El contralor general Nelson Shack reveló que en el año 2021 los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública ocasionaron al país un perjuicio económico estimado en 24,262 millones 964 mil 827 soles, de acuerdo al Índice CGR de Corrupción 2021 que anualmente emite la Contraloría General. Para dicho año este representa el 13.6% del presupuesto nacional devengado o ejecutado.

En el ranking absoluto del perjuicio extrapolado por región, el año pasado el departamento de Moquegua habría perdido un aproximado de 130 millones 292 mil 217 soles y se ubica en el antepenúltimo lugar de las regiones que perdieron fondos públicos.

Respecto a la incidencia de la corrupción, Moquegua aparece en el puesto 22 con un 11.5% de incidencia de casos de corrupción. Es decir, de cada 100 soles invertidos, uno 11.5 soles se habrían perdido.

El primer lugar lo tiene la región de Piura, seguido de Arequipa, La Libertad y Puno, donde se perdieron más de mil millones de soles en cada una de ellas.

“En el 2021 hemos perdido por corrupción más de 24 mil millones de soles. Es un poco más que el presupuesto para la ejecución de dos nuevas carreteras centrales. Imagínense cómo sería nuestro proceso de desarrollo. Como lo he manifestado en reiteradas oportunidades, la corrupción es el principal problema público y estructural que tiene nuestra sociedad”, manifestó el contralor general.

Cabe mencionar que el monto estimado identificado por la Contraloría General del perjuicio ocasionado por la corrupción y la inconducta funcional, se elevó a comparación del año 2020, que fue de 22,059 millones 183 mil 058 soles.

Shack anotó que nunca se conocerá el perjuicio económico exacto que ocasiona la corrupción, porque es un acto clandestino, pero que la estimación efectuada permite tener una aproximación cuantitativa que se fundamenta en los resultados del control posterior y determinación del perjuicio económico realizados durante un período, que se estima respecto al presupuesto público anual ejecutado. Similar metodología utiliza organismos internacionales para conocer, por ejemplo, el monto de sobornos a nivel mundial, que, en el caso de la Contraloría General, le permite mejorar sus intervenciones de control.