El Poder Judicial declaró fundada la solicitud de la Procuraduría General del Estado (PGE) para intervenir como parte civil en el proceso judicial contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Cultura, Patricia Balbuena, por el caso ‘Richard Swing’.

El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria tomó esta decisión debido a las acusaciones de tráfico de influencias, peculado y otros delitos que presuntamente habrían perjudicado al Estado peruano.

“Declarar fundada la solicitud de constitución en actor civil presentada por la procuraduría general del estado; en consecuencia constituirlo como actor civil en el proceso seguido contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para tercero y como tipificación alternativa negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y obstrucción a la justicia todo ello en agravio del estado; y contra Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios por la presunta comisión del delito de peculado doloso por apropiación para tercero en agravio del estado», se lee en el documento.

Además, el PJ ordenó reconocer la participación de la procuradora general del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe, en este proceso judicial.

Durante la audiencia, la PGE solicitó una reparación civil por un total de 575 mil soles, argumentando que los actos ilícitos atribuidos a Vizcarra y Balbuena contravenían los principios de la función pública y ocasionaban un daño significativo a la integridad y los recursos del Estado.