POR: LUIS MIGUEL CAYA SALAZAR
En Moquegua existen dos realidades que retratan mejor que cualquier discurso las prioridades de la actual gestión regional encabezada por Gilia Gutiérrez Ayala.
En una de ellas, la gobernadora regional y sus principales funcionarios despachan desde ambientes administrativos remodelados, equipados con nuevo mobiliario, servicios higiénicos, mejoras arquitectónicas e instalaciones vinculadas al sistema de aire acondicionado.
En la otra cara de la moneda, cientos de niños de la I.E. Amparo Baluarte continúan estudiando en ambientes de contingencia construidos con drywall y estructuras prefabricadas, mientras esperan una obra que debió estar concluida hace más de un año.
COMPARACIÓN INEVITABLE
Para remodelar las oficinas de la Gobernación, Vicegobernación, Gerencia General, Procuraduría y otras dependencias de la sede regional, se aprobó una IOARR cuyo costo pasó de S/ 478,291 a aproximadamente S/ 890,858.
La intervención contempló la remodelación arquitectónica, nuevos servicios higiénicos, mobiliario y equipamiento para ambientes administrativos, horno microondas, frigobar, vajillas y demás “lujos” para uso de la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala. Una memoria descriptiva difundida públicamente también consigna instalaciones de drenaje para aire acondicionado.
Mientras tanto, la obra de la I.E. Amparo Baluarte sigue sin terminar.
CASI 500 NIÑOS EN AULAS DE CONTINGENCIA
En febrero de 2024, el propio Gobierno Regional informó que el plan de contingencia comprendía nueve ambientes construidos con drywall, cerco perimétrico y cobertura metálica. Esos ambientes debían albergar temporalmente a cerca de 500 estudiantes de inicial y primaria mientras se ejecutaba la nueva infraestructura.
La condición de contingencia debía ser precisamente eso: temporal. Sin embargo, la demora de la obra convirtió lo provisional en una situación prolongada.
Padres de familia y medios locales han cuestionado que los alumnos continúen estudiando en aulas prefabricadas, mientras la infraestructura definitiva acumula retrasos y nuevas promesas de entrega.
Los niños no deberían soportar durante años las consecuencias de una deficiente planificación, de expedientes modificados repetidamente ni de plazos que se amplían cada vez que la gestión incumple una fecha.
LA OBRA DEBIÓ CULMINAR EN ABRIL DE 2025
La construcción de la nueva institución educativa comenzó el 6 de noviembre de 2023, bajo la modalidad de administración directa, con un plazo original de 540 días calendario.
Por tanto, la obra debía concluir el 28 de abril de 2025, situación que no ocurrió.
El Gobierno Regional aprobó una primera ampliación de 190 días, trasladando la fecha de término al 4 de noviembre de 2025. Luego autorizó una segunda ampliación de 241 días, hasta el 3 de julio de 2026. Finalmente, el 15 de julio de este año aprobó una tercera ampliación de 119 días, fijando como nueva fecha de culminación el 30 de octubre de 2026.
De acuerdo con la Resolución de Gerencia Regional N.° 162-2026, el plazo original de 540 días recibió tres ampliaciones sucesivas de 190, 241 y 119 días. En conjunto, estas prórrogas representan 550 días adicionales y elevan el plazo total estimado de ejecución a 1,090 días.
Las ampliaciones suman 550 días adicionales: diez días más que todo el plazo original de la obra.
En otras palabras, el Gobierno Regional ha necesitado más tiempo adicional que el periodo que inicialmente afirmó que requería para construir todo el colegio. Eso no es eficiencia; eso es fracaso de planificación y ejecución.
EL COSTO DE LA OBRA SIGUE SUBIENDO
La obra fue declarada viable en abril de 2020 con un presupuesto inicial de S/ 5,825,939.80. En junio de 2023, se aprobó el expediente técnico por aproximadamente S/ 13.1 millones, más del doble del monto con el que el proyecto había obtenido viabilidad.
Durante la ejecución, el Gobierno Regional aprobó cinco modificaciones presupuestales.
Según la Resolución de Gerencia Regional N.° 057-2026, la inversión viable, aprobada el 18 de abril de 2020, fue de S/ 5,825,939.80. Posteriormente, el expediente técnico, aprobado el 16 de junio de 2023, elevó el presupuesto a S/ 13,110,476.83.
A este monto se añadieron cinco modificaciones. La primera, aprobada el 6 de mayo de 2024, ascendió a S/ 424,413.04. La segunda, del 31 de diciembre de 2024, fue de S/ 3,192,545.34. La tercera, aprobada el 22 de agosto de 2025, alcanzó los S/ 1,133,545.10. La cuarta, del 12 de septiembre de 2025, sumó S/ 2,381,060.11; y la quinta, aprobada el 13 de mayo de 2026, representó otros S/ 2,220,149.98.
Con estas modificaciones, el costo nominal acumulado de la obra llegó a S/ 22,462,190.40.
Estos montos demuestran algo incontestable: el expediente técnico no permitió ejecutar la obra, hasta el momento, sin cinco modificaciones sucesivas.
Una obra que nació con menos de seis millones de soles ahora supera los veintidós millones y todavía no está terminada.
¿Quién elaboró el expediente técnico? ¿Quién revisó los metrados? ¿Quién aprobó partidas que después tuvieron que modificarse? ¿Quién responde por los costos indirectos generados por las sucesivas ampliaciones?
Hasta ahora, abundan las resoluciones y faltan los responsables.
CONTRALORÍA ADVIRTIÓ DEFICIENCIAS
El retraso y el incremento del costo no son los únicos problemas. En agosto de 2024, la Contraloría detectó situaciones adversas en la ejecución de la obra.
El órgano de control advirtió oquedades o vacíos en los muros de contención, atribuidos a una inadecuada dosificación de agregados y a deficiencias en la colocación y compactación del concreto.
También señaló diferencias entre el avance físico y el avance financiero, modificaciones en estructuras sin aprobación previa, retrasos frente al cronograma y deficiencias relacionadas con la seguridad y la documentación de la obra. El informe fue notificado formalmente a la gobernadora regional.
Estas observaciones son especialmente graves porque se trata de una institución educativa. No se construye un almacén; no se construye una oficina administrativa. Se construye un colegio donde estudiarán cientos de niños.
Cualquier deficiencia en muros, concreto, acero, rutas de evacuación o elementos estructurales debe ser corregida y verificada antes de que la infraestructura sea recibida.
La responsabilidad política corresponde a la gestión regional. La responsabilidad técnica y administrativa deberá determinarse entre la Gerencia Regional de Infraestructura, la Subgerencia de Obras, los residentes, inspectores y funcionarios que aprobaron las modificaciones y ampliaciones.
MIS LUJOS PRIMERO, LOS NIÑOS DESPUÉS
El contraste resulta ofensivo para cualquier padre de familia. Para las oficinas de la gobernadora regional y de los altos funcionarios hubo remodelación, mobiliario, baños, nuevos ambientes y equipamientos lujosos. Para los niños de la I.E. Amparo Baluarte hubo drywall, aulas prefabricadas y promesas incumplidas.
Para la sede administrativa hubo recursos y prioridad; para el colegio hubo cinco modificaciones y tres ampliaciones.
La gobernadora puede sostener que la remodelación de sus oficinas y la construcción del colegio pertenecen a proyectos distintos. Formalmente, es cierto. Pero la discusión no es únicamente contable: es moral, es política y es una cuestión de prioridades.
Una autoridad revela sus prioridades no por lo que dice en las ceremonias, sino por aquello que logra terminar.
Al cierre de julio de 2026, las oficinas de Gilia Gutiérrez ya fueron remodeladas, mientras la I.E. Amparo Baluarte apenas registra alrededor del 69 % de avance.
CERCA DE 500 NIÑOS NO PUEDEN SEGUIR ESPERANDO
Los estudiantes de la I.E. Amparo Baluarte son niños que necesitan aulas seguras y ventiladas, servicios higiénicos adecuados, espacios recreativos y condiciones dignas de aprendizaje.
Cada ampliación prolonga la contingencia. Cada incumplimiento afecta un nuevo año escolar. Cada error del expediente técnico se paga con dinero público y con tiempo de educación perdido.
Gilia Gutiérrez Ayala no puede limitarse a visitar la obra, tomarse fotografías y repetir que la educación es prioridad de su gestión.
Debe responder públicamente: ¿por qué no se cumplió la entrega anunciada para octubre de 2025? ¿Por qué la obra ya acumula 550 días adicionales? ¿Por qué se aprobaron cinco modificaciones presupuestales?
¿Qué funcionarios fueron responsabilizados por las deficiencias del expediente técnico? ¿Se corrigieron todas las situaciones adversas advertidas por la Contraloría? ¿El 30 de octubre de 2026 será realmente la fecha final o vendrá una cuarta ampliación?
Los padres merecen certezas, no nuevas promesas. Y los niños de la I.E. Amparo Baluarte merecen estudiar en el colegio que se les ofreció, no continuar pagando las consecuencias de una gestión que encuentra dinero y tiempo para acondicionar sus propias oficinas, pero no demuestra la misma eficiencia para terminar una escuela.
Las autoridades trabajan con comodidad. Los alumnos siguen esperando. Esa es la verdadera fotografía de la gestión regional.
