La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su condena y rechazo a los hechos de violencia que se registran en Moquegua, donde grupos de personas vienen ejecutando de manera ilegal e injustificada acciones de fuerza obligando a paralizar las operaciones de la mina Cuajone de la empresa Southern Perú y afectando el derecho al agua de las aproximadamente 5,000 personas que viven en el campamento minero.
El gremio minero energético informó que el reclamo de la comunidad se inició a raíz del reemplazo por parte de la empresa de la tubería que abastece de agua a la mina de Cuajone desde 1976.
El pasado 10 de febrero – explicó- pobladores de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala bloquearon la vía férrea de Southern Perú a la altura del túnel R2, impidiendo hasta ahora el traslado de la producción de cobre de la mina Cuajone hacia el puerto de Ilo y el abastecimiento de materiales mediante el ferrocarril industrial que opera la empresa en esta zona.
Posteriormente, añadió, la madrugada del lunes 28 de febrero, un grupo de comuneros tomó por asalto las instalaciones del reservorio de Viña Blanca y bloquearon el abastecimiento de agua a la operación minera y al campamento Cuajone donde viven 5,000 personas, entre trabajadores y sus familias.
El gremio empresarial advirtió que se está frente al reclamo arbitrario, ilegal y sin fundamento de un grupo de esta comunidad que para levantar las medidas de fuerza exigen a la empresa minera US$ 5,000 millones y un pago permanente del 5% de sus utilidades.
“La vida y salud de 5,000 peruanos está en grave riesgo por la violenta acción de estos grupos que han vuelto a cortar el abastecimiento de agua potable de la mina Cuajone, ya que las viviendas y hasta el hospital que se encuentra en el campamento minero viene sufriendo la falta de agua. No hay ningún reclamo que justifique esta violencia”, refirió Raúl Jacob, presidente de la SNMPE.
Indicó que ante estos hechos la unidad minera Cuajone se ha visto obligada a paralizar sus actividades productivas desde hace 15 días. “En estos días de paralización se han dejado de producir más de 7,000 toneladas de cobre ocasionando un grave perjuicio no solo a la empresa sino a la economía nacional y regional, pues se dejan percibir ingresos por canon y regalías por cerca de S/ 2.5 millones y más de S/ 6 millones en impuesto a la renta, por día de paralización.
Todo esto ocurre en momentos en que el Perú y la región Moquegua deberían aprovechar estos recursos para reactivar su economía y beneficiarse por los buenos precios de los metales”, comentó.
La SNMPE exhortó al Gobierno a tomar las medidas que le otorga la Constitución y las leyes para recuperar el orden público y la paz social; proteger los derechos fundamentales de las personas y la actividad empresarial; y garantizar, que cualquier controversia se resuelva mediante el diálogo y respetando el marco legal vigente.
Finalmente, advirtió que el conflicto alrededor de la mina Cuajone se une al de la minera Las Bambas, que lleva casi un mes de bloqueo en lo que va del 2022. Esta recurrente conflictividad, que está afectando al sector minero energético en el último año, está impactando negativamente la producción nacional y el clima de inversión necesario para el desarrollo de los US$ 53,000 millones de proyectos mineros en cartera.
