POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
En la convicción del rol fundamental que asumen los partidos políticos en la construcción de nuestra institucionalidad democrática, las reformas electorales se muestran dinámicas y sujeta a permanente revisión, como ayer que para romper con los caciques partidarios y liberarse de las imposiciones verticales, nada democráticas, se instituyó el llamado voto preferencial, que hoy está en las perspectiva de eliminarse, cargando tras de sí las culpas ajenas de una tenue legitimidad, especialmente parlamentaria; ante las graves incidencias en la vida política, de actores privados nada santos, que con osadía intervenían sin mayor control so pretexto de consolidar la democracia, cuando su mezquino interés era el lucro encubierto, no necesariamente económico sino las facilidades que desde el poder se les pueda tributar, motivaron que se incorpore con nombre propio el financiamiento público directo a los partidos políticos
La democracia tiene un costo, dentro del contraste de propuestas, para que el ciudadano elija y bien, tiene que decidir sobre un mensaje político, el mismo que tiene que mostrarse plural y hoy ya no son los tradicionales mítines políticos, determinantes en las elecciones de otrora, sino son variadas y complejas las formas de cómo llegar al elector y eso implica recursos.
No es pues solo la transparencia sino la igualdad de condiciones de las distintas ofertas electorales, tal como lo señala Kevin Casas: inciden directamente sobre la equidad electoral, sobre las posibilidades reales disfrutadas por los partidos y por los candidatos para hacer llegar sus mensajes a los votantes; incide en términos más amplios en la igualdad política; y tiene un impacto sobre la integridad política y sobre la autonomía de los tomadores de decisiones públicas.
El financiamiento público directo o del Estado a los partidos políticos, tiene ya veinte años como norma en nuestro país, recogido en nuestra primera ley de partidos políticos y se aplicada desde 2017, estableciéndose: que le corresponde a los partidos políticos y alianzas electorales que obtienen representación en el Congreso; el equivalente al 0.1% de la UIT por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso y con cargo al Presupuesto General de la República; pudiendo ser utilizados, durante el quinquenio posterior a la mencionada elección en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas, gastos de funcionamiento ordinario, que deberán estar destinados para el funcionamiento de los comités partidarios, y mobiliario necesarios para atender actividades consustanciales al objeto de la organización política.
Veamos el caso del presente año, en diciembre pasado la ONPE aprobó la transferencia financiera, de enero a junio del año 2023, por un total de 7 millones 798 001.64 soles, a favor de diez organizaciones políticas con representación parlamentaria: Partido Político Nacional Perú Libre ( S/ 1 075 639.61), Fuerza Popular (S/ 957 530.59), Renovación Popular (S/ 843 268.72), Acción Popular (S/ 825 571.60), Alianza para el Progreso (S/ 741 414.23), Avanza País ( S/ 741 130.77), Juntos por el Perú (S/ 687 321.48), Partido Democrático Somos Perú (S/ 661 153.18), Podemos Perú (S/ 644 211.68), y el Partido Morado ( S/ 620 759.78). Pero, durante el periodo 2021-2026 recibirán un total de S/.77´980,000.00
Sin embargo, y una vez más, la condescendencia democrática se ve sobrepasada-a pesar de tratarse de agrupaciones políticas cuyo norte es administrar el país- por las graves distorsiones en el correcto uso de estos recursos públicos, las limitadas potestades de supervisión y sanción por su indebido uso, colocaron el tema en la discusión pública: planillas doradas para sus líderes, adquisiciones irregulares, alquileres fraguados, dispendios privilegiados; razón por la cual el ente rector, la ONPE, elaboro una propuesta que fue pre publicada, para precisar en el reglamento respectivo: la introducción de prácticas de gestión y control interno, y que realmente dichos recursos promuevan la participación política; criterios para su uso adecuado, eficiente y transparente y la ineludible rendición de cuentas.
Todo recurso público debe ser auditado y bien empleado, siendo un buen ejercicio democrático la transparencia de su uso, sujeto a mecanismos de control, de información pública, vigilando que realmente se encaminen a mejorar los niveles de articulación entre la ciudadanía y sus instituciones democráticas a instancia de los partidos políticos, a través de una asidua capacitación, y un ejercicio permanente y dinámico de desarrollar vida partidaria; quizás no debería llamarnos a sorpresa, pero en esa posibilidad humana de corregirse, tuvimos la expectativa que dicha iniciativa reglamentaria goce de un amplio respaldo partidario, y empezando por el presidente de la comisión de Constitución del Congreso, elevaron la voz de reclamo, cual si se estuviera afectando intereses privados, cuando se está corrigiendo sobre un uso adecuado de los recursos públicos. Si bien la propuesta de la ONPE está a nivel reglamentario, de seguro que se propondrá una ley para neutralizarla o se someterá a acusación constitucional al responsable de la oficina de procesos electorales.
En los debates parlamentarios, para entregar recursos públicos a los partidos políticos, hubo voces discordantes y bien argumentadas, que nos advertían del posible empoderamiento de los partidos políticos y de las nulas posibilidades de fiscalización, y con el riesgo mayor de corruptelas, cuánta razón tenían los temores de entonces.
La crisis política en la que estamos inmersos y no acabamos de zanjarla, tiene un soporte, que son los partidos políticos; una democracia, como la que aspiramos, no puede apuntalarse en partidos débiles, oportunistas, sin proyección ni visión de Estado, absorbidos por coyunturas y mezquindades de grupo; he allí el problema de nuestra endeble democracia.