El ex regidor Humberto Tapia Garay, dijo que desconocía cual fue el trámite que siguió el pronunciamiento que aprobó por unanimidad el Consejo Regional contra el decreto supremo con el cual se da pie al ingreso de los operadores de gestión en las Entidades Prestadoras de Servicio (EPS).

En el pronunciamiento, el alcalde como máxima autoridad de la provincia en coordinación con los burgomaestres de Pacocha y El Algarrobal, deben mostrar su oposición a la privatización de las empresas del agua.

“Nosotros siempre hemos sido del concepto que la EPS debe estar dirigida por estamentos netamente públicos como son las municipalidades”, expresó.

Recordó que según un decreto legislativo, el Ministerio de Vivienda ingresó a la EPS Ilo mediante el régimen de apoyo transitorio a través del OTASS, lo cual no fue acordado por los regidores, porque siempre tenían el concepto de que sea dirigido por algún tipo de administración pública.

Tapia, sugirió a los alcaldes para que se reúnan para evaluar el tema con sus equipos técnicos y  pronunciarse al respecto.

“PENA” POR OBRAS PARALIZADAS

En relación a las obras que dejó la gestión saliente, donde muchas de ellas están paralizadas, dijo sentir “pena” al no haberse entregado como corresponde, pese a que se expuso que se estaba actuando de acuerdo a la normativa.

“Ahora tenemos conocimiento que las cosas no han sido así, es decir lo que dice el papel, no es lo que se encuentra en la parte física, lo cual desdice mucho del aparato técnico que estaba en ese entonces. Ahora la parte gerencial y técnica de la actual gestión, tiene que poner el orden  en los trabajos”, aseveró.

NO CONTRATAR A EX FUNCIONARIOS

Finalmente, opinó que los funcionarios de la gestión anterior no han cubierto las expectativas que la población quería para un trabajo óptimo, por lo tanto, no deberían regresar a la administración pública.