El Consejo de la Prensa Peruana rechaza el uso del término “terrorismo de imagen” con el que la presidenta Dina Boluarte y otros funcionarios públicos buscan desprestigiar el trabajo del periodismo.
Esta organización también condena que otros políticos hayan defendido esta frase irresponsable. El parlamentario Waldemar Cerrón, cuyo hermano prófugo Vladimir Cerrón es objeto de investigaciones periodísticas que han revelado graves casos de corrupción, aseguró que existe “terrorismo de prensa”, mientras que el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, afirmó que “no podemos negar que se difunden noticias falsas [que] no solo ofenden, sino que tiene [sic] un propósito: […] generar el caos y la desestabilización”.
Así, una opinión –de periodistas o cualquier ciudadano– podría ser un delito, lo que dinamitaría uno de los derechos fundamentales más importantes: la libertad de expresión. El riesgo de legislar al respecto existe. El año pasado, en el pedido de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo al Congreso, se propuso modificar el Código Penal para sancionar a los instigadores del delito de disturbio, entre los que podía incluirse la prensa que cubriera marchas ciudadanas. Y el mes pasado, el vocero de Boluarte informó que transmitir una agresión a la presidenta era un “hecho ilícito, una suerte de instigación a la violencia”.
Transmitir o cubrir lo que a un funcionario no le gusta no es terrorismo. Es parte del periodismo.
Si la presidenta Boluarte busca combatir la desinformación, aclarar sus puntos de vista ante la prensa –algo que evita hace más de tres meses– es un camino a seguir.
