POR: DR. PHD. JAVIER FLORES AROCUTIPA
Alberto Fujimori tiene 85 años de edad y algunos consideran que están buscando la razón de la sinrazón para no ejecutar un indulto que la Constitución Política del Perú manda (Art 118).
Fue Pedro Pablo Kuczynski que otorgó el indulto el 24 de diciembre en el año 2017 y desde allí se han venido desarrollando una serie de subterfugios, él estuvo casi un año en libertad se lo volvió a la prisión y han transcurrido 6 años. Hoy día se está frente a la sentencia que ha dado el Tribunal Constitucional justamente otorgándole la libertad.
Revisando el Código Procesal Constitucional en el artículo 27 en la última parte sobre ejecución de sentencia en los casos de habeas corpus. La sentencia puede ser ejecutada por el juez o en caso contrario por la Sala que otorgó la sentencia en este caso el Tribunal Constitucional. El problema es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) expidió una orden dentro de su competencia donde pide, absténgase de ejecutar (29 de noviembre del 2023).
El juez Fernando Vicente Fernández Tapia, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, recibió y devolvió el expediente del hábeas corpus a favor de Alberto Fujimori que le remitió el Tribunal Constitucional tras rechazar pedidos de aclaración formulados por las partes. Según Morales Saravia, actual presidente del Tribunal Constitucional, las sentencias de este organismo prevalecen sobre las decisiones de la Corte IDH. Por lo mismo que señaló que la resolución que emitieron sobre indulto a Alberto Fujimori sí implica su liberación
El juez Fernández Tapia haciendo control difuso de convencionalidad y respetando la decisión de la Corte IDH de abstenerse a aplicar la gracia presidencial, devolvió el expediente al Tribunal Constitucional. Por lo mismo que ahora los abogados de Fujimori recurrirán a la apelación por salto.
¿QUÉ IMPLICA ELLO?
Según el Artículo 22 del Código Procesal Constitucional en recurso de apelación en los procesos constitucionales de habeas corpus, se dice c) De forma excepcional, se permitirá la apelación por salto en casos de resoluciones judiciales en proceso de ejecución de sentencia, cuando se verifique una inacción en su ejecución o cuando se decida en contra de la protección otorgada al derecho fundamental agredido y se desproteja los derechos fundamentales cuya protección ya se otorgó.
Con este recurso es que algunos piensan que se puede liberar al expresidente Fujimori, es el procedimiento de «apelación por salto» se activa cuando una persona, habiendo sido favorecida por una sentencia del Tribunal Constitucional y en la fase de ejecución de la misma, se enfrenta a una decisión adversa por parte del juez constitucional de primera instancia.
En este escenario, se procede a una apelación directa ante el Tribunal Constitucional Extraordinario, omitiendo la instancia de la Sala Constitucional. Esto implica que el Tribunal Constitucional asume un papel activo para asegurar la implementación de su decisión, aplicándose particularmente en asuntos de derechos laborales.
Por ejemplo, en casos donde un amparo laboral ha sido aprobado por el Tribunal y durante la ejecución surgen incertidumbres sobre el derecho de un trabajador a ser restituido, la apelación por salto entra en juego.
Esta figura jurídica, promulgada por el Tribunal Constitucional como precedente vinculante, se instituye tras un detallado análisis y estudio de su pertinencia, debido a que el Tribunal, como máximo exponente en la interpretación constitucional, tiene la prerrogativa de establecer derecho y, por extensión, reglas procesales jurídicas.
En conclusión, los procesos constitucionales de libertad abordan casos de violación o amenaza a un derecho constitucional. Por lo tanto, una sentencia favorable que busca revertir la situación al estado previo a dicha violación o amenaza puede, si no se ejecuta adecuadamente, dar lugar a que se interponga una apelación contra la resolución de ejecución del juez dentro del mismo proceso constitucional, para que el Tribunal Constitucional pueda emitir un fallo al respecto.