POR: MIGUEL ARTURO SEMINARIO OJEDA (DIRECTOR DEL MUSEO ELECTORAL Y DE LA DEMOCRACIA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES)
Una afirmación muy clara y aceptable, enfatiza que la mayoría de los peruanos, tenemos de inga o de mandinga, y muchas veces de los dos. Son pocas las excepciones a esta regla, en medio de un mundo donde ser afrodescendiente, se valora mucho, aceptándose que en el Perú tenemos 5 madres patrias, considerándose a la de procedencia africana, que hasta ahora está con nosotros.
Con la conquista española se introdujeron nuevos pensamientos y nuevas maneras de actuar en el Perú, que generaron una desestructuración de la sociedad andina, se asomaron otros conjuntos poblacionales, entre ellos los negros, que eran la población esclava. Y así transcurrió la colonia, hasta que el general San Martín, tras proclamar la independencia nacional, decretó que nadie nacía esclavo en el Perú.
Fue Ramón Castilla quien, en plena campaña contra el gobierno de Echenique, firmó el “Decreto de Huancayo” el 3 de diciembre de 1854, proclamándose la libertad de los negros, de quienes Castilla resulta el redentor.
Indudablemente que esta medida ha sido cuestionada en su tiempo, y sigue generando polémicas, por los desencuentros económicos que esto significo para las rentas estatales, ya que hubo que pagarles a los dueños de los negros, lo que se estimó que valía cada uno de los libertos.
El historiador francés Jean Pierra Tardieu, publicó el 2004, “El decreto de Huancayo”, un valioso estudio sobre la esclavitud en el Perú, y el proceso gradual de libertad a los negros, desde el 28 de julio de 1821, yendo más allá del decreto de Castilla, al presentar detalles, de cómo se llevó a la práctica, esta medida de quien sería considerado como el redentor de los negros.
En Moquegua existió un conjunto de haciendas en los que la población negra tuvo presencia fundamental, era una mano de obra estratégica en el trabajo agrícola, y en la mano de obra en general, sucediéndose su descendencia, muchas veces, por varias generaciones en una sola familia.
Las haciendas vitivinícolas de Moquegua requerían de esta mano de obra, sustentada en la legalidad y mentalidad de la época. En el Archivo Regional correspondiente queda documentación de compra y venta de esclavos, asimismo se les menciona en los testamentos de sus propietarios, donde algunos manifestaban sus deseos de concederles libertad, después que hubiesen finado.
Así se llegó a 1854, y el decreto del 3 de diciembre de 1854, pronto fue conocido en Moquegua, y, como en otros lugares generó la reacción de los propietarios de tierras, que hasta llegaron a justificar sus posiciones contrarias a la medida tomada, argumentado, que los negros no habían sido consultados para saber si deseaban ser libres, o continuar con sus amos.
Así estaba la situación, cuando el 16 de marzo de 1855, el general Ramón Castilla dispuso las medidas a tomarse, para la entrega de las cartas de libertad a la población favorecida, debiendo formarse las comisiones encabezadas por el subprefecto o los gobernadores en las capitales de provincia o de distrito, según correspondiese. Se designó para Moquegua a Nicolás J. Chocano, y a Tomás Ordoñez.
Previamente se instaló en Moquegua, una Junta Registradora, compuesta por el subprefecto, el párroco, y un vecino notable, elegido por estos. Los miembros de la Junta, registraron los nombres, edad, estado, oficio, procedencia, y estado de salud de los negros de la región, quedando la información en el libro de inscripciones. Chocano y Ordoñez cumplieron con la misión encomendada, desde el 30 de abril, hasta el 4 de mayo de 1855.
Chocano debe haberse contado entre los mayores propietarios de esclavos en Moquegua, ya que quienes los representaban, eran elegidos entre los propietarios de negros esclavos en cada jurisdicción. Tenían entre sus funciones, evitar que se falseara información sobre el número real de esclavos de cada propietario, o que hicieran pasar como vivos, a los que recién habían muerto.
