POR: MAGGY VERA ANDUAGA (ABOGADA DEL ESTUDIO JURIDICO VERA & ASOCIADOS)
A propósito de las recientes elecciones de segunda vuelta, que parece no tener fin, para elegir a un nuevo presidente del Perú para el siguiente quinquenio, que en vez de ser un proceso electoral que se lleve en un ambiente de fiesta democrática, ha sido una constante de violaciones de los derechos fundamentales y de la dignidad humana en su mayor resplandor sobre todo en los espacios virtuales y en varios medios de comunicación.
En la actualidad, las relaciones sociales se desarrollan en plataformas virtuales y redes sociales que gracias al uso de tecnología e internet permiten superar la distancia y tiempo y sin duda han sido los más usados en los últimos procesos electorales. Más aún la pandemia ha empujado al cambio del paradigma “de la forma de hacer política” no solo de los políticos sino de la misma ciudadanía. Sin embargo, el gran uso de este nuevo escenario, podría equipararse en analogía lo que es el crecimiento económico al desarrollo económico, pues no ha sido provechoso su cobertura en términos de respeto a los derechos fundamentales, de libertad de expresión y de la democracia.
Por el contrario, de que en los espacios virtuales se desarrollaran debates democráticos alturados se convirtieron en trincheras entre los seguidores de ambos candidatos desafortunadamente satanizados, en virtud que algunos medios de comunicación y los propios partidos políticos de rivalidad, se dedicaron a desinformar a la población y a difundir mensajes llenos de contenido doloso con la intención generar a los votantes emociones de miedo con el “todos son terrucos” u odio con el “todos son corruptos”, en vez de comunicar las propuestas políticas, la estrategia era acabar con la credibilidad del contrincante y obtener el favor en las urnas del voto emocional.
Como resultado de las malas y viejas prácticas políticas llevadas a las plataformas virtuales, es que no ha habido amigos, compañeros y familiares enemistados por tan solo manifestarse a favor de uno u otro candidato, se han desencadenado pugnas de diversos colectivos y desarrollado grupos para los ataques y defensa de violencia digital en torno a la política, que incluso conllevaron a graves actos de violencia física en varias manifestaciones políticas en las calles.
La dignidad humana debe estar por encima de las creencias culturales, sociales y políticas, en tal sentido las relaciones sociales deben basarse en el respeto a la persona, ante todo, a su libre desarrollo de la personalidad y de ideas, incluso políticas. Asimismo, la sociedad debe basarse en una estructura y organización democrática que debe ser interiorizada por cada ciudadano en el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Derechos humanos y democracia constituyen hoy verdaderos dogmas políticos contra los que nadie se atreve a alzar la voz en el derecho internacional ya que las relaciones con otros países están supeditadas a esas dos grandes ideas que deben coexistir inevitablemente y que todo ciudadano peruano debe tener en cuenta.
Hasta el momento no sabemos quién gobernará los próximos 5 años, pero quien sea que lo haga respetando la democracia y los derechos fundamentales, y los peruanos debemos cooperar en todos los ámbitos que nos desenvolvemos, para afianzar esas ideas centrales que deben unir a nuestra nación.
En conclusión, nuestras relaciones sociales deben estar basadas en el respeto a la dignidad humana. En ese sentido, Kant afirma que el hombre es un fin en sí mismo, no un medio, idea recogida por nuestra Carta Magna que establece en su primer artículo “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, razón por la cual toda actuación del Estado debe estar encaminada a su protección y tutela efectiva.
Asimismo, al establecerse como instrumento fundamental para que los individuos desarrollen plenamente su personalidad y capacidades, es indispensable su reconocimiento y valoración en todas las relaciones sociales, más aun teniendo en cuenta que el estado peruano tiene que garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, como lo establece la constitución en su artículo 44° como uno de los deberes primordiales del Estado.
VÍCTOR M. MARTÍNEZ BULLÉ-GOYRI D.R.© 2013. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 136, pp. 41