POR JULIO C. FARFÁN VALVERDE
La investigación del presunto “catering fantasma” en la Sub-Región de Desarrollo Ilo podría alcanzar a funcionarios de mayor jerarquía del Gobierno Regional de Moquegua. Nuevas evidencias reunidas y corroboradas por la Unidad de Investigación (UDI) del Diario Prensa Regional apuntan a presuntas instrucciones y coordinaciones para impulsar la contratación y tramitación de pago de un servicio de alimentación cuya ejecución material se encuentra cuestionada.
El caso adquiere especial relevancia después de la segunda conferencia de prensa ofrecida el miércoles 11 de noviembre por el gerente general del Gobierno Regional de Moquegua, Abraham Ponce Sosa, en las instalaciones de la Sub-Región Ilo, acompañado por su gerente, Guido Enrique Guzmán Palacios.
Durante su intervención, Ponce abordó las posibles responsabilidades de funcionarios de Recursos Humanos, Contabilidad y otras dependencias administrativas. Sin embargo, sus explicaciones dejan pendiente esclarecer la intervención de los niveles directivos que participaron en las decisiones relacionadas con la contratación.
¿RESPONSABILIDADES SOLO PARA LOS SUBORDINADOS?
La investigación no puede limitarse a identificar a quienes elaboraron, firmaron o tramitaron documentos. También debe determinar quiénes dispusieron, coordinaron, autorizaron o supervisaron el procedimiento y si existieron instrucciones provenientes de funcionarios superiores.
La UDI cuenta con documentación, audios, videos y conversaciones de WhatsApp que, según las verificaciones realizadas por este diario, aportan información sobre presuntas intervenciones del gerente subregional, Guido Enrique Guzmán Palacios, y del administrador, César Basilio Rosas Huertas. Estos elementos requieren determinar si se impartieron instrucciones para dar celeridad al trámite y reconocer administrativamente una prestación presuntamente inexistente.
Por razones de protección de fuentes y de la investigación fiscal en curso, Prensa Regional mantiene bajo reserva el contenido de determinadas comunicaciones y declaraciones corroboradas durante sus indagaciones. La eventual responsabilidad de funcionarios directivos deberá establecerse mediante pruebas de su intervención concreta, sin presumir culpabilidad por el cargo que desempeñan.
UN EXPEDIENTE QUE LLEGÓ HASTA EL DEVENGADO
La Orden de Servicio N.° 1714-2026, por S/ 2 650 (dos mil seiscientos cincuenta soles), fue emitida a favor de Corporación JNY S.A.C. para proporcionar alimentación a 50 participantes de un taller programado para el 14 de agosto.
El requerimiento se originó en la Unidad Funcional de Gestión de Recursos Humanos, cuya responsable encargada otorgó conformidad mediante Informe N.° 1606-2026, del 19 de agosto.
El expediente contiene, además, la Conformidad de Servicios N.° 000297, del 20 de agosto, una carta del proveedor declarando culminada la prestación, factura, fotografías y una relación de participantes con firmas.
El 24 de agosto se procesó en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) un devengado por S/ 2 650, posteriormente revertido.
Por tanto, no se trató únicamente de una orden de servicio pendiente: existieron documentos oficiales que certificaban su ejecución y un reconocimiento administrativo de la obligación de pago, aunque no se acredita desembolso al proveedor.
EL ACTA DE FISCALIZACIÓN DEL 25 DE AGOSTO
Un antecedente relevante es el Acta de Visita Inopinada suscrita el 25 de agosto por el consejero regional Ángelo Sleyther Quilco Flores, la abogada Yolanda L. Sánchez Benito y la responsable de Tesorería, María del Carmen Cutipa Callalla.
El documento registra que, durante la diligencia en Tesorería, se solicitó información sobre las órdenes de servicio N.° 2867 y 3849, sin obtener su entrega inmediata. Se indicó que debía requerirse mediante oficio.
Ese mismo 25 de agosto, Tesorería alertada por la visita de fiscalización del consejero regional recién emitió el Informe N.° 327-2026 con cinco observaciones al expediente del catering, entre ellas la insuficiencia de documentación fotográfica para acreditar la prestación.
La secuencia exige esclarecer cuándo se detectaron las deficiencias, qué actuaciones motivaron las observaciones y si la fiscalización influyó en la continuidad del trámite.
PONCE Y LAS CONFORMIDADES QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE
En su primera entrevista con Radio Americana, el 10 de noviembre, Abraham Ponce afirmó que el servicio nunca se prestó y que tampoco se otorgó conformidad. Sin embargo, el expediente contiene dos documentos oficiales que contradicen su afirmación sobre la inexistencia de conformidades.
En la conferencia del 11 de noviembre, Ponce volvió a referirse al procedimiento y a las eventuales responsabilidades de los funcionarios administrativos. La cuestión pendiente no es únicamente quién firmó, sino quién promovió y permitió que el expediente avanzara hasta el devengado, así como qué conocimiento tuvieron las autoridades responsables de supervisar el procedimiento.
PRENSA REGIONAL SOLICITA DESCARGOS A GUZMÁN
Este jueves 12 de noviembre, la Dirección General de Diario Prensa Regional presentó formalmente una carta al gerente de la Sub Región Ilo, Guido Enrique Guzmán Palacios, solicitando una entrevista urgente para conocer sus explicaciones y descargos.
La comunicación, recibida por la entidad, plantea interrogantes sobre su participación y la del administrador César Basilio Rosas Huertas en la contratación, así como sobre posibles instrucciones provenientes de “intermediarios” de funcionarios de mayor jerarquía.
Prensa Regional no fue convocado a la conferencia del 11 de noviembre, pese a haber investigado y publicado los antecedentes del caso. Por ello, considera necesario contar con una oportunidad directa para confrontar las explicaciones institucionales con los elementos documentales reunidos. La solicitud busca garantizar que el gerente conozca los cuestionamientos y pueda responder antes de que se divulgue el contenido íntegro de las nuevas evidencias.
LA FISCALÍA DEBERÁ DETERMINAR RESPONSABILIDADES
El Ministerio Público y efectivos de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) realizaron diligencias en la Sub Región Ilo el 6 de noviembre. Aunque el Gobierno Regional asegura que no hubo pago y que la orden fue resuelta el 1 de octubre por incumplimiento del proveedor, subsiste la necesidad de esclarecer por qué se otorgaron conformidades y se procesó un devengado. La investigación deberá determinar si el servicio existió y qué participación tuvieron quienes intervinieron en cada etapa, desde el área usuaria hasta los niveles directivos.
La pregunta de fondo es si las responsabilidades se limitan a quienes firmaron los documentos o si también alcanzan a quienes presuntamente impartieron las instrucciones para tramitar una contratación cuya ejecución está bajo investigación fiscal.
Prensa Regional mantiene abiertas sus indagaciones y espera conocer los descargos del gerente subregional, mientras los nuevos elementos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes.
