La homologación de las remuneraciones de los Magistrados del Perú, tiene su origen en el marco constitucional de la ley, el Maestro y ahora actual Presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua Rodolfo Sócrates Najar Pineda, sostuvo que la Homologación de sueldos en el poder judicial se debe en estricto resguardo de la ley, ello en razón que el artículo 26.2 de la Constitución Política del Estado, reconoce tal derecho para los jueces y fiscales del Perú, por lo que en acuerdo arribado por los Jueces de Moquegua han decidido “hacer respetar el principio de intangilibidad de los derechos laborales reconocidos a los jueces del Poder judicial, lo cual no puede dejarse sin efecto por ninguna modificación legal como lo prevé el artículo 193 del Texto único ordenado de la ley orgánica del Poder Judicial” .
Este acto de resguardo de los derechos laborales de los magistrados peruanos, está plasmado además en el Acuerdo Nro. 118-2019 aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el cual tiene su origen en la novísima Ley 30970, del 20 de junio del 2019, y que en su Segunda Disposición Complementaria Final aprueba una Bonificación Especial, para Jueces y Fiscales Supremos Titulares, equivalente a S/. 11,700 nuevos soles, por lo que se concluye que un Magistrado Supremo Titular percibirá la suma de S/. 42,717.20 nuevos soles mensuales, y que la estructura de la Homologación deberá ser tomada en cuenta conforme lo prevé la ley 30125, la cual favorece con el 80% para Jueces y Fiscales Superiores, 62% para Jueces Especializados y Fiscales Provinciales y 40% para Jueces de Paz y Fiscales Provinciales Adjuntos.
Esta medida de otorgárseles a la justicia un mejor valor económico a nivel de mejores ingresos para los magistrados, traerá como consecuencia una medida de favorecimiento patrimonial a los magistrados, lo cual no resulta descabellado, puesto que asegurar la tranquilidad económica de los jueces y fiscales ha traído buenos resultados en la correcta administración de justicia, como así fue en el periodo de Alejandro Toledo, mediante el nombramiento de jueces y fiscales con sueldos que significaron razonables para la función y responsabilidad de nuestros magistrados.
Sin embargo una función que está quedando al olvido significa el maltrato económico que están viviendo los secretarios, asistentes jurisdiccionales, técnicos y demás trabajadores judiciales y fiscales, los cuales año a año vienen exigiendo el aumento de sus sueldos y que de manera apócrifa el Estado les hacen el ademán de incremento salarial con la entrega de bonos, los cuales no generan incrementos salariales, por lo que si de justicia estamos hablando, lo correcto significaría que “si el padre va a tener mejoras económicas” “el hijo también las tenga” eso es justicia.