POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
Una investigación periodística (UDI) de Prensa Regional, desarrollada en coordinación con las labores de fiscalización del consejero regional de Moquegua Ángelo Quilco Flores, ha puesto al descubierto una serie de presuntas irregularidades en la contratación en su de la regidora de la Municipalidad Provincial de Ilo y hoy candidata a una diputación en el Congreso de la República por el partido Perú Primero, Yolanda Ccallata Cueva.
De acuerdo con la documentación oficial obtenida, el consejero regional Ángelo Quilco Flores, en ejercicio de las facultades de fiscalización que le otorga la ley como miembro del Consejo Regional, solicitó formalmente al Gobierno Regional de Moquegua información relacionada con el currículum vitae y los documentos presentados por Yolanda Ccallata Cueva ante el área de Recursos Humanos para su contratación en dicha entidad.
La información entregada por el propio Gobierno Regional permitió a UDI de Prensa Regional revisar y analizar los documentos que sustentaron su contratación, detectándose presuntas inconsistencias en certificados laborales, constancias académicas y en la compatibilidad de actividades que la hoy candidata habría declarado ante el Estado.
Resulta que, al momento de ser contratada en el Gobierno Regional, Ccallata Cueva ya ejercía funciones como regidora de la Municipalidad Provincial de Ilo, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la legalidad, ética y transparencia de dicho proceso.
La polémica se agrava aún más considerando que la propia Yolanda Ccallata Cueva busca ahora convertirse en diputada por Moquegua, cargo cuya principal función es precisamente fiscalizar el uso de los recursos públicos y velar por la legalidad en la administración del Estado.
CUESTIONADA CONTRATACIÓN EN EL GOBIERNO REGIONAL
Yolanda Ccallata Cueva fue contratada el 15 de mayo del 2025 en el Gobierno Regional de Moquegua en el cargo de Asistente Técnico I, pese a que en ese momento ya ejercía funciones como regidora de la Municipalidad Provincial de Ilo, cargo por el cual percibía una dieta de casi 3,000 soles mensuales.
La contratación habría sido gestionada y validada por funcionarios del área de Recursos Humanos del Gobierno Regional, quienes presuntamente no habrían advertido, o habrían pasado por alto, inconsistencias en los documentos presentados por la candidata.
Aún más cuestionable resulta que, pocas semanas después de su contratación, Ccallata Cueva solicitó acogerse a un régimen especial que le permitía reducir su jornada laboral a solo 20 horas semanales, argumentando su condición de autoridad edil.
Esta situación debe ser materia de investigación de las autoridades puesto que habría significado en la práctica percibir ingresos del Estado sin cumplir plenamente una jornada laboral, beneficiándose de un privilegio que difícilmente podría ser otorgado a otros profesionales que buscan acceder a un puesto en la administración pública.
DOCUMENTOS SERÍAN “BAMBAS”
Uno de los aspectos más delicados de esta investigación se encuentra en la documentación presentada por la propia Yolanda Ccallata Cueva ante el Gobierno Regional de Moquegua. Tras el análisis de la información proporcionada oficialmente al consejero regional Ángelo Quilco Flores, se habrían detectado inconsistencias en certificados laborales y constancias académicas consignadas en su currículum vitae.
Según la documentación revisada, algunos certificados indicarían que la candidata habría estado laborando en la ciudad de Ilo, mientras que en las mismas fechas también habría estado cursando estudios técnicos presenciales en la ciudad de Mollendo, donde siguió la carrera de Técnico Contable entre los años 2014 y 2016, así como otras inconsistencias documentales.
La coincidencia de fechas en ciudades distintas ha despertado serias sospechas sobre la autenticidad de dichos documentos, pues resultaría materialmente imposible desempeñar labores en Ilo mientras simultáneamente se cursaban estudios presenciales en Mollendo durante el mismo periodo y certificados de trabajo otorgados por la empresa de su propio hijo.
De confirmarse la adulteración de información o la presentación de documentación falsa, especialistas señalan que podrían configurarse delitos como falsedad genérica, uso de documento falso, negociación incompatible, tráfico de influencias, aprovechamiento indebido del cargo y perjuicio económico al Estado, etc.
CINCO ADENDAS Y AMPLIACIÓN DEL CONTRATO
Otro elemento que genera cuestionamientos es que el contrato inicial de Ccallata Cueva habría sido ampliado mediante cinco adendas sucesivas, prolongando su vínculo laboral con el Gobierno Regional de Moquegua hasta el 31 de diciembre del 2025.
Para analistas jurídicos y demás profesionales, este hecho podría evidenciar un presunto direccionamiento en la contratación, más aún considerando la cercanía política entre la regidora y la actual gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, ambas vinculadas al partido Perú Primero. Este tipo de situaciones recortan oportunidades laborales a técnicos y profesionales que sí cumplen con los requisitos exigidos para trabajar en el Estado.
Para muchos jóvenes y ciudadanos que buscan un puesto laboral, el caso representa un ejemplo preocupante de cómo la influencia política estaría desplazando a profesionales que buscan acceder a un empleo público de manera transparente y meritocrática.
FISCALÍA DE OFICIO DEBE INVESTIGAR
Frente a estos hechos, diversos sectores, especialmente del ámbito jurídico, han solicitado que los órganos de control del Estado y el Ministerio Público inicien una investigación exhaustiva para determinar la legalidad del proceso de contratación y la autenticidad de los documentos presentados, debido a que algunos funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua, e incluso la propia gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala, habrían tenido participación en los hechos descritos.
En este escenario, la documentación revisada por la Unidad de Investigación de Prensa Regional y la fiscalización impulsada desde el Consejo Regional han colocado bajo la lupa el proceso que permitió el ingreso de Yolanda Ccallata Cueva al Gobierno Regional de Moquegua.
Las inconsistencias detectadas en los documentos presentados, la coincidencia de actividades en distintas ciudades y las sucesivas adendas que ampliaron su contrato han despertado serios cuestionamientos y se espera que los órganos de control del Estado y el Ministerio Público determinen si existe responsabilidades en este caso.
