POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
El abogado Larry Ormeño Cabrera, coordinador del Colectivo Anticorrupción de Ilo, dio a conocer documentación emitida por el Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional de Moquegua (SITRA-GRM) que, a su juicio, revelaría una situación que debe ser investigada respecto a la permanencia de personal contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 276.
En entrevista con este Diario, Ormeño sostuvo que los documentos constituyen una alerta sobre presuntas irregularidades administrativas y planteó que debe determinarse si la prolongación de determinadas relaciones laborales obedeció únicamente a deficiencias de gestión o si existió algún tipo de favorecimiento.
El abogado anunció que promoverá las acciones administrativas y penales que considere pertinentes para que sean los organismos competentes los que establezcan si existen responsabilidades.
Los documentos sindicales revisados no acreditan por sí mismos la existencia de direccionamiento político ni vinculación partidaria de los trabajadores mencionados. Sí contienen, sin embargo, cuestionamientos expresos sobre el control del récord laboral y la permanencia de personal contratado, así como pedidos para que se determinen eventuales responsabilidades funcionales.
SINDICATO ADVIERTE SOBRE CONTROL DEL RÉCORD LABORAL
Uno de los documentos es el Oficio N.° 044-2026-SITRA/GR.MOQ., presentado el 12 de agosto de 2026 y dirigido a la gobernadora regional Gilia Gutiérrez Ayala, con atención al gerente general regional, Abraham Ponce Sosa.
En ese documento, el sindicato invoca los Acuerdos de Consejo Regional N.° 131-2012-CR/GRM, 215-2019-CR/GRM y 038-2021-CR/GRM, relacionados —según señala— con el control de las contrataciones y la necesidad de evitar que una inadecuada administración de personal genere posteriores contingencias laborales para la entidad.
Posteriormente, mediante el Oficio N.° 048-2026-SG-SITRA/GR.MOQ., recibido el 2 de septiembre, el sindicato comunicó al consejero delegado Cristian Branco Cuaila Paripanca que existiría personal cuya permanencia habría superado los periodos que el gremio considera compatibles con las disposiciones internas aplicables.
El propio sindicato solicita en ese documento que se adopten acciones administrativas y se determine responsabilidad en caso corresponda.
CASOS QUE DEBERÁ EXPLICAR LA ADMINISTRACIÓN
De acuerdo con la información consignada por el SITRA-GRM, sustentada además en el Informe N.° 552-2026-GRM/ORA-ORH/BSPPV, se identifican, entre otros, los siguientes periodos de permanencia:
- Personal de la Unidad Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo: 1 año, 4 meses y 28 días.
- Personal de Bienestar Social: 10 meses y 17 días.
- Personal de la Oficina de Almacén: 3 años, 7 meses y 17 días.
- Personal de Recursos Humanos: 1 año, 6 meses y 17 días.
- Personal de Tesorería: 2 años, 11 meses y 28 días.
Para Ormeño Cabrera, estos periodos ameritan una revisión caso por caso para establecer cuál fue la modalidad contractual utilizada, a qué proyecto estaba adscrito cada trabajador, qué funciones desempeñaba realmente y quién autorizó sus sucesivas permanencias.
Este punto resulta especialmente relevante debido a que el sindicato relaciona la problemática con personal contratado para proyectos de inversión, mientras que varios de los servidores aparecen desempeñando funciones en áreas administrativas como Recursos Humanos, Tesorería, Almacén y Bienestar Social.
La sola duración de un contrato no determina automáticamente la existencia de una irregularidad. Será necesario establecer la naturaleza de cada contratación, las funciones efectivamente realizadas y las disposiciones administrativas aplicables a cada caso.
ORMEÑO APUNTA A UNA PRESUNTA OMISIÓN
“Interpretando objetivamente la documentación, estaríamos ante una presunta e ilegal omisión de funciones”, manifestó Ormeño Cabrera.
El abogado señaló que las investigaciones deberían alcanzar las actuaciones de la Oficina Regional de Administración, cuyo titular es el CPC Wilfredo Saira Quispe, así como de Recursos Humanos y de cualquier otro funcionario que hubiera intervenido en las contrataciones, renovaciones o decisiones posteriores.
El señalamiento coincide con el contenido del Oficio N.° 048-2026, en el que el sindicato cuestiona expresamente la actuación del jefe de la Oficina Regional de Administración y solicita que se deslinden responsabilidades administrativas funcionales.
No obstante, corresponderá a las instancias competentes establecer si existió alguna infracción, omisión o responsabilidad concreta.
Ormeño también considera necesario determinar qué información llegó al despacho de la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala, cuándo fue puesta en su conocimiento y qué medidas fueron dispuestas.
RIESGO DE CONTINGENCIAS JUDICIALES
Otro de los cuestionamientos planteados está relacionado con las consecuencias que una deficiente administración contractual podría generar posteriormente para el propio Gobierno Regional.
El sindicato menciona en sus documentos casos de trabajadores que han recurrido o recurrirían al Poder Judicial y hace referencia incluso a mandatos judiciales vinculados con reposiciones y protección frente al despido.
Ormeño explicó que, dependiendo de las circunstancias específicas de cada contratación y de lo que finalmente determine la justicia, podrían generarse controversias por desnaturalización contractual, reposiciones, reconocimiento de derechos o pagos que terminarían siendo asumidos con recursos públicos.
Precisamente por ello, señaló que deberá reconstruirse una línea de tiempo documental: fecha de contratación, renovaciones, informes emitidos, advertencias efectuadas, funcionarios que tomaron conocimiento y decisiones adoptadas.
El cuestionamiento más delicado formulado por Ormeño Cabrera es de naturaleza política. El abogado sostiene que debe investigarse si entre las personas beneficiadas con permanencias prolongadas existen ciudadanos vinculados, simpatizantes o militantes de Perú Primero, organización política relacionada con la actual gobernadora regional.
Ormeño ha llegado a cuestionar públicamente si el Gobierno Regional estaría siendo utilizado como una suerte de “agencia de empleos de Perú Primero”. Hasta el momento, la documentación sindical revisada no acredita esa vinculación partidaria ni demuestra que las contrataciones hayan sido direccionadas por razones políticas. Esa afirmación corresponde al abogado y requerirá pruebas adicionales que permitan establecer si existió algún nexo entre decisiones administrativas concretas y eventuales intereses partidarios.
“Lo que debe determinarse es si estamos ante simples errores administrativos, negligencia o decisiones deliberadas para favorecer a determinadas personas”, sostuvo Ormeño.
El abogado anunció finalmente que promoverá las acciones correspondientes para que los órganos de control, administrativos y eventualmente el Ministerio Público determinen si existieron responsabilidades
