POR: DRA. FANNY REAÑO BAYONA
El primer discurso a la nación de Keiko Fujimori, este 28 de julio, pretendió trazar la hoja de ruta de un quinquenio que comienza en medio de un escenario político altamente polarizado. Sin embargo, un análisis riguroso desde el derecho constitucional, la ciencia política y la gestión de la salud pública desnuda las fisuras de un mensaje construido a base de anuncios efectistas, carente de explicaciones sobre el “cómo” ejecutor y con vacíos alarmantes respecto de la realidad del país.
EL ESPEJISMO DE LA SEGURIDAD
El anuncio estelar de encargar el orden interno a las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia busca responder al clamor popular frente al avance del crimen organizado. No obstante, desde la doctrina constitucional, la militarización no es una solución de fondo; es un paliativo efectista que solapa la urgencia de reformar la Policía Nacional y el sistema penitenciario, rozando los límites de las garantías constitucionales.
Paralelamente, la promesa de “hacer frente duramente a la corrupción” se queda en el cliché político: el Ejecutivo omitió señalar qué mecanismos de transparencia, qué reformas del sistema de contrataciones del Estado o qué medidas para el fortalecimiento de las fiscalías especializadas implementará.
Prometer el “qué” sin detallar el “cómo” condena la propuesta a la mera retórica.
CONTRADICCIÓN ECONÓMICA
Si bien el mensaje mencionó el otorgamiento de incentivos para las micro y pequeñas empresas —Mypes—, esta propuesta queda neutralizada por el anuncio del incremento de la remuneración mínima vital a S/ 1,300.
Las Mypes representan más del 95 % del tejido empresarial peruano y carecen de la espalda financiera necesaria para absorber un alza salarial decretada por la coyuntura política.
¿De dónde sacará el pequeño comerciante o el emprendedor de provincias los recursos para asumir esta sobrecarga? Un incentivo tributario de corto plazo no compensa un impacto operativo permanente.
Al final, este tipo de medidas de tinte populista genera el efecto contrario: asfixia al pequeño empresario y empuja a miles de trabajadores hacia la informalidad desprotegida.
EL FENÓMENO EL NIÑO
Uno de los puntos más críticos fue el abordaje del Fenómeno El Niño —FEN—. La presidenta redujo su estrategia a la compra y el envío de maquinaria pesada para la descolmatación de los ríos, ignorando que los eventos climáticos son, antes que nada, catástrofes epidemiológicas y humanas.
Las cifras oficiales del Ministerio de Salud —Minsa— y del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades —CDC Perú— demuestran que las lluvias e inundaciones han dejado más de 630 establecimientos de salud afectados o inoperativos en el ámbito nacional.
La acumulación de agua y el impacto climático han desatado un brote implacable de dengue que supera los 35,000 casos en más de 20 regiones, golpeando con ferocidad a departamentos como Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Ica y Loreto.
Desplegar maquinaria pesada sin anunciar el fortalecimiento del primer nivel de atención ni la implementación de cercos epidemiológicos constituye una omisión irresponsable de gestión.
LA CEGUERA DEL SISTEMA DE SALUD
Más allá de la coyuntura climática, la salud pública estructural fue la gran olvidada. En un país donde la fragmentación entre el Minsa y EsSalud vulnera el derecho constitucional a la salud, el mensaje no dedicó un solo párrafo a la crisis operativa que sufren millones de peruanos.
Actualmente, el desabastecimiento de medicamentos en las farmacias públicas obliga a las familias a gastar de su propio bolsillo para completar recetas básicas.
A esto se suma el colapso de las citas médicas en el sistema público y en EsSalud, donde conseguir una consulta especializada o un turno quirúrgico puede tardar entre tres y seis meses.
Esta dilación no es un simple trámite administrativo; es una condena silenciosa en la que los pacientes empeoran o mueren mientras esperan ser atendidos.
EMBARAZO ADOLESCENTE
Un aspecto abordado en el mensaje presidencial fue la reducción del embarazo adolescente. Sin embargo, el anuncio se produjo al margen de un contexto demográfico crítico: los últimos reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática —INEI— confirman que el Perú registra una caída histórica de la natalidad, alcanzando una tasa global de fecundidad de 1.7 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo generacional de 2.1 y acelerando el envejecimiento poblacional.
El problema de fondo radica en cómo pretende abordarse esta realidad. Pretender reducir el embarazo adolescente mediante discursos efectistas o prohibicionismos es querer “tapar el sol con un dedo”.
La evidencia internacional demuestra que la única vía sostenible para convertir esta intención en una política pública de Estado es la incorporación formal e integral de la educación sexual y la información en salud reproductiva dentro del currículo escolar nacional.
Pretender que los jóvenes no iniciarán su vida sexual es darle la espalda a la realidad. El deber del Estado no es censurar, sino educar, prevenir y brindar acceso a información científica para que las y los adolescentes puedan decidir con responsabilidad y protección.
LA PRUEBA DE FUEGO
A los vacíos del discurso se suma una maniobra política de alto riesgo: la conformación del primer Gabinete Ministerial, encabezado por Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros.
La elección de un perfil de estricta línea partidaria contradice el llamado al “diálogo y la concertación” formulado en el hemiciclo.
Este nombramiento se produce en un contexto legislativo adverso: la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ha quedado bajo el control de una coalición no oficialista ni alineada con la derecha tradicional.
En este escenario de contrapesos reales, la investidura o voto de confianza deja de ser un trámite para convertirse en una prueba de fuego constitucional.
La denegación de la confianza al Gabinete Galarreta expondría la fragilidad de origen del Ejecutivo durante sus primeras semanas y activaría inmediatamente la primera “bala de plata” constitucional, arrastrando al país hacia una crisis prematura de gobernabilidad.
LA MIRADA TÉCNICA E INSTITUCIONAL
Por ello, resulta ineludible plantearnos las siguientes interrogantes.
¿Cómo pretende el Ejecutivo reactivar la economía e incentivar a las mypes si, simultáneamente, les impone sobrecostos salariales que comprometen su supervivencia formal?
¿Puede hablarse de gobernabilidad cuando se militarizan las calles, pero se ignora el calvario de millones de asegurados que no consiguen una cita médica ni un medicamento en EsSalud o el Minsa?
¿Asumirá el Gobierno el reto de institucionalizar la educación sexual integral en el currículo escolar como una política pública sostenible o seguirá abordando la salud reproductiva mediante eufemismos y metas restrictivas, sin rigor científico ni respeto por los derechos humanos?
¿Cómo obtendrá el Gabinete Galarreta el voto de confianza ante una Cámara de Diputados opositora sin haber presentado la hoja de ruta técnica ni el “cómo” de sus reformas?
¿Estamos ante el inicio de una gestión con visión de desarrollo o frente a un ejercicio de efectismo político que abandona la garantía fundamental del derecho a la vida, la salud y la estabilidad institucional?
**Dra. Fanny Reaño Bayona, abogada y obstetra, doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora en Salud Pública y magíster en Administración de Servicios de Salud.
