El gerente del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG), Franz Flores, confirmó que 16 trabajadores han iniciado acciones legales por presunta desnaturalización de contrato, aunque precisó que no existe, hasta el momento, ninguna sentencia judicial ni pedidos formales de reposición laboral en la actual gestión.
Las declaraciones del funcionario se dieron tras versiones contradictorias surgidas, donde algunos consejeros advirtieron sobre supuestos intentos de lograr estabilidad laboral, mientras que la gobernadora regional aseguró que no existían tales casos.
Flores aclaró que la situación debe diferenciarse de los 80 trabajadores repuestos judicialmente que actualmente laboran en el PERPG. “Esos casos corresponden a gestiones anteriores, no a la gestión de la gobernadora Gilia Gutiérrez ni a la actual administración del proyecto”, sostuvo.
Respecto a los procesos vigentes, el gerente explicó que no se trata de reposiciones judiciales, sino de pretensiones por desnaturalización de contrato, las cuales aún se encuentran en trámite. “Al día de hoy no existe ninguna sentencia. Son procesos iniciados por desnaturalización del contrato, no por reposición”, enfatizó.
Detalló además que, de las 16 pretensiones registradas, ocho corresponden a extrabajadores que ya no mantienen vínculo laboral con el proyecto, mientras que los otros ocho continúan laborando en el PERPG, pero han iniciado procedimientos legales cuestionando la modalidad de contratación.
Finalmente, Flores recordó que el PERPG se rige por el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, bajo el cual la reposición sólo procede si el trabajador ingresó mediante concurso público de méritos, condición que —según indicó— no se cumple en estos casos.
