilidad del país.
De allí la certeza de que, a partir de julio, volveremos a compartir la confrontación política entre los poderes del Estado. Ausente el equilibrio de poderes, retornará a su lugar la prepotencia del mandamás de estos tiempos: el Congreso.
Allí nuestro descuido: colocamos todas nuestras expectativas en las elecciones presidenciales, cuando, desde hace un tiempo, el eje gravitante de las decisiones políticas lo tiene el Congreso, por voluntad propia y porque así lo avala el inamovible marco constitucional, al que no hay el coraje de reformar, permitiendo que el statu quo se mantenga incólume.
