La Contraloría General identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en 10 funcionarios y servidores públicos de la Red de Salud Ilo y la Dirección Regional de Salud (Diresa) debido a que aprobaron y tramitaron el pago de una asignación económica por atención primaria de salud a 58 trabajadores que se encontraban de licencia durante el primer año de la pandemia del coronavirus. Este mal proceder ocasionó un perjuicio económico de S/ 101 183.55.
Según el Informe de Control Específico N° 004-2021-2-0829 (periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020) a 31 trabajadores de la Red de Salud Ilo se le pagó una asignación económica por concepto de “Valorización Priorizada por atención primaria de salud”, cuando se encontraban con licencia o no laboraron de forma efectiva por periodos iguales o mayores a un mes.
La comisión auditora detectó estos casos en los centros de salud Miramar, Jhon F. Kennedy, Pampa Inalámbrica y Los Ángeles, así como también en los puestos de salud 18 de Mayo, Pacocha y Varadero.
Cinco funcionarios de la Red de Salud Ilo tendrían presunta responsabilidad en estos hechos, los cuales han ocasionado un perjuicio económico de S/ 66 993.55.
De igual modo, el Informe de Control Específico N° 005-2021-2-0829, evidenció que se pagó indebidamente la asignación económica a 27 trabajadores de las Micro Redes Omate, Ubinas, Ichuña y Carumas. Los casos ocurrieron en los centros de salud Omate, Coalaque, Puquina, Ichuña, Yunga, Carumas, Calacoa y San Cristóbal, así como también en los puestos de salud de Quinsachata, Anascapa, Muylaque y Puente Bello.
En este caso, se encontró presunta responsabilidad en cinco funcionarios de la Diresa Moquegua, quienes habrían ocasionado un perjuicio económico ascendente a S/ 34 190.
Los informes de control posterior recomiendan a los titulares de la Red de Salud Ilo y de Diresa Moquegua el inicio de las acciones administrativas contra los presuntos responsables. También se recomienda a la Procuraduría Pública de la Contraloría el inicio de las acciones legales civiles contra los servidores públicos comprendidos en los hechos.