POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS   

Reanudados los encuentros mineros, esta semana pasada se clausuró la Convención Minera Perumin 35, concentrando una singular atención en nuestro país– excepto los últimos años por la COVID 19-, en un contexto en que la actividad minera cumple un rol más que importante en nuestra sostenibilidad económica; el incremento de los precios en los mercados internacionales, implicó también mayores ingresos, permitiendo sobrellevar la crisis económica que está al acecho del mundo y aún pendiente de tiempos difíciles.

Las marchas y contramarchas del Gobierno, la indefinición en políticas públicas, la inestabilidad ministerial, la falta de coherencia y definiciones de gestión, no generan un ambiente de sosiego en el desarrollo de las actividades productivas, y el gobierno así lo entendió, asumiendo un mensaje de confianza y rectificación a través de su primer ministro en su presentación.

Fueron agenda recurrente en el desarrollo del evento corporativo: el débil manejo del Ejecutivo en la resolución de conflictos, la simplificación administrativa que sean un verdadero impulso a las actividades de exploración, garantías para los inversionistas nacionales y extranjeros, medio ambiente, relaciones comunitarias, remediación de pasivos ambientales mineros, estabilidad de la tributación minera y lógicamente los impactos del canon y regalías mineras en los índices de desarrollo.

En septiembre del 2019, a través de la Resolución Suprema No. 145-2019-PCM, se creó la Comisión Consultiva denominada “Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible”, en un contexto en que los conflictos sociales arreciaban por observaciones ambientales, expectativas insatisfechas, sumado a la ausencia de un enfoque territorial; encargándose a dicha comisión “proponer medidas normativas y de gestión, así como de políticas públicas, para el desarrollo de actividades mineras sostenibles”; la presidencia de dicha Comisión recayó en la economista Roxana Barrantes Cáceres, hoy directora del BCR, que bajo una selecta y vasta composición presentaron dentro los plazos establecidos el Informe Final; un documento acucioso, bien argumentado, con una mirada holística, un diagnóstico  frio y claro, expresando un mayor  involucramiento estatal, también precisando el enfoque social de las actividades extractivas, diríamos opinión fundamental para reimpulsar la actividad minera.

Si bien, la presentación de dicho documento coincidió con los momentos más críticos de la pandemia, que lo relegaron del necesario debate público y la reorientación de las políticas públicas, hoy prácticamente se muestra como inexistente, ninguneándose la seriedad del documento-análisis alcanzado y colocándose en evidencia una vez, que al Estado poco le interesa la predictibilidad, la planificación, el orden en las decisiones políticas sectoriales que asume, estando más propenso a respuestas cortoplacistas, imprevisibles e incluso populistas. Porque precisamente los temas que se abordaron como agenda en Perumin, y que se identifican como problemas, que motivan reflexiones y construyen recomendaciones con voz altisonante, también fueron identificados en dicho informe final, que al pasarlo por alto no hacen más que reiterar el esfuerzo, donde el propio gobierno tiene responsabilidad por omisión.

Veamos algunas importantes recomendaciones de dicha Comisión, tan vigentes hoy y que difícilmente alguien pueda desmarcarse de ellas, vamos a desempolvarlas del archivo, pero que adolecen de voluntad política para concretarse y que por sí misma se sostienen:

1. Necesidad de un enfoque territorial de desarrollo, orientado a satisfacer las necesidades particulares de cada región, asegurando el cierre de brechas sociales, pero no sólo en aquellas que tengan actividad minera.
2. Compensar las desigualdades entre regiones, provincias, distritos, comunidades, acentuadas por la actual redistribución de los recursos mineros; la distribución del canon debe contar con metas claras e indicadores que aseguren el cierre de brechas sociales; los recursos de Canon entregado a las Universidades, deberán ser otorgados a través de fondos concursables administrados por CONCYTEC.
3. La promoción de las actividades de exploración debe darse bajo un nuevo modelo regulatorio, con procedimientos predecibles y sencillos; protegiéndose los derechos de las comunidades y facilitando la generación de acuerdos sostenibles en el tiempo entre estas y las empresas.
4. Necesidad de un nuevo modelo de evaluación ambiental, acompañamiento de la autoridad ambiental en la formulación de los EIA, que estará informada y ayudará al cumplimiento de los plazos.
5. Nuevo enfoque de la fiscalización ambiental de la OEFA sobre la base de la evaluación de desempeño de las empresas mineras.
6. Necesidad de diseñar mecanismos de participación ciudadana efectivos que involucre a los ciudadanos desde una etapa temprana (cuando se decide el uso del territorio) y a lo largo del desarrollo del proyecto minero (desde el diseño hasta el cierre).
7. Una mejor articulación del Estado frente a los conflictos con la creación de un Sistema Nacional de Transformación de los Conflictos Sociales.
8. Desde el Estado debe realizarse periódicamente el análisis de calidad regulatoria de las normas, promoviendo la inversión privada y protegiendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.

Es evidente la necesaria articulación que tiene que darse entre el Estado y el sector privado, en ambos enfoques se encuentran las mismas debilidades y fortalezas; el país necesita de sus sectores productivos, el inversor privado necesita de confianzas y políticas definidas, el tren de la historia pasa muy rápido, que en la primera estación nos encuentre cohesionados y con la mirada puesta en un común norte.

Al culminar la Convención Minera se firmó el acuerdo “Perumin a las nuevas generaciones”, titular expresivo que además evidencia subliminalmente una definición política, pues levanta cargos contra el propio Estado -y que los tiene- al señalar que “la improvisación y la demagogia en nuestro sistema de decisiones públicas” atentan contra el buen desenvolvimiento de la minería responsable; pero soslaya sus propias responsabilidades en el recelo que un sector importante de la ciudadanía tiene no sobre la actividad minera sino sobre el comportamiento empresarial de algunos.

Convencidos de la importancia y necesidad de la actividad minera, en tanto se acelera la diversificación productiva que rompa con la cuasi mono producción que genera dependencia, no incurriremos en el facilismo de recargar responsabilidades sólo en el Estado, es también el actor privado, generador del desconcierto y desconfianza, pues finalmente fueron las decisiones políticas del Estado las que establecieron un marco legal vinculante para que aquellas se alineen bajo un expectante compromiso de responsabilidad social.