POR: JULIO C. FARFÁN VALVERDE
El caso del presunto “catering fantasma” en la Sub Región de Desarrollo Ilo podría dar un nuevo giro en las investigaciones del Ministerio Público. Dos funcionarias de la propia entidad, con quienes conversó el consejero regional Ángelo Sleyther Quilco Flores durante sus indagaciones, estarían dispuestas a declarar ante la Fiscalía sobre las circunstancias en que firmaron y sellaron documentos relacionados con un servicio de alimentación cuya ejecución se encuentra cuestionada.
Según información recabada y corroborada por la Unidad de Investigación (UDI) de Diario Prensa Regional, ambas servidoras habrían manifestado que actuaron bajo presiones laborales, ante el temor de perder sus puestos de trabajo. De acuerdo con esta versión, las funcionarias habrían suscrito documentación pese a conocer que el servicio contratado no se habría ejecutado.
El consejero Quilco sostiene que ambas estarían dispuestas a explicar estos hechos ante el Ministerio Público. Por razones de protección de las fuentes, este diario mantiene en reserva sus identidades y los detalles que permitan identificarlas.
PRESUNTAS PRESIONES DE INSTANCIAS SUPERIORES
Según la información proporcionada por el consejero, ambas habrían manifestado que actuaron bajo presiones relacionadas con la posibilidad de perder sus puestos de trabajo y que las instrucciones para proceder de esa manera habrían provenido de niveles superiores de la entidad. Quilco sostiene que cuenta con elementos para acreditar esta información.
La información proporcionada por las servidoras podría resultar relevante para reconstruir cómo se elaboró y tramitó el expediente de contratación, cuyo procedimiento avanzó hasta el reconocimiento administrativo de una obligación de pago.
De ratificarse sus versiones ante la Fiscalía, corresponderá establecer quiénes habrían impartido las instrucciones, qué documentos fueron suscritos bajo presuntas presiones y cuál fue la participación de cada funcionario en las distintas etapas administrativas.
EL EXPEDIENTE QUE DABA POR EJECUTADO EL CATERING
La contratación corresponde a la Orden de Servicio N.° 001714-2026, emitida el 13 de agosto a favor de Corporación JNY S.A.C., por S/ 2 650 (dos mil seiscientos cincuenta soles), para atender con alimentos y bebidas (catering) a 50 participantes de un taller de coordinación y orientación sobre rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión, programado para el 14 de agosto.
El expediente contiene la Carta N.° 003-2026-CJNY, fechada el mismo 14 de agosto, mediante la cual el proveedor, representado por Jackelin Nicol Ticona Borda, comunicó haber culminado satisfactoriamente la prestación.
Como sustento se incorporaron una relación de 50 participantes con firmas, fotografías y una factura electrónica.
Sin embargo, el documento de mayor relevancia fue emitido por la propia Sub Región Ilo.
Mediante Informe N.° 1606-2026, del 19 de agosto, la Unidad Funcional de Gestión de Recursos Humanos otorgó conformidad al servicio y señaló expresamente que este se había ejecutado el viernes 14 de agosto.
Al día siguiente, el 20 de agosto, se registró la Conformidad de Servicios N.° 000297, correspondiente a la misma contratación.
Los registros del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) muestran, además, que el 24 de agosto se procesó un devengado por S/ 2 650, es decir, el reconocimiento administrativo de una obligación de pago.
Por tanto, el procedimiento no quedó limitado a la emisión de una orden de servicio: existieron documentos oficiales que daban por ejecutada la prestación y un registro presupuestario de devengado, aunque no se ha desembolsado pago al proveedor.
GERENTE DEL GORE NIEGA CONFORMIDADES QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE
Una nueva controversia surgió este martes 10 de noviembre, cuando el gerente general del Gobierno Regional de Moquegua, Abraham Ponce Sosa, declaró a una emisora local que el servicio nunca se prestó y que tampoco se otorgó conformidad.
Al explicar que el proveedor no subsanó observaciones y que la orden fue anulada, Ponce afirmó: “No, no, nunca se prestó el servicio, nunca se dio ninguna conformidad, por ende no se gastó ningún sol”. Posteriormente reiteró que, al no haberse realizado el servicio, la entidad no tenía cómo otorgar conformidad ni efectuar desembolso alguno.
Estas declaraciones presentan una contradicción objetiva con la documentación administrativa de la propia Sub Región Ilo examinada por Prensa Regional.
El Informe N.° 1606-2026, del 19 de agosto, establece expresamente que el servicio se ejecutó el 14 de agosto y otorga la conformidad correspondiente. Además, existe la Conformidad de Servicios N.° 000297, del 20 de agosto.
En consecuencia, mientras el gerente general asegura públicamente que nunca se otorgó conformidad, el expediente contiene dos documentos oficiales que registran precisamente lo contrario.
La afirmación de Ponce de que el catering nunca se realizó también merece esclarecimiento. Si efectivamente no hubo prestación, corresponde determinar por qué se incorporaron documentos que afirmaban su ejecución, quién verificó el supuesto cumplimiento y bajo qué circunstancias se emitieron las conformidades.
LA FISCALIZACIÓN DEL 25 DE AGOSTO
El consejero regional Ángelo Quilco realizó el 25 de agosto una fiscalización en la Sub Región Ilo, durante la cual examinó el expediente de contratación y recogió declaraciones de personas cuyos nombres figuraban en la relación de participantes.
Algunas manifestaron no haber asistido a la capacitación, según los registros obtenidos durante esas indagaciones.
Ese mismo día, mediante Informe N.° 327-2026, Tesorería formuló cinco observaciones al expediente, relacionadas con aspectos presupuestarios, documentación del proveedor, requisitos administrativos y la necesidad de ampliar el panel fotográfico para acreditar adecuadamente la prestación.
El 26 de agosto, Administración trasladó las observaciones para su subsanación.
La cronología resulta significativa: las conformidades fueron emitidas el 19 y 20 de agosto, el devengado fue procesado el 24 y las observaciones de Tesorería se formalizaron el 25, fecha de la fiscalización. La intervención del consejero influyó en la paralización del trámite.
GORE Y SUB REGIÓN ASEGURAN QUE NO HUBO PAGO
El 9 de noviembre, el Gobierno Regional de Moquegua y la Sub Región de Desarrollo Ilo emitieron comunicados de contenido sustancialmente similar, en los cuales aseguraron que no se efectuó pago alguno al proveedor y que no existe perjuicio económico acreditado.
Asimismo, señalaron que las observaciones no fueron subsanadas y que mediante Carta N.° 581-2026-UFA.OSRA/GSR-UE ILO/GRM, del 1 de octubre, se comunicó la resolución total de la orden de servicio por incumplimiento.
Esta explicación confirma la existencia de observaciones administrativas, pero no esclarece por qué la propia entidad había certificado previamente la ejecución del catering. Tampoco precisa cuál fue el incumplimiento concreto que motivó la resolución contractual ni qué medidas se adoptaron respecto de las conformidades anteriores.
La carta de resolución y su constancia de notificación no se encuentran entre los documentos examinados por este diario.
La ausencia de desembolso, aunque relevante para evaluar un eventual perjuicio patrimonial, no elimina la necesidad de investigar un presunto delito de colusión simple.
El artículo 43 del Decreto Legislativo N.° 1440 establece que el devengado requiere acreditar documentalmente la prestación y que corresponde al área usuaria verificar su efectiva ejecución antes de otorgar conformidad.
FISCALÍA INVESTIGA Y PODRÍA RECIBIR NUEVOS TESTIMONIOS
El viernes 6 de noviembre, el fiscal adjunto provincial provisional Rony Jala Quispe, acompañado por efectivos de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, realizó diligencias en instalaciones de la Sub Región Ilo para recabar documentación relacionada con la contratación cuestionada.
La eventual declaración de las dos funcionarias podría aportar nuevos elementos sobre la elaboración del expediente, las presuntas presiones laborales y las circunstancias en que fueron suscritos los documentos administrativos.
La Fiscalía deberá contrastar esas versiones con las conformidades, la documentación del proveedor, las fotografías, los registros de participantes y las operaciones presupuestarias.
También corresponderá establecer las razones de la posterior resolución contractual y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse, sin anticipar conclusiones sobre la comisión de delitos.
El caso plantea ahora dos interrogantes fundamentales: ¿por qué se certificó oficialmente la ejecución de un servicio que el propio gerente general del GORE asegura que nunca se realizó?
¿Y por qué Abraham Ponce afirmó que jamás se otorgó conformidad cuando el expediente contiene documentos administrativos que demuestran su emisión?
El presunto delito de colusión simple, previsto en el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal se configura cuando un funcionario o servidor público, interviniendo por razón de su cargo en cualquier etapa de una contratación estatal, concierta con un particular interesado para defraudar al Estado. La ley establece una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años, inhabilitación de cinco a veinte años y de 180 a 365 días-multa.
La colusión simple no requiere que se haya producido un desembolso de dinero ni un perjuicio patrimonial efectivo para su consumación.
