El Sindicato Integrado de Docentes y Trabajadores en la Educación de la región Moquegua (SIDTER) ha iniciado una campaña nacional de recolección de firmas para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32242, normativa que, según afirman, pone en riesgo la estabilidad laboral del personal educativo al facilitar su destitución.

“La intención oculta de la ley es promover despidos masivos con el fin de privatizar la educación. Gobierno tras gobierno han intentado implementar este modelo para que los padres de familia asuman los costos educativos de sus hijos”, señaló Graciela Chipana, secretaria general del SIDTER.

Si bien la Ley 32242 establece la destitución automática e inhabilitación permanente de directores, docentes, auxiliares y personal administrativo condenados por delitos graves, Chipana advirtió que esta disposición vulnera derechos fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia, al permitir ceses inmediatos sin garantías adecuadas.

La recolección de firmas inició el lunes 10 de febrero y se extenderá hasta el jueves 13 de febrero. El sábado, los formularios serán enviados a Lima para su presentación ante el Tribunal Constitucional. A nivel nacional, el sindicato busca alcanzar las 5,000 firmas, mientras que en las regiones de Moquegua y Tacna esperan reunir al menos 500 rúbricas. Hasta la fecha, ya han conseguido cerca del 50% de su objetivo y esperan sumar más adhesiones en los próximos días.