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Cuajone: continúan las acciones delictivas de un grupo de comuneros en Viña Blanca

Trabajadores del asiento minero Cuajone realizaron una movilización como medida de protesta porque los comuneros de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, cortaron el abastecimiento de agua a 5 mil habitantes y se paralizaron las operaciones mineras.

Las acciones delictivas y atentado contra la vida de trabajadores y sus familias en Cuajone continúan con total impunidad por parte de un grupo de pobladores de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala y todo esto frente a la inacción de las autoridades competentes.

En estas acciones radicales nuevamente cerraron ilegalmente y por la fuerza la válvula del reservorio de Viña Blanca, que abastece del recurso hídrico a las familias de este campamento de la empresa minera Southern Peru.

ES UN ATENTADO CONTRA LA SALUD Y LA VIDA

Ante esta situación, portando pancartas y en medio de arengas que decían “El agua es de todos”, “No al abuso”, “Minería peruana, con agua y vida sana”, “Queremos agua”, “Agua si, violencia no”, “Castillo escucha mineros en la lucha”, trabajadores de Cuajone junto a sus familias realizaron una movilización como medida de protesta porque los comuneros de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, cortaron el abastecimiento de agua a 5 mil habitantes y se paralizaron las operaciones mineras.

Hay que indicar que los dirigentes de los trabajadores de la Concentradora Cuajone operaciones 701 de Southern Peru, a nombre de sus compañeros y familias, dieron a conocer que a partir del 28 de febrero se está atentando contra su salud y vida, por el corte total de agua a su campamento por parte de una comunidad aledaña a sus operaciones.

Llevan más de 15 días sin agua atentando a más de 5 mil personas en medio de la pandemia. Asimismo, señalan que sus operaciones en la mina Cuajone están paralizadas y corren el riesgo de perder su trabajo, conllevando a que la región y el país tengan grandes pérdidas económicas.

GOBIERNO DEBE TOMAR ACCIÓN

Los trabajadores hicieron un llamado a la unión de todos sus compañeros de trabajo y a las familias de Cuajone para defenderse de los ataques y evitar que les roben su trabajo.

Exigen al presidente de la República, a los ministros de Energía y Minas, Interior, Salud y demás autoridades que intervengan de inmediato buscando una pronta solución al problema para evitar enfrentamientos entre trabajadores y la comunidad.

ATENTADO ES CONTINUO

Esta nueva acción delictiva, se produce luego que el pasado jueves se logró recuperar momentáneamente el flujo de agua para abastecer el hospital y las viviendas de trabajadores y sus familias, (mujeres, niños y adultos mayores).

Una vez más, haciendo uso de la fuerza y pese a los acuerdos asumidos con autoridades locales de iniciar el diálogo, el grupo de comuneros continúan adoptando medidas extremas e ilegales que atentan contra la salud y bienestar de más de 5,000 personas asentadas en Cuajone.

En comunicado Southern Perú reiteró que tiene como política fortalecer el núcleo familiar de sus trabajadores, de allí las facilidades que brinda en sus campamentos, para que el personal cuente con la compañía de sus familias, las mismas que hace varias semanas ven amenazada su vida y su integridad por la actitud intransigente de algunos dirigentes y pobladores.

OPERACIONES EN MINA CUAJONE PARALIZADAS

Del mismo modo, la negativa de los comuneros a restablecer el flujo de agua para Cuajone y liberar la vía férrea, impiden retomar la operatividad de la mina, la cual aporta 7% de la producción nacional de cobre, representando US$ 4.8 millones de dólares diarios en exportaciones pérdidas, así como S/ 2.3 millones de soles de canon y regalías mineras para la región Moquegua y S/ 6.2 millones de soles en impuesto a la renta para el Estado Peruano.

Southern Perú hizo un llamado urgente a las autoridades de gobierno y a la Policía Nacional del Perú, para que cautelen por el derecho humano al agua de 5,000 personas y hagan respetar la legalidad y el estado de derecho.

La empresa reiteró que cuenta con todos los derechos superficiales vigentes sobre los terrenos que ocupa en la zona, lo cual está acreditado mediante diversas constancias administrativas otorgadas por el Estado Peruano y resoluciones judiciales resueltas a lo largo de varias décadas.

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