POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Estaba cantado. Sí, era cuestión de tiempo para que el Congreso de la República, en la prerrogativa constitucional de la que goza, inhabilitara hasta por 10 años del ejercicio de la función pública a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, encontrándose entre ellos la señora Luz Inés Tello de Ñeco. Bastaron 67, un voto más de lo requerido, para que el acuerdo legislativo fuese inmediatamente publicado en el Diario Oficial El Peruano.
La imputación, bastante conocida, estuvo relacionada con su edad; o, mejor dicho, su avanzada edad para ocupar tan prestigioso cargo. Dos posiciones, enfrentadas entre sí, marcaron el debate en el pleno del Parlamento, y antes de eso en la opinión pública. De un lado, los caviares la defendieron interpretando -antojadizamente desde luego- el articulado de nuestra Carta Política en el sentido que la prohibición de no contar con más de 75 años solo estaba limitada al ingreso a la JNJ, más no a su permanencia. En sentido opuesto, y que finalmente fue la posición mayoritariamente determinante, adujo que el mencionado límite cronológico también abarcaba a la duración en la relación laboral. En otras palabras, esta dama -al cumplir dicha edad- debió renunciar al día siguiente. No lo hizo, y por el contrario se aferró inútilmente al puesto.
Distinto fue el caso del señor Henry José Ávila Herrera, quien, al tomar conocimiento por medios periodísticos de la revelación de su estrecha vinculación con el lenguaraz del otrora exfuncionario de Pablo Sánchez, entonces Fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, renunció de inmediato a esta entidad en febrero pasado.
Sin embargo, lo más delicado (o grave según lo apreciemos) de su negativa de dar un paso al costado, fue que su accionar comprometió largamente la gestión de los demás miembros que poco o nada tuvieron que ver con la majadería de la señora Tello de Ñeco.
Margareth Thatcher, exprimera ministro británica, conocida como la “Dama de Hierro”, dijo alguna vez que “todos somos desiguales, aunque igualmente importantes”. Y ciertamente tuvo razón, pues al pretender entronizarse en el poder, los legisladores le dieron a doña Luz Inés una jubilación forzada.