POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Una entrevista concedida por nuestro mandatario Pedro Castillo a un medio de comunicación internacional, y los exabruptos en su contenido, despertaron de su letargo los llamados Convenios de Ilo y su Protocolo Complementario y Ampliatorio suscritos entre nuestro país y Bolivia, que permitió colocarlos en la mesa coyuntural de discusión, teniendo un desenlace crítico, pues está pendiente en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales una denuncia por traición a la patria.
La polarización política que estamos compartiendo pasó por alto la reciente decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de acordar la no aprobación y archivamiento de los proyectos de Resolución Legislativa del “Protocolo Complementario y Ampliatorio a los Convenios de Ilo” firmado el 19 de Octubre del 2010 y “El Acuerdo de Intercambio de Notas” que precisa y aclara determinadas disposiciones del mismo Protocolo, del 1 de Octubre del 2012, tratándose de dos documentos que se complementan e impulsados por el Poder Ejecutivo, que sucesivamente fueron presentado para su aprobación en los períodos parlamentarios del 2011, 2016 y 2021.
Estos dos instrumentos internacionales buscaban implementar y ampliar los llamados Convenios de Ilo, suscritos el 24 de enero de 1992, aprobados por el Congreso a través de la Resolución Legislativa 26184 y que son tres: el Convenio Marco, el Convenio sobre la Zona Franca Turística denominada “BOLIVIAMAR”, por 99 años y el Convenio sobre la Zona Franca Industrial de Ilo, por 50 años.
El Protocolo Complementario y Ampliatorio buscaba adecuar dichos Convenios de Ilo a las normas nacionales actuales, en perspectiva de materializar su aplicación, para ello la Zona Franca Industrial se transforma en una Zona Franca Industrial y Económica Especial que mantiene su extensión de 163.5 hectáreas; la Zona Franca Turística de Playa en Ilo pasa a ser la Zona Franca Turística denominada “MARBOLIVIA”, con una ampliación hasta de 358.8 hectáreas. La concesión de ambas zonas francas era por un plazo de 99 años, en los términos que fue definido despertó todo tipo de suspicacias y era evidente las afectaciones a nuestra propia soberanía-por ello no es extraña la actitud de la Asamblea Legislativa boliviana que acudió a su inmediata aprobación siendo lo contrario en su contraparte peruana-, la reacción de la comunidad sureña y sus autoridades obligaron al ejecutivo a su revisión, impulsando un proceso de mejora y perfeccionamiento de sus disposiciones, teniéndose como resultado el Acuerdo por Intercambio de Notas, que viene a constituir una modificación parcial al Protocolo.
Dicho Acuerdo por Intercambio de Notas disponía que: el ejercicio del derecho de navegación en aguas peruanas por buques de la Armada boliviana se realizaría de conformidad con el Derecho internacional y la legislación peruana; el ingreso de buques de la Armada boliviana a puertos del Perú́ estará́ sujeto a la autorización expresa de las autoridades peruanas competentes; las actividades de instrucción, investigación y cooperación de buques o barcos de la Armada boliviana en aguas jurisdiccionales peruanas se realizarán de conformidad con las normas del Derecho Internacional y la legislación peruana aplicable, sujetas a la autorización expresa de las autoridades peruanas; no existirá́ una instalación militar boliviana en Ilo, estableciéndose una sede de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” en Ilo, que fueron la respuesta-enmienda a los temas más criticados. Asimismo, se disponía en reciprocidad a las concesiones peruanas, que las facilidades concedidas al Perú́ en Puerto Suárez conforme a los Convenios de Ilo de 1992, se extenderán a 99 años, consistiendo en los mismos beneficios que los otorgados por el Perú́ en Ilo conforme al Protocolo.
Es manifiesto el interés del Estado peruano, pues fue asumido por tres Gobiernos diferentes, para mejorar las relaciones bilaterales entre nuestros países, comprometer a un socio estratégico que permitiría mejorar la integración y los vínculos económico comerciales; también, fortalecer el desarrollo del macrorregión sur de nuestro país y particularmente dinamizar la actividad portuaria de Ilo.
No obstante las correcciones dispuestas sobre el Protocolo, la comisión congresal dictamina que dichos instrumentos no son convenientes para nuestro país, pese a que hubieron opiniones de anteriores comisiones que los aprobaron, sostenido en observaciones técnicas de algunos sectores soslayando que los proyectos de Resolución Legislativa, fueron presentados por el propio Poder Ejecutivo, quien coordina y articula con cada uno de sus sectores para armonizar una propuesta; insistiéndose en las observaciones planteadas al Protocolo, las mismas que fueron corregidas con el Acuerdo de Intercambio de Notas, y ambos documentos fueron evaluados de manera conjunta e integral por el Congreso, por ello no se entiende que se diga expresamente en el dictamen “aspectos regulados en el Protocolo y en el Acuerdo por Intercambio de Notas que resultas problemáticos”: que Bolivia podrá instalar en Ilo un Anexo de la Escuela Naval del Estado Plurinacional de Bolivia o los buques de bandera boliviana tendrán libertad para realizar actividades comerciales, cuando quedo claramente establecido que se instalará una sede de la Escuela de Marina Mercante peruana y que como cualquier Estado las embarcaciones pueden surcar nuestros mares sometidos a nuestra legislación. No esta demás señalar un argumento reiterado, cual es la oposición de la Autoridad de la Zonas Especial de Desarrollo de Ilo, alegándose de la existencia de una controversia de propiedad sobre los terrenos que se entregarían a Bolivia, pues aparecen registrados a favor de ellos y no siendo de libre disponibilidad como se sugiere.
Desde el Convenio Marco, que se encuentra vigente, es poco lo avanzado, Bolivia sigue teniendo como espacios principales para el intercambio comercial los puertos chilenos, tocando nuestras puertas cuando despiertan sus afanes nacionalistas; la demanda ante la Corte de la Haya que interpuso Bolivia contra Chile, generó expectativa, pero también paralizó todo ánimo integrador con nuestro país. Una burda expresión del estado situacional de nuestros acuerdos es la estructura metálica que simboliza el hermanamiento entre ambos países, deteriorada, oxidada y violentada por los chatarreros.
Inmersos en un mundo globalizado, arbitrario y prepotente, pero real y exigente, dispone las necesarias articulaciones económicas entre Estados, motivando esfuerzos por una mayor integración; con Bolivia siempre hemos mantenido buenas relaciones diplomáticas, una permanente política de solidaridad para minimizar los efectos de su mediterraneidad, especialmente económica. La decisión Congresal, no se propone como una posición de Estado sino como respuesta de la mezquindad política, primando criterios ideológicos subalternos.
Hace unas semanas acudimos a asumir la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones, y el uniforme mensaje de los presidentes visitantes fue de unidad e integración, incluso convocándose a otras naciones; las actuales circunstancias políticas, económicas y sociales exigen construir un macroespacio americano, donde son más las identidades que las diferencias, que perfectamente ayudan a las definiciones. Una vez más los contrastes políticos, nublan las rutas de la integración y desarrollo, relegan nuestras grandes oportunidades.
