El Poder Judicial dictó mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 18 meses contra 5 empresarios peruanos procesados junto al expresidente Alejandro Toledo por el caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos II y III, vinculado a Odebrecht.
Esta medida fue dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho contra los empresarios José Graña Miro Quesada, Hernando Graña Acuña, Fernando Camet Piccone, José Castillo Dibos, y Gonzalo Ferraro Rey.
Entre las restricciones, los procesados no podrán mantener comunicación con los coinvestigados, testigos y peritos relacionados a este proceso penal. Además, el magistrado les impuso el pago de sumas entre 100 000 y 350 000 soles a cada uno de estos empresarios por concepto de caución que deberán abonar en un plazo de 30 días hábiles.
SOLICITUD
El juez Richard Concepción Carhuancho resolvió de esta forma, tras acoger el pedido realizado por el Equipo Especial del caso Lava Jato, a fin de garantizar la permanencia de todos los investigados en el territorio nacional, mientras se define su situación legal respecto a los cargos que se les atribuye a cada uno.
Para emitir su decisión, el magistrado tomó en cuenta los hechos imputados a cada uno de los empresarios, las posibles penas que podrían recibir y el resultado de una pericia donde se concluye que el perjuicio económico al estado peruano en este caso ascendió a 535 millones de dólares, entre otros argumentos.
En agosto de 2020, el fiscal José Domingo Pérez Gómez, solicitó 20 años y 6 meses de prisión para José Graña, Fernando Picone y José Castillo, así como 11 años y 6 meses de cárcel para Hernando Graña y Gonzalo Ferraro y que todos sean inhabilitados para ejercer cargo público.
COLABORACIÓN
Estos empresarios se encuentran sometidos a un procedimiento de colaboración eficaz ante el Equipo Especial del caso Lava Jato.
Por este caso el fiscal Pérez Gómez pidió 20 años y 6 meses de prisión para el expresidente Alejandro Toledo al acusarlo por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión por lo que también demandó que sea inhabitado por 9 años para ejercer cargo público.
Este proceso penal se encuentra en la etapa de control de la acusación presentada por el fiscal Pérez Gómez como acto previo al correspondiente juicio oral. [RPP]