POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Una semana más para el olvido, en una coyuntura que despertaba cierta expectativa. El Congreso ratificó, sus compromisos antelados de alternancia programada en su conducción, aunque apretada y en la necesidad de ir a una segunda vuelta por la postulación de cuatro listas; los insultos y excesos verbales, diríamos hasta histriónicos, la denuncia por violación contra un congresista en las oficinas parlamentarias y la reacción del recién juramentado vicepresidente, no son más que manifestaciones de la bajeza instalada en el dizque representación ciudadana.
El Ejecutivo, por mandato constitucional, a instancia del jefe de Estado dirigió su mensaje anual ante el Congreso, trascendente ocasión no sólo para exponer la “situación, mejoras y reformas”, sino para deslindar distintos y delicados contenciosos levantados contra la gestión de gobierno y los cargos contra su entorno inmediato; ha discurrido mucha tinta sobre los contenidos de dicho mensaje, en lo que no insistiremos.
Más sí, nos interesa el efecto y oportunidad política del mensaje, la posición del principal líder político del país, quien tiene el deber de articular al Estado, de impulsar los consensos y entendimientos básicos en un estado democrático: o acudirse a un mensaje conciliador, enfatizando las necesidades del país, una actitud convocante que induzca al contrincante aunarse por la gobernabilidad del país, descartando asperezas y antagonismos; o ir con una posición firme, política, de apostar por los grandes cambios, de abordar los problemas estructurales del país, que no obstante las contravenciones políticas, se impulsaran en el norte de crecimiento y desarrollo con justicia social; o decidirse por un mensaje formal, de cumplir el mandato de exponer, reducida a estadísticas y soles, renunciando a la oportunidad de recuperar liderazgo no necesariamente ante el Congreso, sino frente al país. Optó por esto último, prefiriendo el statu quo, que la historia; por consiguiente, fue un mero espejismo intentar encontrar en ambos frentes, ejecutivo y legislativo un propósito de enmienda en una semana determinante en sus decisiones para el país, año uno del Bicentenario.
Nos encontramos inmersos en una aparente estabilidad, una estabilidad “precaria”, ni uno ni otro quieren irse, el que se vayan todos no surgirá de la propia iniciativa o desprendimiento político, no existe en ellos como lo reclamara el arzobispo Castillo en su homilía por fiestas patrias, compromiso por el país.
Con cinco investigaciones fiscales abiertas, una situación procesal judicial mucho más comprometedora que otros expresidentes, el presidente Castillo sabe que se le agota esa “inviolabilidad” que hasta en exceso aboga su defensa, y que en dicha circunstancia la justicia ordinaria actuará con los apremios legales necesarios.
El Parlamento, uno de los más nocivos, quiere seguir instituyéndose como blindaje político ha oscuros intereses, renunciando a sus responsabilidades funcionales de control político y fiscalización, rehuir nuestro reforzamiento institucional; acaso no es cierto, que no le interesa acudir a una reforma política integral, más si abordar modificaciones para su propio interés, como restringir la participación ciudadana para neutralizar el referéndum constitucional, acotar la cuestión de confianza por su temor a la disolución y recientemente intentar-no logró los votos necesarios- la restitución del Senado, con regulaciones que implican cambios sustantivos en el núcleo básico de las relaciones ejecutivo-legislativo, sin la transparencia y deliberaciones necesarias.
En el escenario post fiestas patrias, las armas están en ristre. Desde el Congreso se pide a gritos la renuncia del presidente Castillo, y definitivamente no lo va a hacer, es su discrecionalidad, el cálculo político y especialmente judicial es el que prima; saben perfectamente, que las acusaciones constitucionales impulsadas inicialmente por “traición a la patria” por el desliz que tuvo en entrevista con CNN y las recomendaciones de la Comisión de Fiscalización, tienen un límite infranqueable en el artículo 117 de la Constitución.
Sin embargo, se viene reimpulsando el proceso de acusación constitucional contra Dina Boluarte, en perspectiva de neutralizar la sucesión presidencial y que esta finalmente recaiga en la presidencia del Congreso, tal cual lo “prevé” el compromiso de honor, suscrita por la actual presidente del congreso, para ello se requiere de la vacancia presidencial y no se cuentan con los 87 votos necesarios para que pudiera prosperar, no es casualidad la propuesta de ley respecto a disminuir esa valla que la posibilité. En estos últimos días, se viene insistiendo en la posibilidad de la suspensión en el ejercicio de la presidencia apelándose a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, lo que es una propuesta forzada, que rompería manifiestamente con nuestro marco constitucional.
Una vez más, aunque tarde, la respuesta será ciudadana, en ese legítimo derecho de autodefensa ante la inercia, insensibilidad y falta de olfato político de sus representantes. ¿La calle esta quieta? se preguntaba hace poco un analista, y la respuesta es no, quizá desencajada por la decepción, reflexiva por la constancia en la irresponsabilidad de sus actores políticos o preparándose para el momento crítico, imprevisible e irrenunciable, donde la única respuesta este en sus propias decisiones.
Recientemente, una coalición ciudadana subió a la palestra de la opinión pública el adelanto de elecciones y la necesaria e ineludible reforma política, que ha cobrado una interesante receptividad; aunque algunas voces aisladas con anterioridad ya lo habían manifestado.
Estos son los cimientos, en perspectiva futura y al parecer inmediata, que la propia ciudadanía recupere para sí, ese espacio de probidad y solvencia, tan venida a menos en estos tiempos. Muchos añoran las grandes movilizaciones, especialmente de jóvenes, que tiñeron de renovado espíritu combativo democrático nuestras calles y plazas por todo el país, y fue tal la dimensión de la sensibilidad que sembraron, que no estuvieron solos, al unisonó se sumó la población en general, la respuesta y no podía ser otra, fue que las autoridades tuvieron que dar marcha atrás en sus decisiones y rectificarse, basta preguntar a Manuel Merino, por citar un caso.
Si no se reacciona y con oportunidad desde el Estado, su soporte fundamental que son sus ciudadanos, serán quienes, con la mayor autoridad, podrán actuar y decidir. Es riesgoso, puede devenir en una incontrolable y desordenada convulsión social.
Ayer, en Chile las reformas políticas se iniciaron con una revuelta estudiantil, hoy tienen un presidente que no responde a la tradición política, mañana ingresarán a un plebiscito sobre su nueva Constitución. Países diferentes, realidades diferentes, pero hechos nada distantes, que vale la pena revisar.
