POR: ABOGADO CÉSAR MARÍN CÁCERES
El Congreso de la República iniciará una investigación sumarísima a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) lo miembros de la JNJ señalan que lo que pretende el Congreso es removerlos a todos los integrantes y consideran que no han cometido ninguna infracción constitucional.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene la función de nombrar y seleccionar a los jueces fiscales de todos los niveles y en todo el país, también ratifica cada 5 años a los jueces y fiscales. Este órgano ha sido creado en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el cual se encontró muchas irregularidades e incluso comisión de delitos entre sus miembros los cuales fueron destituidos y otros renunciaron.
Se quiere hacer una investigación sumarísima por presunta falta grave con la clara intención de remover a sus miembros, estas acciones atentan contra el orden constitucional y democrático, además se está atentando contra el equilibro de poderes. Todo empezó cuando se ha iniciado la investigación contra la actual Fiscal de la Nación, eso ha dado lugar a acusaciones, mociones e investigaciones preliminares en el Congreso de la República y que ahora puede dar lugar a que se les destituya del cargo.
La Junta Nacional de Justicia es producto de una reforma constitucional vía referéndum y obtuvo el 86 por ciento de los votos por parte de la población para crear esta nueva institución, a raíz del referéndum se emitió la ley de reforma constitucional Nro. 30904 del 10 de enero del 2019, consideramos que el procedimiento que se va a seguir en el Congreso sea con las garantías del caso, se debe respetar las normas vigentes, caso contrario se estaría haciendo lo mismo que se hizo con los magistrados del Tribunal Constitucional Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo que fueron destituidos por el Congreso por una acusación constitucional, el pleno con un acuerdo de fecha 28 de mayo de 1997 decidió por mayoría su destitución por “ infracción constitucional” es decir por rechazar la ley de interpretación auténtica que permitía la reelección de Alberto Fujimori.
En esa oportunidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Tribunal Constitucional vs Perú el 31 de enero del 2001 sentenció sobre el fondo, con reparaciones y costas, esta sentencia dice: “declara que el Estado violó, en perjuicio de Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano, el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. E incluso los magistrados destituidos han recibido reparaciones por los daños y gastos ocasionados, teniendo estos antecedentes, el Congreso debe actuar con todas las garantías del debido proceso en el caso de la JNJ, no se puede volver a repetir la historia.