POR: MAGGY VERA ANDAGUA
Petróleos del Perú, es una empresa estatal de derecho privado, fundada desde la época de Velasco, dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo, y según lo indican en su portal web se preocupan de mantener una política de mejora continua y protección ambiental como parte de la estrategia de desarrollo sostenible, teniendo como misión “ser una empresa de energía de capital mixto, reconocida por su transparencia, eficiencia y responsabilidad socio-ambiental”; sin embargo, no han podido evitar conflictos socio ambientales con las comunidades de algunas zonas de influencia donde desarrollan sus actividades.
En el mapa de conflictividad del informe Willaqniki del año 2019, elaborado por la Secretaría de Gestión Social y Diálogo del Viceministerio de Gobernanza Territorial – PCM ha marcado 194 controversias, de las cuales veintitrés (23) corresponden al sector de hidrocarburos. Por otra parte, según el último reporte de Conflictos Sociales de Defensoría del Pueblo, de septiembre de 2021 nuestro país cuenta on 198 conflictos, encontrándose 142 activos, de los cuales 3 están situados en Moquegua siendo uno de ellos ubicado específicamente en Ilo.
Este conflicto se inicia en julio del año 2016, debido al pedido de ampliación de plazo para el retiro de Petroperú, ya que por el crecimiento de la ciudad sus instalaciones han quedado dentro de una zona urbana afectando el desarrollo de las actividades de la empresa y poniendo en riesgo la seguridad de la población de la zona de influencia. Como los actores primaros se establecen a: Petroperú, Municipalidad Provincial de Ilo, Frente de Defensa de Ilo, Frente de Defensa de los Intereses de Ilo, Consorcio Terminales, Asociación de Transporte de Carga, Junta Vecinal de Villa del Mar, Tupac Amaru y Ghersi, Unidad de Gestión de Educación Local Ilo (UGEL Ilo); al respecto podemos decir que en Ilo deberían actuar mayor cantidad de representantes de la sociedad civil, pudiendo así plantear más variedad de intereses.
Según el Reporte de Conflictos Sociales N° 211, de la Defensoría del Pueblo, señala que el 1 de setiembre se ha desarrollado la mesa de diálogo con la empresa Petroperú, en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Ilo, la cual conto con la presencia del alcalde regidores, representantes de la sociedad civil, funcionarios ediles y de la empresa Petroperú, con la finalidad de analizar el avance de los acuerdos asumidos por la empresa Petroperú.
Sin embargo, las últimas declaraciones del representante de Petroperú, que argumenta una suspensión de la mesa de dialogo, debido a la inasistencia de los representantes de la sociedad civil, es de preocupar sobre todo cuando esta ha sido, según algunos representantes por la falta de invitación para la asistencia oportuna de los actores; y sumado a ello, genera desconfianza la poca transparencia y liderazgo de la autoridad provincial Gerardo Carpio.
En ese contexto, la Coordinadora de la Sociedad Civil de la Provincia de Ilo, manifiesta su rechazo a la suspensión del dialogo; exigiendo, además, el cambio de los representantes y/o mayor número de participación de los representantes de la sociedad civil. Debemos entender que esta mesa desde sus inicios llego a determinados acuerdos, los cuales deben estar en constante monitoreo tanto de los funcionarios ediles como de todos los intervinientes y sobre todo de los representantes de nuestra comunidad.