POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
El ahora expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, anunció el cierre del Parlamento, instaurando un gobierno de emergencia excepcional, además que el próximo Congreso elabore una nueva Carta Magna, así como declarar en reorganización el sistema de justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional.
¡Impensable! Sí, esa podría ser la expresión que mejor calzó en esta coyuntura política vivida. Lo hecho por Castillo Terrones estuvo lejos, bastante, de tener algún asidero constitucional. De inmediato, uno a uno renunciaron los ministros, desde Salas (Trabajo) hasta Betssy Chávez (PCM), y se quedó solo. Literalmente, en la orfandad.
Paralelamente, los titulares de los citados organismos rechazaron de plano el pretendido golpe de Estado. Más aún, la aún vicepresidenta Dina Boluarte ratificó que “…se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”. Y como epílogo, un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional puso fin a tan aborrecible ambición. Así, despejado el camino, el Congreso adelantó la moción de vacancia, votándose abrumadoramente con 101 a favor: El “prosor” fue destituido por incapacidad moral permanente. Por la tarde, asumió funciones la señora Boluarte Zegarra.
¿Qué pasó exactamente para que Pedro Castillo tomase esa absurda decisión? Incierto, aunque una aproximación tiene que ver con la escalonada de denuncias por corrupción en su contra y de su entorno (familiares y allegados), algunos de ellos prófugos. Previo a la designación del último gabinete, doña Dina declinó participar, y días después fue absuelta por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Coincidentemente, salió libre el exjefe de la DINI, José Luis Fernández Latorre, revelando en un programa de noticias que el entonces mandatario sabía de los actos de corrupción de sus sobrinos. Jaque. Y, en la mañana de hoy, ante la Comisión de Fiscalización, Salatiel Marrufo, otrora Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, declaró que el entonces ministro Geiner Alvarado entregaba mensualmente S/ 50 mil a Pedro Castillo para mantenerse en el puesto. Mate.
Con toda la evidencia sobre la mesa, el profesor chotano entró en pánico. Entendible, sabía lo que venía, la defenestración del cargo. Y también lo que luego ocurriría y finalmente sucedió: Está detenido, y lo más probable es que pronto acabe tras las rejas con prisión preventiva, cerrándose ese capítulo, corto pero triste, de nuestra historia republicana.
Por su parte, llegó Dina, aunque esperemos que no sea para quedarse (lo ha repetido infatigablemente «Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente»), y renuncie, permitiendo que el señor José Williams Zapata convoque a elecciones generales, y esta vez cuando nos toque sufragar, lo hagamos pensando en el país y no en el anti.
