El jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos, anunció que se aprobó un decreto de urgencia que permitirá que los estudiantes de universidades privadas a las que se les denegó el licenciamiento puedan ser acogidos por casas de estudio públicas.
En conferencia de prensa, tras una nueva sesión del Consejo de Ministros, Zeballos dijo que el decreto de urgencia dispone «una habilitación presupuestal para que las universidades públicas puedan acoger a los estudiantes de las universidades a las que se hubiera denegado el licenciamiento».
Zeballos precisó que a través del trabajo de la Sunedu se denegó el licenciamiento institucional a 31 universidades privadas y una pública, con lo que se han visto afectados un total 165,679 estudiantes.
«Obviamente, al denegarse el licenciamiento de estas universidades los estudiantes quedan sometidos a un desconcierto, ¿qué hacer con ellos? Hace menos de una semana el Ministerio de Educación emitió una resolución directoral otorgando una Beca Traslado, para que los estudiantes de las universidades a las que se negó el licenciamiento puedan continuar en otras universidades», refirió.
El titular del Consejo de Ministros adelantó que aún está pendiente el otorgamiento del licenciamiento a 20 universidades privadas y 5 públicas.
Al término de la sesión del Consejo de Ministros la titular de Educación, Flor Pablo, explicó que el Gobierno maneja varias alternativas para garantizar que los alumnos de las instituciones con licencia denegada puedan continuar sus estudios superiores.
“Hoy hemos aprobado un Decreto de Urgencia que autoriza al Ministerio de Educación a financiar diversos mecanismos para la incorporación de estudiantes de universidades con licencia denegada a universidades públicas ya licenciadas”, explicó la funcionaria.
Precisó que una de estas alternativas es la Beca Traslado, cuyos recursos “ya están previstos para el siguiente año” y que será otorgada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) con estándares similares a los que aplica para Beca 18.
AMPLIARÁN COBERTURA
Por otro lado –dijo Pablo–, esta es también una oportunidad para que universidades públicas ya licenciadas, como San Marcos, la UNI, San Agustín y la Universidad Nacional Agraria, puedan “llevar una serie de programas (de estudio y especialización) a las regiones”.
Para ello, el Decreto de Urgencia aprobado habilita al Ministerio de Educación a realizar transferencias de recursos para que esas universidades públicas, ya con licenciamiento, amplíen su cobertura educativa y acojan a más estudiantes.
REFORMA UNIVERSITARIA
El mensaje central es que acá hay una reforma muy importante, la reforma universitaria, que implica licenciar a las instituciones que realmente ofrecen condiciones básicas de calidad a la población estudiantil, comentó Flor Pablo.
Y si esta reforma interrumpe los estudios o genera alguna situación que impida a los alumnos continuar con su formación profesional en su localidad, entonces “el Estado asume su responsabilidad y en ningún caso los estudiantes se verán perjudicados”, enfatizó la ministra.
TRANQUILIDAD PARA FAMILIAS
Añadió que una vez denegado el licenciamiento, “la universidad tiene dos años para ejecutar un plan de cierre de actividades, por lo tanto, los alumnos que están en los últimos años pueden terminar sus estudios y sus títulos son válidos”.
Sin embargo, lo que no puede hacer esa universidad es convocar a nuevos exámenes de admisión. Entonces, ¿qué hacemos con los estudiantes que están saliendo de la secundaria en los lugares donde la única opción de estudios la ofrecía una universidad no licenciada?, se preguntó la ministra.
En esos casos, nosotros, como Ministerio de Educación, como Gobierno, como Estado, nos hacemos cargo de no perjudicar a ningún estudiante ni a su familia. “Este Decreto de Urgencia fortalece la reforma universitaria y también crea tranquilidad para las familias de los estudiantes respecto a su continuidad en la educación superior universitaria”, concluyó.
A la fecha, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha denegado el licenciamiento institucional a 31 universidades privadas y una pública, donde estudian un total de 165,679 alumnos.
