A pocos días de que venza la única medida restrictiva impuesta contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, el Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial que el juicio oral por el caso de los presuntos sobornos en Moquegua se acelere con más de una audiencia por semana.

Vizcarra enfrenta un proceso por supuestamente haber recibido S/ 2.3 millones de las empresas Obrainsa e ICCGSA a cambio de la adjudicación de dos importantes obras públicas: Lomas de Ilo y la Ampliación del Hospital de Moquegua, cuando fue gobernador regional.

El juicio oral comenzó el 28 de octubre del 2024, pero su avance ha sido lento. La Fiscalía advierte ahora que el impedimento de salida del país vence el 4 de julio y, si no se actúa con celeridad, Vizcarra podría quedar sin ninguna restricción judicial vigente, a pesar de que el proceso continúa.

FISCALÍA: ESTRATEGIA DILATORIA

El pedido de aceleración fue formulado por el fiscal Osías Castañeda, del Equipo Especial Lava Jato, ante el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional. En el requerimiento, enviado el 17 de junio y revelado por el diario El Comercio, la Fiscalía subraya que las audiencias semanales actuales no permiten avanzar a un ritmo razonable hacia una sentencia.

Castañeda recordó que el Ministerio Público culminó su etapa probatoria en menos de tres meses, con la presentación de 33 testigos y peritos. En contraste, la defensa de Vizcarra —que solo ha convocado 18 testigos— ha tomado más de cuatro meses en la misma fase.

La próxima audiencia ha sido programada para el lunes 23 de junio, en la cual la Fiscalía sustentará oralmente la urgencia del pedido, señalando que la proximidad del vencimiento del impedimento de salida plantea un serio riesgo procesal.

JUEZA YA NEGÓ MÁS AUDIENCIAS: ¿SE REPITE LA HISTORIA?

No es la primera vez que el Ministerio Público solicita audiencias dobles. En una petición anterior, la jueza Fernanda Ayasta rechazó la propuesta, alegando que el tribunal mantiene 12 juicios en paralelo y no puede atender el pedido.

Sin embargo, de aprobarse ahora, el nuevo calendario de audiencias difícilmente alcanzaría a evitar el vencimiento del 4 de julio, lo que abriría la puerta para que el exmandatario —acusado de corrupción— quede libre de toda restricción mientras el juicio aún no concluye.