El Gobierno aprobó un nuevo régimen de disciplina escolar que establece la calificación numérica de conducta, suspensiones temporales y la posibilidad de expulsar a estudiantes por faltas muy graves o reiteradas, bajo procedimientos que deben respetar sus derechos y garantizar la continuidad educativa.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 021-2026-MINEDU, publicado el sábado 7 de noviembre en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. La disposición alcanza a instituciones educativas públicas y privadas de educación básica de todo el país.
NOTA DE CONDUCTA DE 0 A 20
Uno de los cambios más importantes es el establecimiento de una calificación de conducta en escala vigesimal, de cero a veinte puntos.
De acuerdo con los lineamientos, una nota inferior a once será considerada desaprobatoria y deberá acompañarse de una descripción cualitativa del comportamiento del estudiante.
La evaluación tomará en cuenta las faltas cometidas durante cada periodo escolar.
SUSPENSIONES Y EXPULSIONES
La norma clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Las suspensiones podrán alcanzar un máximo de tres días hábiles cuando se acumulen tres faltas leves durante un bimestre o se cometan faltas graves o muy graves.
También se contempla la matrícula condicional ante conductas reiteradas, acumulación de dos suspensiones o un promedio anual desaprobatorio de conducta, entre otros supuestos.
La separación definitiva de la institución educativa podrá aplicarse cuando el estudiante acumule tres suspensiones durante el año, cometa una falta muy grave que lo amerite o persista sistemáticamente en conductas que impidan razonablemente su permanencia.
CELULARES, AGRESIONES Y ACOSO ESCOLAR
Entre las faltas graves figuran el uso indebido de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, las tardanzas injustificadas reiteradas, determinadas agresiones físicas o psicológicas y la posesión de sustancias prohibidas.
Las faltas muy graves comprenden, entre otras conductas, el acoso escolar, la violencia sexual, la extorsión, la comercialización de drogas, la tenencia de armas y la falsificación de documentos oficiales.
El decreto también incorpora disposiciones sobre uniforme, presentación personal, maquillaje y accesorios, diferenciando las reglas aplicables a colegios públicos y privados.
GARANTÍAS Y DERECHO A LA EDUCACIÓN
Las medidas deberán aplicarse considerando la edad del estudiante, las circunstancias de los hechos y los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
La norma prohíbe expresamente los castigos físicos, humillantes y discriminatorios, así como impedir el ingreso al colegio por tardanzas o incumplimientos de presentación personal.
Ante una expulsión, la familia podrá solicitar reconsideración dentro de los tres días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. La institución tendrá cinco días hábiles para resolverla.
La expulsión no elimina el derecho del estudiante a continuar sus estudios. Cuando corresponda, la UGEL deberá intervenir para garantizar una alternativa educativa.
ADECUACIÓN DE LOS COLEGIOS
Las instituciones educativas tendrán un plazo de quince días calendario desde la entrada en vigor del decreto para incorporar los lineamientos a sus documentos de gestión durante 2026.
Para el año escolar 2027, deberán adecuar sus reglamentos internos dentro de un plazo máximo de sesenta días calendario.
La implementación del nuevo régimen requerirá que directores, docentes y familias conozcan las faltas, medidas disciplinarias y garantías establecidas por el Ministerio de Educación.
