La plaza Cívica de Alto Inclán comenzó a ejecutarse sobre un terreno cuya reversión registral todavía estaba pendiente. Cuando los trabajos ya se encontraban en marcha, el predio continuaba inscrito a nombre de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, situación que fue advertida por la Contraloría.
El hallazgo figura en el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 017-2026-2-0359-AOP, del 24 de setiembre de 2026. El órgano de control observó que la Municipalidad Provincial de Islay emitió el documento de libre disponibilidad, entregó el terreno y permitió el inicio de la obra antes de que concluyera el procedimiento para revertir su dominio.
El trámite había comenzado el 6 de febrero. Sin embargo, el 15 de abril el predio fue entregado para ejecutar el proyecto y, un día después, se dio inicio a los trabajos con un plazo de 180 días calendario. Más de cinco meses después, una consulta registral realizada el 23 de setiembre mostraba que la reversión aún no había culminado.
REVERSIÓN DEL PREDIO SEGUÍA PENDIENTE
El predio, de aproximadamente 9 843 metros cuadrados, figura en la partida registral N.° 12008547. Su permanencia a nombre de la Gerencia Regional de Salud tiene un antecedente: años atrás, la Municipalidad Provincial de Islay lo había transferido mediante donación para la construcción de un Hospital II-E.
La transferencia contemplaba que el terreno retornara si no se cumplía la finalidad para la cual había sido entregado. Al no concretarse el proyecto hospitalario, se inició posteriormente el procedimiento de reversión.
La situación legal del predio volvió a ser materia de consulta cuando la obra ya estaba en ejecución. El 13 de mayo, el residente solicitó una constancia de posesión para realizar trámites ante SEAL y Sedapar. Ese mismo día se pidió información sobre la condición jurídica del terreno, mientras que en junio se comunicó que este seguía inscrito a favor del sector Salud y que la reversión continuaba en trámite.
Para la Contraloría, haber emitido la libre disponibilidad y permitido el inicio de los trabajos sin concluir previamente ese procedimiento afecta la legalidad de los actos administrativos y el correcto desarrollo de la obra. El informe señala, además, que la situación pone en riesgo la inversión pública realizada.
