Por: Ing. Elmer Pinto Cáceres
Consejero Regional por la provincia de Islay.
Hasta ayer, persiste cada vez con mayor intensidad la coloración anómala de las aguas del rio Tambo. En esta época del año, las aguas del río deberían ser incoloras o transparentes, aún con sus concentraciones altas de boro y arsénico. El drenaje ácido, que se vierte en cabecera de cuenca del río Tambo, sobre los ríos tributarios Margaritani y Apostoloni, proveniente de la operación minera Florencia Tucari de la empresa Minera Aruntani SAC, ha incrementado los niveles de óxidos, sulfuros, otro metales pesados y compuestos químicos empleados en el proceso minero – metalúrgico de concentración, por encima de los niveles máximos permisibles, aún para agua categoría III, apta solo para riego y consumo de animales.
Esta es el agua que viene disminuyendo la producción agropecuaria de 13,000 hectáreas del valle de Tambo y afectando la salud de 60,000 pobladores de la provincia de Islay desde hace más de 10 años.
No hay autoridad del gobierno central, Ministerio de Energía y Minas, Ambiente, Salud ni de Agricultura, Autoridad Nacional del Agua, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Aquí no hay Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Contraloría de la República, que haga valer los derechos de los ciudadanos de toda una provincia, así como también de los pobladores de las tres regiones que son afectadas por la irresponsable actividad de la referida «empresa formal» de «gran minería».
Actualmente, se tiene 7,000 pasivos ambientales a nivel nacional y no hay ninguna reacción de las instituciones del Estado Central que revierta este enorme daño a la naturaleza, que perjudica las actividades de la actual generación, pero sobre todo que representa un gran problema para las futuras generaciones.
Solo un cambio de la Ley de Minería podría frenar este abuso que muchos no queremos reconocer y que es el compromiso de los gobernadores regionales ante la indiferencia de las instituciones del Estado Central.
Post data: No soy terruco ni comunista.