POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
La Organización de Estados Americanos (OEA), que convoca a sus 34 Estados, siendo la excepción Cuba excluida en 1962 y que por determinación propia decidió no reintegrarse, aprobó en el XXVIII Período Extraordinario de sesiones de la Asamblea General, precisamente en Lima, el 11 de setiembre del 2001-una fecha de triste recordación, coincidió con el ataque terrorista a las torres gemelas-, un documento fundamental y que se caía de maduro, ante la inestable realidad política de nuestras democracias, aprobada con entusiasmo y por unanimidad, asumiendo un rol protagónico la diplomacia peruana: La Carta Democrática Interamericana.
La Carta reconoce el derecho de nuestros pueblos a la democracia y la obligación de sus gobiernos de promoverla y defenderla; es pues, un instrumento en defensa de la democracia, descansando en el documento fundacional de la OEA, para ello sugiere una noción de democracia, establece medidas para su fortalecimiento, describiendo los elementos que la componen como el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio apegado al estado de derecho, elecciones periódicas, pluralidad de partidos y la separación de los poderes públicos. Poniéndose de manifiesto como mecanismo de protección colectiva, redefiniendo el restrictivo principio de no intervención, no sólo se activa cuando ocurre los tradicionales golpes de Estado sino también cuando en democracia se erosiona de manera continua su propia institucionalidad.
En este contexto, el gobierno del Presidente Castillo, apelando al Artículo 17 y 18, solicitó se activen los mecanismos de garantía colectiva “para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio de poder”, el sustento es eminentemente de parte, sin acudir a un enfoque integral de las denuncias ordinarias y constitucionales contra el propio gobierno, la mutua y descontrolada confrontación; lo cierto es que, el Ejecutivo estaba plenamente habilitado para impulsar y activar estos procedimientos diplomáticos, prestablecidos en un documento vinculante para nosotros. Desde una perspectiva legal, indiscutible. Desde una perspectiva política, atrevida.
El Consejo Permanente de la OEA, integrado por representantes Permanentes por cada Estado parte, a efecto del requerimiento peruano aprobó una resolución por aclamación, es decir sin voces discordantes, intitulada “Respaldo a la Preservación de la Institucionalidad Democrática y la Democracia Representativa en el Perú́”, que en principio podría entenderse como una toma de posición, cuando se debe leer con ponderación sus contenido al disponerse la “Designación de un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados Miembros, en concordancia con la Carta Democrática Interamericana, para que realice una visita al Perú́ con el fin de hacer un análisis de la situación de la que informará a este Consejo”; ha sido determinante para adoptar esta resolución el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo primer Vicepresidente Stuardo Ralón, estuvo en reciente visita por estos lares.
No se puede negar que ha sido una hábil jugada política del Gobierno, primero porque soslayando sus propios limitaciones y fracasos de gestión, las responsabilidad judiciales que tendrán que asumir oportunamente, acentuó y sensibilizó a este alto foro diplomático una posición de “victimización”; y segundo, una cuestión de oportunidad, cuando arreciaban ya no sólo las vías políticas sino también las vías judiciales, hace pocos días la Fiscal de la Nación planteo al congreso una forzada denuncia constitucional, quiérase o no se coloca en la mirada de la comunidad internacional la objetividad, cautela de cada institución estatal, lo que necesariamente se entenderá como actuar ponderado, y no soliviantado por las tribunas mediáticas.
Es innegable que compartimos una permanente crisis política, haciendo uso y desuso de instituciones constitucionales, graves síntomas de corrupción en distintos niveles de autoridad, y demostrada incapacidad de conversar entre los actores políticos; en ese terreno se inmiscuye la OEA, en nuestra propia incapacidad de dialogar. Recordar el rol asumido por la OEA en los aciagos tiempos del fujimorismo y nuestra recuperación democrática, ayudó al diálogo político en nuestro país, a comienzos de este siglo. Y no es la primera vez que la OEA toma este tipo de decisiones, lo hizo en Venezuela, Nicaragua, Ecuador, reiteradamente en Bolivia, incluso en el Perú bajo el gobierno de Alejandro Toledo. Los detractores de hoy son los mismos que tocaron la puerta de este organismo alegando un supuesto fraude electoral, hace algo más de un año.
Cunden opiniones desde todo ángulo, cosechando en un terreno dúctil, porque campea la desinformación, me permito compartir algunas precisiones:
1.Los representantes Diplomáticos ante el Consejo Permanente, reciben directrices de sus respectivas Cancillerías para decidir sobre ejes importantes, como es esta Resolución, por consiguiente, debe entenderse como decisión de Gobierno. Cada uno de los Estados miembros tienen embajadores acreditados ante el Gobierno peruano, cuya función es mantener informados a sus ministros.
2.Hace poco se desarrolló la Asamblea General de la OEA en nuestro país, que inicialmente el Congreso la desautorizó; es pública la negativa reiterada del Congreso de no autorizar al presidente Castillo, viajar al exterior en cumplimiento de una función constitucional “dirigir la política exterior”; entonces la comunidad americana, esta advertida de este conflicto persistente entre poderes.
3.La Resolución de la OEA establece “Designar un grupo de alto nivel…para que realice una visita al Perú́ con el fin de hacer un análisis de la situación de la que informará a este Consejo”; es decir, recabará información indistinta de las entidades que considere necesarias y luego de ello elevara un informe al Consejo Permanente, que implica que no sólo atenderá la argumentación del Gobierno. El presidente del Congreso José William, a través de la carta cursada a la OEA, manifiesta su disposición de dialogar, lo que facilitará las fuentes informativas, incluso los espacios de diálogo entre las partes confrontadas. Sostenidos en la Carta Democrática y a pesar de que la petición la realiza el Ejecutivo, la respuesta será desde la institucionalidad democrática y no desde la posición del gobierno.
4.La visita de la OEA no puede asumirse como una intervención en asuntos internos, se dispone sostenida en un instrumento internacional que el propio Estado peruano fue su impulsor, y más aún, los órganos constitucionales, particularmente el poder judicial y el Ministerio Público, seguirán ejerciendo sus competencias con autonomía e independencia.
- La Comisión de la OEA, culmina su labor elevando un informe al Consejo Permanente con exhortaciones y recomendaciones; y es esta instancia y no el secretario general Luis Almagro, persona muy volátil, quien tomará las decisiones pertinentes que posibiliten el diálogo y la estabilidad institucional; aunque con una debilidad, la decisión que asuma no es vinculante. El mayor peso está en el escrutinio público, ya no sólo nacional.