La reciente sentencia contra el alcalde provincial de Ilo, Humberto Tapia Garay por el delito de usurpación de funciones, marca un precedente y podría significar el inicio del fin de su carrera política. Así lo señaló Wilder Quispe, exintegrante del Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP), quien afirmó que este fallo envía un mensaje claro sobre la importancia de elegir autoridades con experiencia y capacidad, a fin de no comprometer el desarrollo de la ciudad.
“Debería reflexionar sobre las decisiones que viene adoptando en el ejercicio de su gestión, especialmente aquellas que pueden tener consecuencias legales y afectar a la provincia”, señaló Quispe, al considerar que la decisión judicial tendrá un impacto político y administrativo.
El exmiembro del CCLP exhortó a la población a analizar con mayor criterio a qué tipo de autoridades elige, así como a exigir de manera permanente la rendición de cuentas y el seguimiento a la gestión pública. Advirtió que, sin un control ciudadano constante, las autoridades pueden tomar decisiones que no corresponden ni responden al interés público.
ROL FISCALIZADOR DE LOS REGIDORES
Finalmente, Quispe hizo un llamado a los regidores municipales para que cumplan de manera responsable su labor fiscalizadora.
“Cuando se adoptan malas decisiones, la responsabilidad directa recae en la autoridad que firma los actos administrativos; sin embargo, toda gestión debe respetar las instancias y actuar conforme a la ley, sin excepciones”, concluyó.
