En una rueda de prensa realizada días después del frustrado desalojo en la urbanización San Antonio de Mollendo, el abogado Arturo Dueñas Segura advirtió que el lanzamiento y delimitación de la propiedad en disputa se ejecutará de manera inopinada. Pese a las acciones de fuerza registradas el pasado 17 de abril, la defensa legal de las hermanas Canqui aseguró que el mandato judicial es definitivo tras un proceso que ya suma 14 años en los tribunales.
DENUNCIA PENAL POR DISTURBIOS
Debido a los hechos durante la última diligencia, la Asociación Civil Colectivo Mollendinos Unidos, representada por Dueñas, formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía Corporativa de Islay. El recurso se dirige contra María Rosario Canqui de Torres, Carlos Ernesto Torres Alarcón y Emperatriz Marta Canqui Pomalequi.
A los denunciados se les atribuye el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios. Según el documento, el grupo opositor habría utilizado balones de gas, quema de llantas y combustible para impedir el paso de la Policía Nacional y del juez civil, Dr. Carlos Cari Choque, poniendo en riesgo un grifo cercano y la integridad de los vecinos.
ORIGEN DEL CONFLICTO FAMILIAR
El abogado civil, José Lazo, precisó que el litigio corresponde al expediente 206-2002, referido a la herencia dejada por Ricardo Canqui. «Se trata de un proceso de división y partición que ya tiene sentencia firme. La propiedad ya está dividida en porcentajes y solo falta que el juez coloque los hitos físicos», explicó Lazo.
Por su parte, María Jesús Canqui de Cano y Luzmila Yolanda Canqui, herederas y adultas mayores, expresaron su malestar por la demora. «Solo queremos lo que nos corresponde por ley. Nos han amenazado con palos y piedras, siendo hermanas», declararon, enfatizando que el terreno es un derecho reconocido judicialmente.
MEDIDAS FUTURAS
La defensa legal reiteró que, para el próximo intento de lanzamiento, se solicitará un contingente policial reforzado. Dueñas advirtió que los responsables de los disturbios podrían enfrentar penas de entre 6 y 8 años de cárcel, además de las reparaciones civiles por los daños causados al Estado y a las demandantes.
