POR JULIO CÉSAR FARFÁN VALVERDE (UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
Tres años después de que la Unidad de Investigación (UDI) de Prensa Regional revelara el caso denominado “Corrupción 4×4”, el Ministerio Público tomó finalmente una posición procesal sobre los hechos que desde septiembre de 2023 colocaron bajo investigación contrataciones realizadas en el Gobierno Regional de Moquegua y la Subregión Ilo.
El fiscal provincial Víctor Arturo Muñoz Leyva presentó un requerimiento de acusación contra 11 personas, entre ellas la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala; su hermana Katherine Fiorella Gutiérrez Ayala; y Luis Yonathan Sanca Umiyauri, uno de los nombres centrales de las primeras revelaciones periodísticas.
MUÑOZ LEYVA PRESENTÓ LA ACUSACIÓN CASI OCHO MESES DESPUÉS
El requerimiento llegó el 7 de septiembre de 2026, casi ocho meses después de que el propio Muñoz Leyva declarara concluida la investigación preparatoria y tiene como calificación jurídica principal la presunta comisión del delito de colusión agravada, mientras que la negociación incompatible aparece como calificación alternativa o subsidiaria. El requerimiento corresponde a la Carpeta Fiscal N.° 293-2023 y se tramita en el Expediente N.° 01086-2024-38-2801-JR-PE-03 ante el 3.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Mariscal Nieto, a cargo del juez Rafael Bartolomé Copaja Mamani.
La presentación del requerimiento constituye el cambio procesal más importante registrado en el expediente desde que la Fiscalía formalizó la investigación preparatoria. No representa una declaración de culpabilidad ni determina todavía que los hechos imputados hayan sido judicialmente probados. Sí significa que, culminada su investigación, el Ministerio Público considera que cuenta con elementos de convicción suficientes para sostener formalmente una acusación y someterla al control de un juez. Todos los comprendidos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme.
ONCE NOMBRES PASAN A LA ACUSACIÓN
De acuerdo con la información obtenida por la UDI, el requerimiento comprende a Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, Katherine Fiorella Gutiérrez Ayala, Luis Yonathan Sanca Umiyauri, Luis Sanca Coaquira, Karen Lisset García Pastor, Yimber Renzo Guillén Chura, Mauro Huamaní Montañez, Cinthia Llayeri Vilca, Leyder Nelson Riveros Pariona, Samara Avelina Soto Paredes y Henrry Renzo Ticona Condori. La tesis fiscal presentada ante el Poder Judicial tiene como calificación principal la presunta colusión agravada.
La nómina no surge de un expediente ajeno a las revelaciones realizadas por este diario. Varios de esos nombres ya habían aparecido durante las distintas fases de una investigación fiscal que terminó estructurada alrededor de dos grupos de hechos: contrataciones vinculadas al Gobierno Regional de Moquegua y otras correspondientes a la Subregión Ilo.
La Disposición Fiscal N.° 38-2026, mediante la cual Muñoz Leyva dio por terminada la investigación preparatoria el pasado 9 de enero, muestra que Gilia Gutiérrez se encontraba comprendida en ambos bloques de hechos, junto con funcionarios y particulares a quienes el Ministerio Público atribuía distintas formas de intervención. Katherine Gutiérrez y Luis Sanca Umiyauri también aparecían en los dos grupos investigados.
La información del requerimiento a la que accedió La Prensa Regional permite confirmar los nombres de los acusados y la calificación penal formulada, pero el material proporcionado para esta publicación no contiene el desarrollo íntegro e individualizado de la conducta finalmente atribuida a cada uno de los once.
EL EXPEDIENTE QUE COMENZÓ CON LAS CAMIONETAS
“Corrupción 4×4” comenzó públicamente el 11 de septiembre de 2023, cuando la UDI de La Prensa Regional reveló una serie de contrataciones y alquileres de vehículos que mostraban coincidencias entre proveedores, personas vinculadas entre sí y funcionarios responsables de distintas fases de los servicios contratados por entidades del Gobierno Regional de Moquegua.
Dos camionetas Toyota Hilux terminaron convirtiéndose en uno de los hilos conductores de la investigación periodística: las unidades de placas VCF-948 y VCF-924.
A partir del cruce de contratos, documentos administrativos, partes de circulación, registros vehiculares, fotografías, videos y testimonios, la UDI advirtió situaciones que ameritaban esclarecer quiénes se encontraban realmente detrás de determinados servicios, qué vehículos habían sido contratados, dónde prestaban servicios y qué personas participaban en las coordinaciones que rodeaban esas operaciones.
Entre las empresas que aparecieron en las investigaciones periodísticas y posteriores actuaciones del caso figuraron AQSA Asesoría y Construcción, Servicios Lusal y Productos Angeluis, además de otros proveedores vinculados a las contrataciones que fueron materia de seguimiento. Prensa Regional entregó posteriormente al Ministerio Público documentación y archivos obtenidos durante su investigación para que fueran valorados dentro de la carpeta fiscal.
DE LAS PUBLICACIONES A LA FORMALIZACIÓN
El caso adquirió otra dimensión el 10 de noviembre de 2023, cuando el Ministerio Público desplegó diligencias de allanamiento e incautación en Moquegua, Ilo y Arequipa como parte de las investigaciones abiertas alrededor de los hechos denunciados.
Durante los meses siguientes, la Fiscalía incorporó documentación, recibió declaraciones y desarrolló actos destinados a determinar si las contrataciones cuestionadas podían tener relevancia penal. La investigación dejó entonces de depender de lo que sostuviera Prensa Regional y pasó a formar parte de una carpeta dirigida por el Ministerio Público.
El siguiente paso llegó el 30 de octubre de 2024, cuando mediante la Disposición Fiscal N.° 17-2024-3DFECOF se formalizó la investigación preparatoria. En esa fase, la Fiscalía trabajó los hechos bajo la calificación principal de presunta colusión agravada, acompañada de negociación incompatible como calificación subordinada.
La formalización tampoco significó que lo denunciado periodísticamente hubiera quedado judicialmente probado. Supuso que el Ministerio Público consideró que existían elementos que justificaban continuar la persecución penal dentro de una investigación preparatoria sometida ya al marco procesal correspondiente. Desde entonces, el caso siguió acumulando actuaciones y también cuestionamientos respecto de su conducción.
UNA FOTOGRAFÍA QUE COBRÓ VALOR EN EL EXPEDIENTE
Entre el material reunido por la UDI hubo un registro que terminó teniendo especial relevancia periodística para contrastar la naturaleza de las relaciones existentes entre algunos de los protagonistas del caso.
Se trata de fotografías obtenidas de la celebración del cumpleaños de Gilia Gutiérrez realizada el 30 de agosto de 2023 en Casa Campo San José de Molina, Fundo El Rayo. En una de las imágenes aparecen juntos Gilia Gutiérrez, Katherine Gutiérrez y Luis Yonathan Sanca Umiyauri, compartiendo una reunión de carácter familiar apenas doce días antes de que Prensa Regional publicara la primera entrega de “Corrupción 4×4”.
La relevancia de ese registro surgió posteriormente por contraste con la versión brindada por la gobernadora dentro de la investigación fiscal. Según la documentación entregada por Prensa Regional al despacho de Muñoz Leyva, en su declaración de marzo de 2024 Gilia Gutiérrez manifestó que había visto a Luis Sanca en algunas actividades relacionadas con la campaña electoral y sostuvo que desconocía si mantenía una relación con su hermana Katherine.
La fotografía no demuestra por sí misma ninguna concertación ilícita, participación contractual ni responsabilidad penal. Su importancia fue distinta: permitió contrastar documentalmente el nivel de cercanía descrito en una declaración con un registro gráfico anterior en el que los tres aparecen compartiendo una celebración familiar.
Ese tipo de cruces documentales constituyó una de las líneas sobre las que Prensa Regional continuó trabajando incluso después de que el Ministerio Público asumiera formalmente la investigación.
DE COLUSIÓN AGRAVADA A SIMPLE
La investigación preparatoria llegó formalmente a su término el 9 de enero de 2026. Ese día, Muñoz Leyva emitió la Disposición Fiscal N.° 38-2026 y declaró que la investigación había cumplido con su objeto, por lo que correspondía darla por concluida.
El documento introdujo entonces una modificación relevante en la calificación jurídica que hasta ese momento había acompañado el expediente. Mientras la formalización de octubre de 2024 había considerado como calificación principal la presunta colusión agravada, la disposición de enero consignó para los dos hechos investigados la colusión simple, manteniendo la negociación incompatible como calificación subordinada.
La variación no constituye por sí misma una irregularidad. La calificación jurídica de los hechos puede modificarse conforme avanza una investigación y se valoran los elementos incorporados. Sin embargo, el cambio adquirió especial relevancia con lo ocurrido ocho meses más tarde, cuando la Fiscalía formuló finalmente su acusación.
Antes de ello, la propia Disposición N.° 38-2026 había dejado establecido que, concluida la investigación, el Ministerio Público emitiría el pronunciamiento correspondiente dentro del plazo previsto por el artículo 344.1 del Código Procesal Penal.
La Fiscalía había cerrado la etapa destinada a investigar. Quedaba pendiente adoptar una posición definitiva sobre el destino procesal del caso.
EL EXPEDIENTE SALE DEL ÁMBITO EXCLUSIVO DE LA FISCALÍA
Con el requerimiento ya presentado, el centro del caso se desplaza hacia el 3.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Mariscal Nieto, a cargo del juez Rafael Bartolomé Copaja Mamani.
La etapa que comienza no equivale todavía a un juicio oral. La acusación debe ser notificada a los sujetos procesales, quienes cuentan con mecanismos para formular observaciones, presentar excepciones, solicitar sobreseimiento, objetar determinados extremos y ofrecer los medios probatorios que consideren pertinentes. Posteriormente deberá desarrollarse la audiencia de control de acusación.
Será en ese escenario donde el Ministerio Público tendrá que defender la estructura del requerimiento presentado, mientras las defensas podrán cuestionarlo dentro de los mecanismos previstos por el Código Procesal Penal. El juez no determinará todavía la culpabilidad o inocencia de los acusados, sino si el requerimiento fiscal supera los controles exigidos para que el caso pueda avanzar hacia una eventual etapa de juzgamiento.
Ese cambio es sustancial para “Corrupción 4×4”. Durante tres años, la discusión pública giró alrededor de las revelaciones periodísticas, la respuesta de los investigados y la manera en que el Ministerio Público conducía la investigación. Desde ahora, una acusación fiscal concreta deberá ser examinada en sede judicial.
TRES AÑOS DESPUÉS, LA FISCALÍA ASUME UNA TESIS ACUSATORIA
La acusación presentada el 7 de septiembre no convierte automáticamente las publicaciones de Prensa Regional en hechos judicialmente acreditados. Tampoco permite concluir que los once acusados sean responsables de los delitos atribuidos.
Lo que establece es un hecho procesal de considerable importancia: el Ministerio Público culminó su investigación y decidió sostener ante un juez que existen elementos suficientes para formular acusación por presunta colusión agravada contra Gilia Gutiérrez y otras diez personas.
Ese es el escenario al que ha llegado un caso que comenzó en septiembre de 2023 con el seguimiento de contratos de alquiler de camionetas, proveedores y relaciones personales que aparecían alrededor de distintas operaciones del Gobierno Regional y la Subregión Ilo; que después generó diligencias fiscales, allanamientos y una investigación preparatoria formal; y que ahora deberá atravesar el filtro judicial previo a cualquier eventual juicio oral.
El expediente entra así en una fase en la que los hechos deberán ser discutidos bajo reglas distintas. La Fiscalía tendrá que sustentar la acusación que ha decidido presentar, las defensas ejercerán sus derechos procesales y el juez deberá resolver los cuestionamientos que se formulen.
Solo si la acusación supera ese control podrá abrirse posteriormente un juicio oral, instancia en la que las pruebas serán actuadas y un órgano jurisdiccional podrá determinar si existe o no responsabilidad penal.
Hasta entonces, la presunción de inocencia permanece intacta.
Lo que cambió el 7 de septiembre es otra cosa: después de tres años de investigaciones, el caso Corrupción 4×4 dejó de esperar una definición del Ministerio Público. Ya existe una acusación y, por primera vez, esa tesis fiscal deberá sostenerse frente al control de un juez.
