POR: FRANCISCO EDGAR FLORES MITA
Presento un resumen, de mi ponencia en el III Congreso Jurídico Internacional Virtual, realizado en nuestro país, los días 28,29 y 30 de octubre del 2020. En este Congreso, hice un análisis de los actos de corrupción cometidos por altos Funcionarios Públicos, en época de pandemia, quienes se corrompieron a pesar de tener conocimiento de lo siguiente:
Situación de emergencia, donde estaba en juego la vida de millones de peruanos. Escases de recurso de económicos. Penas severamente castigadas por nuestro Código Penal. Comisión de delitos imprescriptibles. Inhabilitación para ejercer función pública, carrera administrativa, de confianza y electos.
Esta realidad, tiene que obligarnos a repensar y reorientar nuestra política criminal en el país, que es el presupuesto de nuestro Derecho Penal, como dice Bustos Ramírez, “el Derecho Penal como disciplina no puede tener solo como objeto la norma, pues esta no tiene validez en sí misma. Su validez proviene de la Política Criminal”.
A pesar, de que la corrupción en el Perú, viene desde la época del Virreinato, es decir no es un tema nuevo, sin embargo, llama poderosamente la atención que, en plena emergencia sanitaria, marzo del 2020 al primero de junio del 2020, el Ministerio Publico a nivel nacional este investigando 653 casos de corrupción, siendo los más graves cometidos por funcionarios de alto nivel de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Salud.
El crimen organizado, el delincuente de cuello blanco, son muy comunes en el ámbito privado, en la comisión de delitos de tráfico de drogas, contrabando, secuestro, trata de personas, tráfico de armas y otros delitos graves.
Pero esa forma de perpetrar delitos, se ha trasladado al ámbito público, cuyos protagonistas son altos funcionarios públicos, que son sujetos que tienen educación superior, en universidades de renombre en nuestro país y en el extranjero, lo que nos lleva a pensar que la buena educación ¿no sirve para tener buenos funcionarios públicos?. A este tipo de delincuente, no le interesan los demás, puesto que se apropian de los recursos destinados a fines asistenciales, no le interesan las penas severas que pueden merecer, tratándose de un delito de peculado conforme al artículo 387 del Código Penal, donde son agravantes, el apropiarse de fondos asistenciales y cuando el monto de lo apropiado supera las 10 UIT, la pena es no menor de 8 ni mayor de 12 años e inhabilitación y multa.
Elevar las penas en los delitos contra la administración publica en nuestro país, desde mi punto de vista no ha servido, para reducirlo, muy por el contrario se han intensificado y elevado los montos de lo apropiado, es que ahora estos delitos se planifican en una mesa de directorio del proveedor, como sostiene el Dr. Danilo Lugo, donde se preocupan personalmente en cada detalle y se delegan funciones con mucho cuidado para no cometer errores, son perfeccionistas, minuciosos y manejan un bajo perfil para no despertar sospechas.
Estamos pues, frente modalidades delictivas, sumamente peligrosas que se dan dentro de nuestro país, y en algunos casos ya traspasan fronteras, como los actos de corrupción perpetradas por la Constructora ODEBRECHT que ha corrompido funcionarios públicos no solo en nuestro país, sino en otros países de Latinoamérica, el caso ECOTEVA, que es un caso donde sea afectado el patrimonio estatal y el orden socioeconómico.
Estamos frente a nuevas modalidades delictivas, perpetradas por organizaciones criminales integradas y lideradas por sujetos con educación superior, que, llevados por la ambición de acumular riqueza mal habida, vulneran ya no solo el patrimonio estatal, sino también el orden socio económicos de un país, como es el caso de los delitos de lavado de activos, que son delitos que más daño le hacen a la economía de nuestro país.
Los abogados, jueces, fiscales, solo somos operadores del derecho, es decir aplicamos las normas, que producen el Poder Legislativo y Ejecutivo, pero estas normas que producen estos poderes del estado, solo se basan en el incremento de las penas, recorte de derechos procesales de garantía, es decir producción de normas basadas en un populismo punitivo por un lado y por otro lado incremento de normas que engordan lo que el gran jurista alemán Gunther Jakobs, denomina el derecho penal del enemigo, que plantea que al delincuente se le trata como un enemigo de la sociedad, a quien debe eliminarse.
Es hora de la criminología, la política criminal y el derecho penal, que interactúen y empecemos a repensar otra solución para al menos reducir la comisión de los delitos que afectan el patrimonio del Estado.