La Sala Penal de Apelaciones de Moquegua confirmó sentencias de nueve años de prisión efectiva contra Mirtha Milagros Paredes Fernández, ex jefe de la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Moquegua (GORE) en el año 2018, y el proveedor Milton Flores Ticona, tras hallarlos responsables de los delitos de cohecho y colusión en un caso relacionado con contrataciones irregulares realizadas dentro de la entidad regional.
Asimismo, fueron sentenciados a siete años de pena privativa de la libertad Ángel Agustín Flores, quien se desempeñó como jefe de Logística en 2017; Max Elder Contreras Quispe, encargado del área de Adquisiciones y Hugo César López Jorge, jefe de Procesos de selección, todos por el delito de colusión.
Tras confirmarse la sentencia en segunda instancia, el Poder Judicial dispuso la ejecución inmediata del fallo, ordenando la ubicación y captura de los cinco implicados para su internamiento en el penal de Samegua.
El caso fue sustentado en segunda instancia por el fiscal superior Luis Armando Ortiz Picona, de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Moquegua, por presuntas irregularidades registradas entre los años 2017 y 2018, correspondiente a la segunda gestión del exgobernador regional Jaime Rodríguez Villanueva.
Según la Fiscalía, durante ese periodo se habría defraudado al Estado mediante contrataciones directas ficticias para el servicio de especialista en contrataciones, prestaciones que, de acuerdo con la investigación, nunca fueron ejecutadas a favor del Gobierno Regional de Moquegua.
Durante el juicio, el Ministerio Público acreditó que los sentenciados habían cumplido diferentes funciones para simular la prestación de servicios y emitir conformidades irregulares, generando una apariencia de legalidad en contrataciones inexistentes. Estas conclusiones fueron respaldadas por documentación y elementos probatorios analizados durante el proceso judicial y recogidos en la resolución emitida por la Sala Penal de Apelaciones el pasado 19 de mayo.
Además de las penas privativas de libertad, la sentencia establece el pago de una reparación civil de S/ 62,600, monto que deberá ser abonado de manera solidaria por los cinco sentenciados a favor del Gobierno Regional de Moquegua, como resarcimiento por el perjuicio ocasionado al Estado.
